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–¿Llegar a juez de la Corte formaba parte de sus aspiraciones?

–La verdad que no. Creí que mi carrera judicial estaba cerrada cuando fui camarista. No es algo que me haya ilusionado. Sí me ilusionaba ser profesor titular por ejemplo. Llegar a la Corte, ni lo pedí ni lo busqué.

–¿Se sintió golpeado por los cuestionamientos durante el proceso de selección?

–Creo que no gané ningún enemigo, por el contrario. El proceso de selección en sí fue bastante transparente. Una única cosa que me preocupó y me sigue preocupando es el hecho de que se haya financiado una campaña. Me refiero a las solicitadas publicadas, a una fundación inexistente (Bicentenario), a que han invertido una cantidad de dinero grande en hacer eso, han rastreado antecedentes en todos lados, hasta desenterrar la sucesión de mi pobre viejo que murió en 1964. Todo eso es una inversión de dinero muy grande. Una investigación de esa naturaleza no la hace cualquier estudio jurídico, en mi caso lo hizo uno en particular, el de Guillermo Alchourrón y Víctor Fernández Pelayo. No sé por qué lo hicieron, pero sí tengo en cuenta que es peligroso.

–¿Por qué dice peligroso?

–Se puede financiar una campaña así contra cualquiera, cuando haya intereses como para hacerlo. Y ante eso se está totalmente indefenso. En mi caso, yo no tengo cien mil dólares para hacer una contracampaña.

–¿Promoverá una investigación sobre esto?

–No, creo que es algo de lo que hay que sacar experiencia, para cualquier otra circunstancia futura.

–¿Hay que cambiar algo del nuevo sistema de selección?

–Hay un pequeño problema que es que se hace dos veces lo mismo: primero en el ámbito del Poder Ejecutivo y luego en el ámbito del Senado, y quizás eso demore innecesariamente. Además, da lugar a campañas que se muevan en dos lugares. El Ejecutivo y el Senado deberían hablar para ponerse de acuerdo en cómo hacerlo, simplificándolo. Si queda en el Ejecutivo y tiene temor al proponer el nombre, quizá debería consultar a unas diez entidades, parecido a como se hace en Estados Unidos.

–Aun con ese sistema, ¿la palabra determinante del Ejecutivo no puede dar lugar a pensar que tanto en su designación como en las próximas puede haber un intento de conformar un nuevo tribunal adepto?

–Hay sospechas, y la justificación de las sospechas las da el sistema. No hay otra forma de designar jueces de la Corte en nuestra Constitución que no sea ésa. Desde 1863 hasta hoy fueron designados así.

–¿Preferiría otro método?

–Prefiero el de los tribunales constitucionales europeos. Que las designaciones sean cruzadas, dos los designa el Senado, dos la Cámara de Diputados, dos el Consejo de la Magistratura, dos el Ejecutivo, y que tienen mandato determinado, de ocho años, largo pero no vitalicio. Es nuestro sistema mismo el que tiene una falla, que da lugar a ese tipo de suspicacias. Preferiría que pensáramos en un día no tan lejano en una reforma constitucional que instalara un tribunal constitucional.

–¿Como juez de la Corte, usted propondrá una reforma así?

–Lo haría, aunque no soy quien como juez de la Corte puedo dar opiniones. Los que lo tienen que proponer son los legisladores o el Ejecutivo. Tendrían que pensarlo. También habría que pensar si el presidencialismo dio resultado, si no es mejor un sistema parlamentario.

–¿Por qué?

–Pensando, por ejemplo, en la crisis de fines de 2001, fue una crisis política, sí, pero fue una crisis institucional. Puso al sistema al borde del colapso. Hay que tener un sistema donde las crisis políticas no se conviertan en crisis institucionales. Si hay que cambiar el Ejecutivo bueno, que se cambie, pero el sistema sigue. Creo que es importante que esto lo digamos y si la gente se engancha en discutirlo es interesante. Para reformar la Constitución hay que hacer un debate antes. Para mí el sistema presidencialista está agotado y es sumamente irracional. Todo el sistema está dependiendo de la salud de una persona. Por otra parte, no es cierto que sea un sistema de gobierno fuerte. Un presidente que tiene en contra a las cámaras o negocia o se pone a legislar vía decreto de necesidad y urgencia. Cualquiera de las dos cosas son feas: la negociación siempre da lugar a suspicacias, y ni qué decir de legislar por decretos, que es dejar de lado al Congreso. Mucho más fuerte es un sistema parlamentario, donde el Ejecutivo si pierde apoyo perdió el gobierno.

–Usted mencionó la crisis institucional. ¿Qué papel tuvo la Corte?

–No significó mucho. Afortunadamente no llegamos a un conflicto de poderes, pero estuvo cerca. Ese es otro motivo por el que necesitamos una reforma constitucional. ¿Y si De la Rúa no quería irse? ¿Quién resolvía el conflicto de poderes? El gran bonete. La Corte, según la Constitución, no los resuelve. Posteriormente a la crisis, se trabó un cierto conflicto entre la Corte y el Gobierno por el corralito.

–¿La Corte debe tener independencia política?

–Que debe ser apartidista es obvio. Pero pensar que la Corte sea apolítica es absurdo. Como todo el Poder Judicial, es una rama del gobierno. Cada sentencia es un acto de gobierno. Independencia externa es que no haya presiones del Ejecutivo, del Legislativo. Tener capacidad para manejarse al margen. Tampoco es cierto que los jueces sean asépticos. Esa idealización es un invento. La única manera de hacer la independencia no es pensar en un ser humano que esté más allá de la sociedad, sino en una ingeniería institucional que permita tener un Poder Judicial ideológicamente pluralista, que no implica gente afiliada a partidos políticos. Puede tener sintonía, pero eso no significa que lo manejen. En Italia, por ejemplo, un juez puede pedir licencia y presentarse de candidato, luego termina su mandato y vuelve. Es porque los partidos políticos no pueden incidir en nombramientos y remociones.

–Pero en Argentina no es así.

–Es cierto, habría que pensar una ingeniería institucional distinta.

–Entonces, insisto, ¿existe el riesgo de que haya una nueva mayoría automática en la Corte?

–No creo que se produzca un fenómeno así. Somos gente que nos conocemos poco entre nosotros, sobre todo con los nombres que aparecen. En la medida en que se designe gente con trayectoria larga, hay una vida que cuidar.

–¿Qué implicancias tiene para usted asumir en el lugar que dejó alguien que se tuvo que ir bajo incontables cuestionamientos?

–Ninguna en particular. Con lo que no hay que volverse loco es con esa idea de revertir el descrédito en un rato. Yo creo que si hacemos las cosas bien la imagen se revierte sola. No me gusta ni me preocupa eso de cómo se repara la imagen. Hagamos las cosas como corresponde.

–¿Está de acuerdo con el privilegio que tienen los jueces al estar eximidos del pago de impuesto a las Ganancias?

–Yo voy a pagar para evitar suspicacias. En algún momento lo decidirá la Justicia y todos los jueces se tendrán que excusar para que resuelvan conjueces (abogados). Considero, igual, que los jueces deberían pagar. Si hasta hoy existió el principio de no pago, quizá haya que pensar qué se hace porque puede ser algo que afecte la cuantía de los ingresos.

–La mayoría de los actuales jueces de la Corte firmó una acordada para mantener en secreto su patrimonio. ¿Piensa proponer que lo revelen?

–Yo lo voy a hacer, voy a cumplir con la Ley de Etica Pública. Ahora ya lo hice. En cuanto a los demás ministros, veremos qué decisión se toma por mayoría, yo lo voy a hacer igual. Me parece que todos tendrían que revelar su patrimonio. No sé con qué sistema, quizá no a través de un órgano del gobierno sino creando una oficina dentro del Poder Judicial para que quien quiera ver cuál es el patrimonio de un juez vaya y vea.

–¿Usted cree que ya se están produciendo cambios en la Corte?

–No lo sé, para mí la Corte siempre fue un misterio. A nivel de fallos y comportamiento no veo un cambio muy profundo.

–¿Qué debe cambiar?

–Yo no comparto una buena parte de la jurisprudencia penal de los últimos años. Habría que volver a la vieja jurisprudencia. Por ejemplo, en el tema de la obtención de la prueba ilícita: todo lo que emerge de una prueba ilícita es nulo. No sólo la prueba se ha obtenido ilícitamente sino el dato que se obtiene a través de ella. Con ese criterio se dio marcha atrás, lo cual es preocupante. Alguna sentencia también que dio lugar a la sanción del juez (Héctor) Magariños (por dar sus opiniones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) también es preocupante. Hay una serie de garantías procesales con las que se dio marcha atrás y en las que habría que volver a la vieja jurisprudencia de los 80.

–¿La Corte puede modificar lo que ya hizo?

–Sí, claro. De hecho la cambia, y es uno de los problemas por la inseguridad jurídica que esto genera. Como esta Corte no tiene poder para hacer caer la vigencia de la ley, y la inconstitucionalidad se plantea en un caso, el problema es que genera una jurisprudencia que no es obligatoria para el resto de los tribunales ni para el Poder Ejecutivo. Lo que sucede es que uno tiene que llegar nuevamente a la Corte, que para ese entonces pudo volver a cambiarla. Es un sistema de control de constitucionalidad poco seguro. Por eso es mejor un tribunal constitucional que tenga la facultad de hacer caer la ley.

–¿Qué reformas urgentes hacen falta?

–Habría que empezar a pensar cómo sacarle la función casatoria que está asumiendo, que es patológica. La casación es una función de unificación de jurisprudencia, de hacer doctrina en cada rama del derecho, y sienta una doctrina casi obligatoria. Un tribunal de casación debería tener muchos integrantes, estar dividido en salas especializadas, con gente que haga doctrina. Algo así hay en Italia y en España. No hay un genio que conozca todo el derecho, lo va a hacer mal, o la va a hacer bien derivando en una estructura administrativa donde no son los jueces los que juzgan. La estructura de la Corte actual no sirve para hacer casación. En el ’83 la Corte Suprema llegó a tener 3000 causas y en el 2003 tiene 15 mil. Si seguimos el promedio en el 2023 va a tener 75 mil. Aparte de la ficción de que no pueden nueve jueces hacer 1000 sentencias por mes.

–¿Qué riesgos implica una estructura administrativa tan grande? Varias ONG han señalado la corrupción, por ejemplo.

–Claro, con semejante estructura no se puede asegurar qué pase, ni que se pueda tener el control sobre toda esa estructura.

–¿Qué hay que hacer?

–Racionalizar la jurisprudencia de apertura de la arbitrariedad (que hace lugar a pedidos de revisión de fallos que se consideran no fundados en la ley sino en la voluntad del juez, algo que antes era excepcional y ahora es rutina) tan amplia que se ha dado y ver la posibilidad de crear un tribunal de casación, que no sería caro. Costaría el sueldo de los jueces. La Corte se quedaría con el control de constitucionalidad.

–¿Estuvo correctamente enviada a la Cámara de Casación Penal la causa Simón en que el Centro de Estudios Legales y Sociales planteó la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final?

–Me llama la atención que se la envíe a Casación después de dos años. Si había que hacerlo, debieron haberlo hecho hace tiempo.

–¿Qué debe hacer ahora la Corte con esta cuestión indefinida?

–Es uno de los temas que debe resolverse lo antes que se pueda. Se plantean cuestiones institucionales, hay una opinión pública detrás y porque es un tema grave. Es necesario establecer de una vez un criterio sobre qué se va a hacer. Pero hay dos temas: se insiste sobre la inconstitucionalidad pero tengo la impresión de que lo definitorio no va a ser eso. Las defensas irán planteando la inconstitucionalidad de la ley de anulación. Creo que la decisión de fondo pasa por ahí, con lo que se definiría si las leyes (de impunidad) son aplicables o no y si se puede seguir con los juicios acá.

–¿Considera que hay algún otro tema urgente?

–Todavía hay que dar una solución al problema de los ahorristas, en relación con la pesificación.

–¿A quién pondría en las nuevas vacantes que se generen en la Corte?

(Se ríe.) –No sé. Ese criterio dice que hay que poner “una” mujer en la Corte me parece absurdo. Creo que tiene que haber dos o tres mujeres en la Corte y eso debería ser algo normal. Mujeres con capacidad para hacer, hay mujeres en la población, no es una cuestión de cupo. También me gustaría que esté Germán Bidart Campos, pero son gustos personales, o Julio Mayer.

–¿Se tiene que ir alguno de los actuales ministros de la Corte?

–No sé, no lo voy a decir yo. Es una cuestión política.