La bronca de los hinchas de River con sus jugadores por la traumática eliminación en la Copa quizá ceda un poco si el equipo sale campeón del Clausura. Es una posibilidad. En cambio, no parece factible que el título mejore la pésima imagen que tienen los socios (incluso, aquellos que lo votaron) del presidente José María Aguilar. Durante su segundo gobierno, iniciado en diciembre de 2005, ya retumbó un par de veces en el amplio hall del club el grito de “se va a acabar la dictadura de Aguilar...”. Pero ni el hastío con su gestión, ni siquiera el cachetazo que recibió la gente con el empate insólito de San Lorenzo en el Monumental, parecen conmover al oficialismo.

La oposición ya quiso desplazar a la conducción el año pasado. Un sector, liderado por Daniel Kiper y Carlos Lancioni, asistió a la última asamblea de representantes con un petitorio que, entre otros puntos, solicitaba la “remoción de la comisión directiva y de la comisión fiscalizadora”. El pedido no prosperó. Se hubieran necesitado dos tercios de los 150 miembros de la asamblea para lograrlo. Según el abogado Kiper, se juntaron apenas 45 firmas. Por entonces, River andaba mal en el fútbol, aunque no tan conmocionado como ahora. Nadie había arrojado maíz desde una platea, con la carga simbólica que esa conducta tiene. Su problema institucional más grave era consecuencia del asesinato de Gonzalo Acro y de una incontenible serie de enfrentamientos entre dos facciones de la barra brava. Un conflicto que está lejos de solucionarse en paz.

Pero lo peor no había finalizado para Aguilar y su reducido séquito de fieles. Al contrario, se agravaría. Las denuncias de integrantes de la barra que los incriminan (en el apoyo a uno u otro sector), la irrupción de un tercer grupo (la Banda del Oeste) en la pelea por el reparto de la torta y las siempre vigentes sospechas de corrupción le dieron más pasto a una oposición crítica, pero sin presencia suficiente en la asamblea para modificar el rumbo.

Acusaciones al oficialismo por sobreprecios, transferencias de jugadores, facturas apócrifas (Kiper señala que en el caso Skanska aparecieron algunas con membrete de River) y violencia (¡qué violencia!) colocaron a Aguilar a la defensiva. De pronto, dejó de vérselo en televisión o de escuchárselo en radio a ese personaje suficiente, que suele combinar su tono doctoral con la sanata que popularizó el recordado Fidel Pintos. Su discurso perdió eficacia. Sus actos lo condenaron ante los hinchas con y sin necesidad de pruebas. Algo muy parecido al desprestigio.

“Aguilar no va a renunciar. Tiene juicios por todos lados, de la AFIP, en la causa por los Borrachos del Tablón y en esos juicios lo defienden los abogados de River”, dice Carlos Ferreyra, un vocal de la comisión directiva que llegó con el presidente al gobierno y luego comprobó que debía enfrentarlo. Su sector, Concertación Riverplatense, sacó un comunicado el sábado pasado en el que denuncia: “Lo vivido en estos años no es casualidad, tiene origen en los métodos y desaciertos de la actual conducción, sorda e imperturbable ante la realidad y los consejos de mentes reflexivas, que sólo han querido ayudar a construir un River mejor”.

Horacio Roncagliolo, el más duro de todos los opositores, es pesimista sobre posibles cambios: “El adelantamiento de las elecciones sólo será posible si está de acuerdo el oficialismo. Ya hubo una asamblea donde se propuso el tema, pero no se consiguieron los votos suficientes. Aguilar maneja a la mayoría. Nosotros hemos hecho acciones comunes con Kiper, Lancioni y Caselli, aunque no dieron resultado”.

En River, el estatuto del club se transformó en un escrito sin demasiado valor jurídico. La comisión directiva no se reúne hace por lo menos dos meses. El jueves 8 de mayo, el jueves de la increíble eliminación en la Copa Libertadores, estaba prevista una sesión que no se realizó por el partido. Hoy, en esa comisión, son 17 los dirigentes que todavía le responden a Aguilar y ocho los que están en contra.