El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, planteó ayer la posibilidad de aplicar descuentos a trabajadores que ejerzan el derecho a huelga y propuso incluir temas como productividad y ausentismo en el marco del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que se reunirá el jueves que viene. El mismo día que anunciaba un millonario subsidio a McDonald’s para fomentar el empleo precarizado, Triaca rindió un involuntario homenaje a su padre, que ocupó el mismo cargo en los primeros años del gobierno de Carlos Menem y también intentó avanzar sobre la potestad de los trabajadores de protestar por sus condiciones de trabajo. La idea fue rápidamente rechazada de plano por diferentes sectores del sindicalismo, que aseguran que eso “ni siquiera se va a poner sobre la mesa” del Consejo ya que no solamente “el tema no está en agenda” sino que “no es el ámbito para plantear” ese tipo de propuestas.

“Hay que darle una chance de debate”, dijo Triaca al ser consultado por la posibilidad de poner en cuestión el derecho a huelga y aplicar sanciones a aquellos trabajadores que se ausenten del trabajo como parte de una protesta gremial. “Lo que creemos es que en el marco del Consejo del Salario, sería bueno sumar temas pendientes de debate, como la caída en la producción, el alto nivel de ausentismo y las adicciones”, agregó el ministro, de cara a la reunión que mantendrá con representantes de las empresas y de los trabajadores el jueves que viene en el marco de ese instrumento.

Los descuentos por paro, si bien están comprendidos por la ley, suelen no ser aplicados ya que el pago de los días no trabajados forma parte de las negociaciones entre empresas y trabajadores al final de cada conflicto, por lo que en los sindicatos coinciden que discutir el tema en un ámbito como el Ministerio de Trabajo puede legitimar un cambio en esa costumbre y un endurecimiento de las patronales, envalentonadas por el apoyo del gobierno nacional, según le explicaron a Página/12 diversos referentes gremiales de las cuatro centrales obreras.

“El ministro parece que está viviendo en otro país. Acá estamos discutiendo la ley antidespidos y cómo evitar la destrucción de puestos de trabajo y a él se le ocurre salir con esto como si la Argentina fuera un paraíso laboral. La verdad es que no entiende nada”, salió rápidamente al cruce Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, una de las cinco centrales obreras. “Esa discusión ni siquiera corresponde al ámbito del Consejo del Salario, cuyas funciones excluyentes por ley son definir el costo de la canasta básica familiar y en base a eso el salario mínimo, vital y móvil. La pretensión de llevar estos temas al Consejo del Salario por lo menos demuestra que el ministro desconoce el texto de la ley”, agregó.

Por su parte, el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, opinó que Triaca “en vez de preocuparse por mejorar las condiciones para los trabajadores, lo que busca es impedir que ejercitemos libremente nuestro derecho”. Micheli y Yasky protagonizaron en las últimas semanas un acercamiento entre las dos vertientes de la central que se partió en 2011, con el objetivo de llevar una posición unificada al Consejo del Salario y además afrontar coordinadamente las luchas por los puestos de trabajo y el poder adquisitivo. El debate acerca del derecho a huelga “tiene que encontrarnos a todos parados del mismo lado para evitar más atropellos por parte de este gobierno”, manifestó Yasky.

El metrodelegado Roberto Pianelli, también de la CTA, dijo que la propuesta de Triaca “remite a los peores momentos de la Argentina” y recordó que no es la primera vez que el PRO intenta “cercenar el derecho a huelga”, ya que cuando se traspasó el subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires “el gobierno intentó evitar los paros declarando la esencialidad del servicio”.

Desde la CGT, el ferroviario Sergio Sasia dijo que “el tema al que se le debería dar prioridad es el salario mínimo, vital y móvil” ya que ese es el objetivo que establece la ley para tratar en ese ámbito.

También se manifestó respecto a esta propuesta de Triaca el titular de la bancada del Frente para la Victoria-Partido Justicialista en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, que durante muchos años fue abogado de la CGT. “Esto es una presunción en contra de los trabajadores que no compartimos. Vamos a ver cuál es la posición de las centrales, pero creo que ya han fijado posición bastante clara en la marcha del 29 de abril. Cualquier cosa que implique decisiones en contra de los trabajadores no lo van a aceptar”, opinó el legislador, que agregó que “hay cuestiones más urgentes, como el trabajo en negro, que en la última década bajó del 50 por ciento al 33 por ciento y ahora está subiendo de nuevo”.