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El piso de la crisis que desató el Gobierno con la nueva política económica no termina de aparecer. Mes tras mes los indicadores de actividad y de consumo arrojan peores resultados. Es una tendencia que no cede sino que se consolida con el paso del tiempo. El 10 de junio, cuando se cumpla el primer medio año de gestión, el balance dejará en el olvido la luna de miel con los exponentes del cambio. Los gráficos estadísticos de producción marcan caídas en picada. Las ventas de insumos para la construcción, por ejemplo, pasaron de crecer 20,4 por ciento en noviembre, 11,9 en diciembre y 3,2 en enero, a caer 4 por ciento en febrero, 9,6 en marzo y 22,3 en abril. Es un caso extremo por la paralización de la obra pública, pero las curvas de descenso se repiten con más o menos intensidad en la mayoría de los sectores productivos y comerciales.

Esa evolución causó un daño severo en las expectativas económicas, en una suerte de reedición de lo que ocurrió en 1999 con el gobierno de la Alianza, cuando aplicó un impuestazo recesivo del que nunca más se pudo levantar. La economía que recibió el macrismo no estaba en crisis como en aquella oportunidad, pero sus decisiones fueron provocando la caída. A esta altura las promesas de recuperación en el segundo semestre solo figuran en el discurso oficial. Ni siquiera las creen sectores ideológicos afines, como la tropa de consultores de la city, cuyas proyecciones para el año anticipan una contracción del PIB del 1 al 2 por ciento. También lo señalan el FMI y la calificadora del poder financiero Moody’s. Desde ámbitos productivos son más pesimistas. Estiman un retroceso de entre 2,5 y 3 puntos, como en el caso en la Unión Industrial Argentina. El temor entre los industriales es que la Argentina ingrese en un túnel como el que llevó a Brasil a dos años seguidos con números desastrosos: -3,8 en 2015 y -3,7 perfilado para 2016.

Cambiemos utilizó el crédito social del que goza todo nuevo gobierno en la instrumentación sin anestesia de un programa neoliberal. Lo hizo tratando de escudarse políticamente detrás de dos ideas -”la pesada herencia” y el “sinceramiento”- y con una catarata de falsedades sobre la realidad económica que repite con descaro, amparado por el blindaje mediático. Esa estrategia le sirvió durante un tiempo, pero se le irá acabando en la medida que no logre revertir la situación. La ausencia de un horizonte donde se vea un punto de inflexión y la tozudez para seguir en la misma línea está desatando manifestaciones de descontento cada vez más desafiantes. Son reacciones defensivas ante un Gobierno que avanza a paso firme en un programa de redistribución del ingreso en contra de las mayorías populares. Esta semana fue el turno de la comunidad universitaria, con una convocatoria como no se veía en más de una década. El descontento social aparece como el factor con más posibilidades de poner límites al Gobierno, aunque por ahora eso no ha ocurrido. Por el contrario, el oficialismo responde a cada marcha doblando la apuesta, como en el caso de la ley antidespidos que reclaman las centrales obreras. Las dificultades de la oposición para llegar a acuerdos que pongan al Gobierno en posición de negociar refuerza la necesidad de acciones ciudadanas en resguardo de sus derechos. Cambiemos no parece advertir el riesgo de ese escenario de conflictividad social que está azuzando.

“La economía puede empezar a reaccionar en el segundo semestre, pero no de este año, del próximo”, advierte el ex director del Banco Central Arnaldo Bocco. Basa su análisis, al igual que otros economistas, en la combinación de factores internos y externos negativos, sobre los cuales se monta un plan de gobierno que agudiza esas tensiones. “Ni las grandes empresas se salvan del perjuicio financiero que ejerce la tasa de interés. Están pagando hasta 35 por ciento por financiamiento de corto plazo, mientras que en las compañías de segunda línea promedia el 45 por ciento y en las pymes está en más de 60”, explica. El principal sostén del crecimiento, que es el mercado interno, sufre un achicamiento generalizado que alcanzó hasta el último rubro en caer: el consumo de bienes esenciales, como los alimentos, los cuales experimentan una baja en el volumen de ventas de entre 3 y 4 por ciento. Es un indicador de un derrumbe vertiginoso.

A todo ello se suma la situación de Brasil, que disminuye las compras a la Argentina y aumenta sus volúmenes de exportaciones hacia el mercado local. “La industria nacional está exportando menos que antes de la devaluación. Se perdió el superávit con Venezuela por cuestiones ideológicas. También se vende menos a Uruguay y Paraguay y le estamos comprando gas a Chile más caro que a Bolivia. El sector externo no solo no compensa el retroceso del mercado interno sino que actúa en forma pro cíclica”, completa Bocco.

Lo mismo ocurre con el tarifazo en los servicios públicos. En un escenario de achicamiento de la demanda, las facturas de electricidad, gas, agua y el aumento del transporte reducen el poder adquisitivo de los asalariados y elevan exponencialmente los costos de comercios e industrias que venden y producen menos. Es un combo explosivo. Resulta improbable que la inversión privada pueda florecer en ese contexto y convertirse en la locomotora que rescate a la economía del ajuste.

En resumen, sin el empuje del mercado interno, ni de la exportación, ni de las inversiones, con una disparada de costos financieros, de servicios públicos y de la inflación en general, con apertura comercial y con despidos, la economía está reaccionando como era previsible, en caída libre. Ese desempeño es funcional a un proyecto que pretende establecer parámetros decrecientes de participación del salario en el ingreso nacional. Mientras tanto, y pese a sus diferencias, Federico Sturzenegger y Alfonso Prat Gay se afirman en la idea de generar una estabilidad razonable de mediano plazo para una economía afincada en la valorización financiera. En ese camino, su prioridad es bajar la inflación mediante una política monetaria ortodoxa, con altas tasas de interés. La otra herramienta que empieza a pesar cada vez más es la apertura de las importaciones para disciplinar precios, a costa de la producción nacional. Y una tercera es la captación de divisas a través del endeudamiento y la liberalización de la cuenta capital, para atraer fondos especulativos. El anuncio de un nuevo blanqueo va en la misma dirección.

El golpe a Dilma Rousseff y el ascenso de un gobierno que ubicó en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central a dos economistas que profesan la misma fe neoliberal que sus pares argentinos, Henrique Meirelles e Ilan Goldfajn, ambos ex banqueros, potencia la instalación de los socios principales del Mercosur en una misma sintonía. Eso abre la puerta a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y la restauración del proyecto del Alca, ahora bajo la forma de la Alianza del Pacífico. Son cambios estructurales con consecuencias por generaciones. El interrogante que se develará con el tiempo es si tendrán la suficiente espalda política para imponer esos proyectos que generan exclusión social mientras sus economías no dejan de caer, patinando en un círculo vicioso de decadencia.