La fórmula de consenso para intentar superar la crisis de la UBA sigue chocando con el mismo obstáculo desde hace una semana: algunos decanos y consejeros pretenden que el actual vicerrector, Aníbal Franco, ponga a disposición su renuncia. Otros creen que ése sería un costo institucionalmente demasiado alto e innecesario. La clave radica en que la vacancia del vicerrectorado les permitiría a los dos bloques que disputan el gobierno académico poner uno al rector y el otro, al vice. Mientras que, de haber sólo un cargo en cuestión, el acuerdo se complica. En paralelo, sí avanzan las negociaciones para integrar una gestión compartida y para garantizar la realización de la asamblea pese a la oposición estudiantil.

Después de cinco asambleas universitarias frustradas por protestas de la FUBA, en el último mes avanzaron los diálogos entre el bloque de radicales, peronistas y aliados y el grupo de centroizquierda, peronistas e independientes. La idea de encontrar “una salida más institucional que política” encarnó en la propuesta de una fórmula formada por dos decanos de filiación justicialista: Rubén Hallú, de Veterinarias, sería el candidato a rector, y Jaime Sorín, de Arquitectura, el candidato a vicerrector. El primero sería apoyado por consejeros de las facultades de Derecho, Económicas, Veterinarias, Odontología, Psicología, Ingeniería y Farmacia, mientras el segundo lo sería por Medicina, Agronomía, Sociales, Filosofía y Letras, Exactas y Arquitectura.

En ese marco, los dos decanos que hasta hace poco se postulaban por uno y otro espacio, Alberto Boveris y Alfredo Buzzi, admitieron a este diario que “en pos de la gobernabilidad de la UBA” y ante “una etapa superadora” sus candidaturas no serían trabas para arribar al consenso. Tampoco aparecen impedimentos para acordar un gabinete de gestión. “Ya tenemos un preacuerdo para ocupar las secretarías del rectorado, incluso con los nombres casi definidos”, dijo un decano. “Por deficiencias nuestras o por habilidad de nuestros opositores, no hemos sido capaces de organizar la asamblea y asumir el gobierno –opinó un consejero de Económicas–. Ahora hace falta generar un consenso importante para conducir la universidad. Se está avanzando. Esperamos que esta semana sea la definitiva.”

El problema que demora el cierre del acuerdo es, como se dijo, que la propuesta bajo análisis supone disponer del vicerrectorado que ocupa Aníbal Franco desde junio. El grupo minoritario de decanos lo considera un gesto necesario para poder compartir la gestión. Y al menos tres de las siete facultades del otro bloque estarían de acuerdo (Económicas, Veterinarias y Odontología). “Queremos llegar a un acuerdo, pero no parece razonable forzar la renuncia de Franco después de que se está bancando solo toda la gestión de la universidad”, opinó un consejero cercano al vice. “Sería más sensato que él continúe y consensuar un candidato a rector.” ¿Por qué esa propuesta no convence al otro grupo? Varios decanos recuerdan que, hace unos meses, cuando la postulación al rectorado de Franco pudo destrabar el conflicto, él no aceptó ser el candidato de consenso, privilegiando la decisión de su bloque. Otros creen que su figura ha sufrido mucho desgaste en estos meses. Sin propuestas alternativas, por ahora ahí se estanca una negociación que, de todos modos, prosigue.

El objetivo de los decanos es organizar la asamblea antes de fin de año, en la última semana de noviembre o la primera de diciembre. Ya asumida la oposición de la FUBA, una arista clave que deben definir es cómo asegurar la realización de la asamblea. Las propuestas son dos. Una, organizar una marcha cívica de todos los asambleístas, con entidades sociales invitadas, para contraponer su voluntad de sesionar a la obstrucción que podrían reiterar las agrupaciones estudiantiles de izquierda. La otra variante que se maneja es convocar la asamblea no en el Colegio Nacional de Buenos Aires, como se hizo en cuatro de las tentativas frustradas, ni en la Facultad de Medicina, como ocurrió en la restante, sino en el Congreso de la Nación, donde el operativo de seguridad estaría garantizado. La opción habilita suspicacias: “Si eso sucede –estimó un graduado radical–, deberíamos inferir que el Gobierno siempre tuvo la llave para solucionar el conflicto y que recién ahora la ofrece porque le conviene políticamente”.