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El presidente interino de Brasil, Michel Temer, dio su primer discurso un rato después de que la presidenta electa Dilma Rousseff fue suspendida por el Congreso de ese país, en lo que muchos interpretaron como un golpe de gracia a la región, y otros como un procedimiento constitucional. Habría que repasar las Constituciones si es que habilitan lo que presenciamos. En términos políticos, unas pocas oraciones de Temer bastaron para comprender que lo que se propone su mandato de seis meses es exactamente lo mismo que se propone en la Argentina Macri después de haber alcanzado con la ayuda de los medios concentrados su punto y medio diferencial.

El principal anuncio identitario de lo que vino a inaugurar Temer –la apertura a “los privados” de servicios que hoy brinda el Estado, acusado de cargar con roles que no le corresponden– lo hace miembro del mismo club global, con raíces en bases muy lejanas a Brasil. La Argentina, que hace menos de medio año volvió al mundo hecho papilla pisada por financistas, está siendo mientras tanto succionada también por transnacionales sin ánimo de reparo al sufrimiento popular. Por cierto, Temer ya empezó a despedir a trabajadores estatales.

La derecha corporativa avanza, pero a cada paso que da se le va cayendo una máscara más. Lo que todavía es enigmático para muchos que intentan decodificar “de dónde salieron” estos presidentes, vicepresidentes, ministros y funcionarios tan blindados, blindados por los medios concentrados, que forman parte del team del nuevo poder, y blindados también frente a las vertiginosas olas de despojo masivo y nacional que provocan cada una de sus decisiones, empieza a tener una explicación que aunque esos medios no reflejen sí denuncian las calles, las paredes, las redes, las centrales obreras, los movimientos sociales, los estudiantes, los desocupados, los jubilados, los comerciantes, los pequeños empresarios. Todo esto junto es la sociedad civil, cuya opinión ya está separada en los hechos de lo que desde hace décadas se llama “opinión pública”. Esos sectores de lo primero que fueron excluidos es de la “opinión pública”.

Quizá ahora se entienda mejor, con las facturas que las calles brasileñas le pasan a O Globo, que en nuestra historia más reciente no hubo un gobierno popular que se encarnizó con un grupo mediático, como quiso el relato que generó ese grupo y sus socios con aspiraciones en la repartija, sino que hubo una democracia que intentó defenderse de la malformación que sobrevendría si, como sucedió, las corporaciones llegaban al poder.

Lo que tienen de extraño o de excesivo estos presidentes y ministros que despiden más de mil trabajadores por día, que generan condiciones para que los despidos se sigan multiplicando en el sector privado y que sistemáticamente niegan lo que hacen, proviene precisamente de su origen, que no es la política. Lo que presenciamos es el desembarco corporativo en el poder político. Es necesario tomar conciencia de eso, porque no hacerlo les provocaría doble ventaja: ya ganaron, pero el beneficio secundario sería que, disfrazados de políticos, sus actuaciones vergonzantes además siguieran contribuyendo al desprestigio de la política. En los ´90 lo lograron. La ciudadanía no lograba individualizar ni a un partido ni a un sector de dirigentes que hubiese resistido la embestida que llevó el desempleo a los dos dígitos y la inequidad a niveles desconocidos incluso en la región más desigual del mundo. Hace décadas que las corporaciones buscan erradicar la política, y ésa es una lectura más de lo que pasó en l976.

Lo que tienen de destemplados, de gélidos, de mentirosos estos presidentes y ministros no viene de la derecha política, sino de la derecha corporativa. La corporación, como artefacto de acumulación de dinero, como usina de búsqueda irrefrenable de ganancias, no necesita “hacer política” del modo que siempre lo hemos entendido. En eso se parece al estado de facto: están desentendidos y no se sienten en absoluto comprometidos con lo que todos entendemos por consensos, aunque hayan llegado al poder hablando de eso. No importa de lo que hablen. No tienen compromiso con el lenguaje. Se sienten habilitados a decir cualquier cosa, porque están protegidos por los formadores de la “opinión pública” y porque no han llegado adonde están inspirados en nada parecido al bien común o la responsabilidad de la representación. Llegan para hacer autopsias de países. Para exprimirlos, secarlos y dejárselos a los buitres. La gente que vive en esos países no es su problema. No la ven ni les importa.

Poco se ha hablado de la camiseta que las corporaciones obligan a ponerse a quienes dependen de ellas. Es una camiseta invisible, segmentada, como sus destinatarios del mercado, en llaveros, tazas, almanaques, festejos de cumpleaños, retiros en hoteles de lujo, premios en electrodomésticos, viajes cortos y autos de alta gama en consignación para sus ejecutivos intermedios, entre otros hitos que surcan las vidas de quienes encuentran en la corporación la cobertura de una especie de micro Estado. Cuando los macristas hablan de “trabajo de calidad” piensan en el trabajo corporativo. Después ofrecen 4.500 pesos por ocho horas seis días a semana.

Pertenecer a una gran corporación es cada día algo más parecido a una nacionalidad. Y hacia eso va, derecho, la Alianza del Pacífico, cuyo objetivo de fondo es el TPP y, al final del mismo camino, el gobierno global: no hay un “ir por todo” más radical y fundamentalista que el corporativo. Pertenecer, en ese mundo, no es un derecho sino un privilegio. Ese es otro concepto que el marketing corporativo viene recorriendo desde hace décadas. A medida que crecían y se comían unas a otras después de haberse comido a productores pequeños y medianos, a medida que se constituían en nuevos feudos que necesitan nuevas murallas —esta vez, mentales y perceptivas—, las corporaciones fueron generando un relato sobre sí mismas que se volvió aspiracional. Ellas mismas son la expresión de la inclusión: dentro de la corporación, está la posibilidad de progreso, el lugar de pertenencia y la bandera convertida en marca.

El gobierno de las corporaciones pretende ser, por definición, trasnacional. Los negocios a gran escala, más grandes que nunca, más feroces que nunca, no pueden estar sujetos a legislaciones nacionales. Cabe recordar que la cláusula ISDC, del TTIP, el tratado de libre comercio que Estados Unidos quiere formar con la UE, establece que en futuros litigios entre una corporación y un Estado, intervendrán tribunales privados. Eso vulnera todas las Constituciones nacionales. Con naciones débiles o desmembradas, inmersas en crisis insostenibles, el botín está más cerca.

Este enorme dispositivo de poder, desconocido hasta ahora, llega de la mano de presidentes y ministros que hablan su propio idioma y se entienden entre ellos. Jamás hubiesen podido avanzar tanto si los medios de comunicación no hubieran emprendido hace años ya el camino de la concentración, y si no hubieran reemplazado al periodismo por algo que todavía no tiene nombre. Los medios concentrados son una parte crucial del team corporativo. No es que apoyen al gobierno de las corporaciones. Son parte de ese gobierno.