Cualquiera que haya circulado por el barrio de Flores durante los últimos 10 años vio o escuchó que familias enteras de bolivianos viven esclavizados en talleres textiles. Cualquiera que haya asistido a un recital de rock en lugares cerrados vio o supuso o, al menos, sospechó que las condiciones de seguridad no estaban dadas. Que un ciudadano no haga la denuncia, o dé vuelta la cara, es parte de nuestra cultura de pensar que vivimos en otro país, pero que un funcionario público lo haga es una irresponsabilidad, porque para ellos el saber que estas cosas pasan es un deber, sean del área que sean. Luego ocurren los hechos trágicos, y toman medidas tardías, y salen a clausurar poniéndose en evidencia que antes no habían hecho nada. Desde el punto de vista social, legal y político, la responsabilidad de Telerman en los sucesos últimos es la misma que la de Ibarra en Cromañón. La única diferencia es la cantidad de muertos y su nacionalidad. Por eso tiene razón Ibarra cuando dice que la Legislatura y los partidos politizaron la tragedia. Ellos actúan de acuerdo con el rédito político que obtengan. Doscientos muertos no son lo mismo que 5 o 6. Así nos va. Pero después no vengan a rasgarse las vestiduras ni a acusar en vano.