El gigante de telecomunicaciones América Móvil, propietario de la marca de telefonía celular Claro, tiene decidido incrementar su participación en el mercado argentino. Carlos Slim mantuvo una reunión reservada hace 15 días con el presidente Mauricio Macri para explorar distintas posibilidades de inversión, lo que encendió las alarmas en Telefónica y el Grupo Clarín, sus dos principales competidores en el escenario de convergencia que se avecina. El decreto 267, que modificó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, le abrió la puerta a las telefónicas para brindar televisión y estableció que la fecha de largada será el 1 de enero de 2018. El magnate mexicano vio ese haz de luz y vino a dejar en claro que tiene los dólares suficientes para jugar fuerte. Entre las posibilidades que evalúa está quedarse con Telecentro, pasar a controlar una parte de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) que construyó el gobierno e incluso comprar capacidad de transmisión satelital de Arsat para poner esa infraestructura al servicio de su expansión en el país.

El gobierno le encargó hace algunos meses a la consultora McKinsey, que ya viene trabajando en varios ministerios con contratos suculentos, hacer un spin-off de la estatal Arsat, consistente en auditar sus distintas unidades de negocios y buscar interesados en tomar el control de cada una en una especie de loteo. La intención, al menos en un primer momento, no es privatizar la firma sino explorar la posibilidad de incorporar capital privado o favorecer la colonización empresaria de la infraestructura a través de la firma de contratos. Como informó Página/12 el pasado 22 de abril, Héctor Huici, secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, es uno de los que está detrás de esta iniciativa. El propio funcionario reconoció en una jornada organizada en la Universidad Abierta Interamericana que la apertura de Arsat al capital privado es una posibilidad que se está evaluando. Incluso en ese evento dijo que se estaban analizando las unidades de negocio de la compañía y distinguió entre “la parte satelital, la red de fibra óptica, el data center y la mochila de plomo de Arsat, que es el tema de la TDT (Televisión Digital Terrestre)”. Ese modo de ver la empresa como un conjunto de partes y no como un todo surgió a partir del asesoramiento de McKinsey, una consultora todo terreno de extensa trayectoria que también le presta servicios a Claro y a Telefónica. Uno de los que viene haciendo aportes por el lado de McKinsey es Diego Molano, un colombiano que trabajó para Telefónica y fue ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Juan Manual Santos entre agosto de 2010 y mayo del año pasado, período en el que Slim hizo grandes negocios en Colombia.

Huici no está solo en el plan destinado a abrirle las puertas de Arsat a las telcos. El secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, un ex McKinsey de diálogo directo con Huici, también parece estar entusiasmado con la idea. Otro alfil es José María Márquez, un histórico ejecutivo de Claro que el viernes de la semana pasada fue oficializado como Director Nacional de Regulación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por debajo de Huici.

La intención oficial es transferir el data center de Arsat al Ministerio de Modernización y tentar a los privados con las otras tres unidades. Ahí es donde aparece Slim, quien está interesado en quedarse con una parte de la Refefo, que ya viene alquilando desde la gestión anterior para dar su servicio móvil en las provincias del norte, e incluso aprovechar Arsat II para brindar televisión satelital. Esta última posibilidad la tiene vedada por el artículo 45 de la ley 26.522 que les prohíbe a los operadores satelitales prestar cualquier otro servicio audiovisual y viceversa, restricción que no fue modificada por el decreto 267. Sin embargo, fuentes del sector destacaron a Página/12 que si Slim y Macri logran ponerse de acuerdo esa barrera se podría eliminar con otro decreto o se le podría encargar ese cometido a la comisión redactora del nuevo proyecto de ley de comunicaciones.

La única unidad de Arsat que a primera vista no parece tan tentadora es la de la TDT. Por eso, Huici se refirió a ella como “la mochila de plomo”. Sin embargo, la porción del espectro que ocupan los canales digitales de aire que van del 21 al 51 (de 512 a 698 MHz) sí es tentadora para brindar telefonía móvil. Las telcos ya lograron en 2014 desplazar a los radiodifusores de la banda de 700 MHz (698 a 806 MHz), amparados en las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en varios países de la región están apuntando a este otro segmento. Por ejemplo, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados unidos informó en febrero que los radiodifusores de ese país cederán espectro de la banda de 600 Mhz a firmas como T-Mobile, AT&T, Verizon, Sprint y Dish, las cuales podrían estar dispuestas a desembolsar en una subasta hasta 60.000 millones de dólares en conjunto para repartirse ese activo. También se mencionó a América Móvil como un potencial interesado. En ese contexto, caracterizar a la TDT como una “mochila de plomo” sirve para justificar la necesidad de “limpiar” al menos parte de la banda de 600 MHz (614 a 698 MHz), lo que ya se está intentando hacer, para luego subastar el espectro liberado o realizar una asignación directa. Este tema también forma parte de la negociación con Carlos Slim ya que Claro tiene fundamentalmente frecuencias altas, por haber entrado tarde al mercado, y una pequeña porción de la banda de 700 MHz que obtuvo el año pasado. Por lo tanto, frecuencias más bajas, como las de la banda de 600 MHz, le permitirían asegurarse mayor cobertura con una inversión relativa menor.

El plan de expansión del magnate mexicano se completaría a su vez con la compra de Telecentro, firma de Alberto Pierri con la que Slim tiene contactos fluidos desde hace varios años. Incluso se rumorea que llegó a firmar un due diligence para evaluar los activos de cara a una futura adquisición. Formalmente, recién se podría concretar su desembarco en esa firma a partir del 1 de enero de 2018 cuando las telcos puedan ofrecer servicios audiovisuales. No obstante, ese punto dependerá de la capacidad de lobby que tengan las distintas firmas sobre el Estado, ya que el artículo 10 del decreto 267 dice que la autoridad regulatoria “podrá extender ese plazo por un año más”.