Las organizaciones integrantes del foro “Una Corte para la Democracia” enviaron cartas a funcionarios de los tres poderes del Estado en las que les solicitan que tomen medidas para resolver de manera urgente la integración definitiva de la Corte Suprema. “La indefinición es el peor escenario porque deja trunco el proceso de renovación iniciado y, a su vez, desvirtúa aquella valiosa herramienta que tanta legitimidad social le dio a este gobierno”, dijo a Página/12 Paula Litvachky, directora del Programa de Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de la entidades que integran ese foro. Esas organizaciones propugnan la reducción de la Corte a siete miembros.

Fue ese foro el que bregó por la necesidad de renovar y mejorar el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, incluso con anterioridad a la asunción del gobierno de Néstor Kirchner. De hecho, gran parte del contenido del decreto 222 con el que la actual administración modificó el proceso de selección de los magistrados puede encontrarse en los documentos del foro que integran, además del CELS, la Asociación de Derechos Civiles (ADC), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Unión de Usuarios y Consumidores y Poder Ciudadano.

Página/12 quiso saber por qué decidieron hacer ahora este pronunciamiento. “Por el tiempo transcurrido, la necesidad de consolidar el ciclo de renovación de la Corte y la noticia de que el Gobierno tiene pensado mantener las vacantes. Esto nos preocupa no sólo porque traba el funcionamiento de la Corte sino por una cuestión institucional”, explicó Litvachky a este diario. Además, un comunicado del foro completó el razonamiento: “El proceso auspicioso que se abrió a partir de la selección de los nuevos integrantes del tribunal por el procedimiento participativo previsto en el decreto 222/03 se ha estancado y está afectando la consolidación de la Corte como tribunal independiente”, expresaron. Para estas organizaciones, la salida institucional más adecuada al problema de las designaciones es avanzar en una ley que reduzca el número de integrantes de la Corte, por consenso y por ley. De hecho, hay varios proyectos en tal sentido. “La reducción a siete es la mejor salida: esta Corte con siete funciona bien y, además, no sería bueno que un Presidente nombre a seis de los nueve integrantes durante su mandato”, respondió Litvachky. “El decreto 222 significó un avance institucional muy grande, por primera vez hubo debate público sobre los candidatos y hoy tenemos una Corte independiente y de mejor calidad institucional. Pero la indefinición deslegitima aquel procedimiento”, agregó la especialista. En caso de no prosperar el proyecto de reducción de miembros, el foro instó al Presidente a que nombre los dos candidatos que restan en el menor plazo posible.