El ex director de Franquicias de la Cancillería, Jorge Matas, se convirtió en el primer detenido por la importación irregular de super-autos libres de impuestos y pasó la noche en la cárcel de Devoto. Había ido a Tribunales a presentarse ante el juez Jorge Brugo, que quería indagarlo como sospechoso de contrabando agravado. “Soy inocente de todos los cargos que se me imputan”, dijo Matas al comenzar la audiencia. El magistrado le exhibió 19 legajos con su firma correspondientes a camionetas Hummer ingresadas al país pese a que son vehículos que –según los investigadores– no están autorizados a circular. El funcionario acusado objetó cuatro de esas firmas, y advirtió que por el momento no contestaría preguntas. “Debo ordenar su detención por la gravedad del delito que se le imputa”, le informó Brugo.

–Señor juez, yo quiero declarar pero después que el juez federal Norberto Oyarbide resuelva quién es el magistrado que debe instruir esta causa –planteó Matas.

–Señor Matas –insistió Brugo– aquí le exhibo 19 expedientes que corresponden todos a camionetas Hummer ingresadas al país para ser supuestamente usadas por diplomáticos utilizando franquicias que los eximían de pagar impuestos.

Las Hummer no están autorizadas para circular en la Argentina ni están permitidas para el uso diplomático, según sostiene hasta la propia Cancillería en base a las normas vigentes. Para los embajadores o el personal de representaciones extranjeras sólo se permiten, por ley, los automóviles sedan (autos normales de cuatro puertas) para uso laboral. Pueden traer uno para uso familiar. Ni camionetas, menos aún Hummer, ni deportivos ni descapotables forman parte del menú de opciones. En el juzgado y la fiscalía no tienen dudas al respecto.

–De esos 19 expedientes en los que aparece mi firma, debo decirle que hay cuatro que no firmé, son firmas falsificadas –objetó Matas, según pudo reconstruir el diálogo Página/12. Buscó la mirada de su abogado y dijo que no quería hablar más. Fue entonces cuando quedó detenido, tal como anticipó este diario.

Anoche Matas era revisado en la cárcel de Villa Devoto por los médicos forenses ya que su defensor, Diego Pirota, advirtió que había sufrido un infarto reciente, tiene cuatro angioplastias, es asmático y toma 25 medicamentos por día. De hecho, pidió el arresto domiciliario por razones de salud. También solicitó la excarcelación con el argumento de que desde que se inició la causa en enero siempre se presentó ante la Justicia.

Como ex titular de Franquicias, Matas aparece firmando las autorizaciones para importar, con permisos diplomáticos, vehículos que terminaron en manos de particulares y que evidentemente no eran para uso de funcionarios de embajadas o consulados. La causa judicial, en total, abarca 98 superautos identificados originalmente por el juez Marcelo Aguinsky. En la investigación, Brugo y la fiscal María Luz Rivas Diez, avanzan por etapas. Las 19 Hummer son sólo una parte del mapa de lo que habría sido una mega-maniobra.

En verdad, las cosas comenzaron con una presentación de la empresa General Motors (GM), que maneja las Hummer en todo el mundo. GM sostuvo ante el Registro de la Propiedad Automotor que no trae esas camionetas a la Argentina porque no están autorizadas y que, sin embargo, ha tomado nota de varias que fueron vistas circulando. El Registro verificó que las Hummer venían con franquicia diplomática, le avisó a la Cancillería y el ministro Jorge Taiana inició una auditoría que terminó en la denuncia penal. Le tocó al juez Oyarbide, cuya hipótesis es que existió una asociación ilícita. También la Aduana, en aquel momento a cargo de Ricardo Echegaray, presentó una denuncia por contrabando en el fuero Penal Económico, que ahora tomó protagonismo.

Según lo averiguado por el juzgado y la fiscalía, todos los permisos para el ingreso de las 19 Hummer están firmados por Matas, lo que lo ubica como centro del delito que consiste en ingresar bienes al país mediante una maniobra o ardid destinado a no pagar los impuestos correspondientes. Como interviene un funcionario público, el contrabando es agravado, con una pena mínima de cuatro años y una máxima de diez. También son agravantes en el caso la intervención de más de tres personas y la falsificación de documentación.

Matas argumentó que cuatro de las firmas no son de él, por lo que de inmediato Brugo ordenó que hiciera un “cuerpo de escritura” para verificar si esas rúbricas son o no son falsificadas. Aun así, las pruebas contra el funcionario, ahora suspendido, parecen lapidarias no sólo en el caso de las Hummer. En otros, por ejemplo, habría habilitado también la nacionalización (paso previo a la venta en el mercado interno) de autos de lujo en tiempo récord. A lo que se suma que se descubrió que su esposa tenía un Audi y un BMW importados con las franquicias cuestionadas.

El abogado Pirota le pidió a Oyarbide a comienzos de esta semana que reclame quedar como único juez del caso. Supone que dejaría a Matas en libertad hasta el juicio oral. Brugo, en cambio, es conocido como “el cowboy” del fuero Penal Económico, es decir, un juez duro. Es de los que interpretan que el Código Penal sostiene que cuando la pena prevista es alta, o sea un mínimo superior a tres años, no hay excarcelación que valga. Todo apunta, entonces, a que rechazará el pedido de Matas y, si el parte de los médicos forenses dice que su salud no está en riesgo lo deje en Devoto. De lo contrario, le permitiría cumplir la detención en su casa. Hoy se pronunciaría sobre estas cuestiones.

Si, como todo hace prever, rechaza la excarcelación, la última palabra la tendrá la Sala A de la Cámara del fuero Penal Económico, que tiene la tradición de admitir la libertad si no entrevé peligro de fuga u obstáculos para el expediente. Por lo tanto, en unos días el escenario de Matas podría ser otro.

En la lista de las indagatorias ya convocadas por Brugo siguen Marisol Rodríguez y su madre María Cristina Santander de Rodríguez, ambas consideradas las empleadas de confianza de Matas y, según las declaraciones testimoniales, quienes manejaban gran parte de los trámites. Al declarar ante el juez Oyarbide, sostuvieron que sólo seguían las directivas de su ex jefe. Todo hace pensar que si Brugo las cita es porque considera que existe alguna prueba en contra de las dos mujeres.

La causa seguiría después con más citaciones y acusaciones (ver aparte). Al jefe de Matas, Marcelo Pujó, seguramente le tocará en junio, pero después vendrán dueños de concesionarias, intermediarios, escribanos y, sobre el final, los primeros titulares de las Hummer.