La Asociación de Empresas de Medicina Prepaga y la Cámara de Instituciones Médico-Asistenciales admitieron ayer que varias de sus empresas asociadas comenzaron a enviar notas a los afiliados notificando alzas de entre 20 y 23 por ciento en las cuotas que se aplicarán a partir de enero. El anuncio es para cumplir con una resolución de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que las obliga a informar con 60 días de anticipación los aumentos de precios a sus clientes. Ese es uno de los pocos requerimientos legales que deben acatar, pues en la actualidad no existen herramientas que le permitan al Estado intervenir para fijar un tope a las cuotas. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intentó poner paños fríos en un tema que es particularmente sensible para la clase media al afirmar que “hay un compromiso de analizar la cuestión y lo estamos haciendo, pero ni las empresas ni nosotros hemos arribado aún a una conclusión”.

El Gobierno viene negociando un aumento con las prepagas desde hace varios meses en instancias formales como la Comisión Permanente de Concertación que reactivó el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y también en instancias informales, pero la falta de acuerdo hace presagiar un conflicto, pues las empresas no tienen limitaciones para aumentar y desean hacerlo cuanto antes.

Las entidades afirman que es necesario actualizar las cuotas para afrontar el aumento de salarios del 19 por ciento acordado con el gremio de la Sanidad y la recomposición de 50 por ciento que están pidiendo los prestadores médicos. Además, sostienen que el mercado de la medicina a nivel mundial tiene una inflación anual del 10 por ciento debido al lanzamiento de nuevos medicamentos y la incorporación de tecnología cada vez más sofisticada para enfrentar las enfermedades y eso también repercute en sus costos. Los empresarios aseguraron que solicitaron audiencias al ministro de Salud, Ginés González García; al superintendente, Cappacioli, y al secretario, Moreno.

Capaccioli calificó de “lícito el derecho a reclamar una actualización de precios” y reconoció que habrá un aumento, pero luego aclaró que la Secretaría de Comercio Interior hizo “un pormenorizado estudios de los costos y es ésta la que debe definir el porcentaje más correcto”. El Gobierno les solicitó a las compañías toda la información sobre sus gastos para determinar si son justificados los reclamos de ajuste.

Si detectan que el pedido de aumento no se corresponde con las subas que deben afrontar, podrían intentar sancionar a las empresas por incumplimiento en la Ley de Defensa del Consumidor, argumentando que la información ofrecida no es veraz. La subsecretaría tiene poder sancionatorio en caso de arbitrariedad, ilegalidades y falta de cobertura. En los casos de falta de información, engaños o incumplimientos de aspectos comerciales puede aplicar la Ley del Consumidor.

Esa fue la herramienta que el año pasado utilizó la ex subsecretaria, Patricia Vaca Narvaja, para intentar frenar, sin éxito, las subas que finalmente se terminaron aplicando en diciembre, pues no puede incidir de manera directa en los precios, ya que el contrato es considerado un acuerdo entre privados. Esta vez, en cambio, es probable que esa herramienta se complemente con alguna ofensiva directa de Moreno contra las empresas.

El reclamo de las prepagas no sólo es cuestionado por el Gobierno. Guillermo Gómez Galizia, presidente de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico, entidad que nuclea a los pequeños prestadores, reconoció ante Página/12 que reclaman un aumento cercano al 50 por ciento, pero aseguró que eso no justifica el aumento de más del 20 por ciento que piden las prepagas. “Un incremento del 8 por ciento les alcanzaría para no tener que absorber el aumento de costos, pues muchas empresas tienen infraestructura propia y entre el 60 y el 65 por ciento de sus ingresos proviene de la seguridad social debido a los acuerdos que han venido firmando en los últimos años con las obras sociales”, afirmó. Para tener un mayor número de afiliados que permitiera distribuir mejor los riesgos y bajar los costos por persona, las prepagas, además de fusionarse entre sí, firmaron en los últimos años cerca de 150 contratos de concesión y gerenciamiento con obras sociales que delegaron la responsabilidad de la asistencia de sus beneficiarios, asignando para ello un pago mensual per capita.

Además, Galizia consideró “indispensable aclarar que el sector de la medicina privada constituye un mercado oligopsónico debido al gran poder que ejercen estos grupos sobre los prestadores, ya que los valores de los aranceles que recibimos los fijan a su total arbitrio”. Por su parte, el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados (Adecra), Francisco Díaz, aseguró ayer “que el atraso en las cuotas que perciben las clínicas privadas es de un mínimo del 50 por ciento”, aunque reconoció que “no se puede hacer un ajuste de ese tipo, con lo cual se hará uno del 25 al 30 por ciento”, para ello se manifestó a favor de que las prepagas aumenten su cuota.