A menos de dos semanas del comienzo del primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, la jueza federal Cristina Garzón de Lascano procesó y dictó ayer la prisión preventiva a militares, policías y civiles por secuestros, torturas y homicidios calificados cometidos antes y después del golpe de Estado. Más allá del avance en los procesos, el abogado Claudio Orosz, de H.I.J.O.S. regional Córdoba, destacó que sigue pendiente el traslado a cárceles comunes de los represores locales.

En enero de 1976 miembros del Ejército y del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial secuestraron a 21 personas. Las trasladaron al centro clandestino La Rivera, donde fueron torturadas. La jueza procesó por sus secuestros, tormentos y homicidios agravados a los militares Luciano Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Héctor Pedro Vergez, Luis Gustavo Dietrichs, José Hugo Herrera y Luis Alberto Manzanelli, a los “personal civil de inteligencia” (PCI) Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero, y a los civiles Emilio Morard y Ricardo Alberto Lardone, todos miembros del Destacamento de Inteligencia 141. Hizo lo propio con los policías Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Yabour, Alberto Luis Lucero, Fernando Andrés Pérez, Ricardo Cayetano Rocha, Calixto Luis Flores, Carlos Hugo Villarruel y Marcelo Luna, todos miembros del D2.

El 5 de julio de 1976, por orden del teniente coronel Víctor Pino, un grupo de presos fue obligado a desvestirse y apoyar los brazos contra un muro de la Unidad Penitenciaria 1. El cabo Miguel Angel Pérez recorrió la fila repartiendo bastonazos. Raúl Bauducco cayó al recibir un golpe en la cabeza. “¡Parate o te mato!”, le gritó Pérez. Como no obtuvo respuesta le murmuró algo al oído al teniente Enrique Pedro Mones Ruiz, que asintió en silencio. Pérez volvió, apuntó a la cabeza de Bauducco y disparó. Ambos fueron procesados por ese homicidio agravado.

El 14 de julio al mediodía, en la misma Unidad 1, el teniente Gustavo Adolfo Alsina se molestó al ver al preso político José Moukarzel hablar con un detenido. Lo sacó a un patio a la intemperie, lo hizo desnudar y lo ató de pies y manos con estacas. Le pegó, lo pateó y le tiró un baldazo de agua fría. A las once de la noche, ya inconsciente, lo sacaron en camilla al Hospital Penitenciario, donde murió dos horas después. Alsina y Menéndez deberán responder por ese crimen. Por otras torturas en la Unidad 1 fueron procesados el entonces teniente coronel Víctor Pino, el sargento Carlos Hiber Pérez y el cabo primero José Antonio Paredes.

El 30 de abril, luego de diez días secuestrados en el D2, pegado a la Catedral cordobesa, María Eugenia Irazusta, Eduardo Bártoli y Víctor Chiavarini fueron asesinados en un simulacro de “intento de fuga”. El 17 de mayo, por orden del inspector mayor Raúl Telleldín, jefe de informaciones del D2, su banda se presentó en la cárcel con dos órdenes de traslado. En tres vehículos se llevaron, amordazados y encapuchados, a Diana Fidelman, Miguel Angel Moze, Luis Verón, Ricardo Young, Eduardo Hernández y José Svagusa. Pararon en Neuquén al 900. Los hicieron bajar y los fusilaron. Por esos nueve homicidios calificados Garzón de Lascano procesó a ocho policías del D2: Luna, Flores, Lucero, Yabour, Yanicelli, Rocha, Juan Eduardo Ramón Molina y Miguel Angel Gómez.

La jueza procesó al teniente Osvaldo César Quiroga por los homicidios de Miguel Vaca Narvaja, Arnaldo Toranzo y Gustavo De Breuil. El 12 de agosto de 1976 los retiraron de la cárcel con una orden firmada por el general Juan Bautista Sasiaiñ y los mataron cerca del estadio Chateau Carreras. Por su complicidad en el homicidio de José Pucheta, Carlos Sgandurra y José Villada fue procesado el entonces subteniente Luis Alberto López. Como coautor de los homicidios de Ricardo Tramontini y Liliana Páez de Rinaldi fue procesado el coronel Vicente Meli. En todos los casos del presente párrafo también fue procesado el coronel Pino.

La Cámara Federal de Córdoba, en tanto, procesó ayer a Juan Eusebio Vega, ex miembro del Destacamento 141 a quien calificó como “interrogador” de La Perla, por el secuestro y los tormentos seguidos de muerte de Herminia Félix de Vergara el último día de 1976.

El alojamiento de los militares en el Cuerpo III y en Campo de Mayo, y el de los policías en la Guardia de Infantería de Córdoba, preocupa a los querellantes. “Tiene un régimen sumamente laxo. Lo denunciamos, el gobierno provincial pidió que los trasladaran, pero siguen allí por resolución de la jueza y la Cámara Federal, que emitió una resolución escandalosa. Mientras un preso común debe probar que está enfermo para ser trasladado a un hospital, la Cámara invirtió el principio general y sostuvo que debemos probar en cada caso que no deben estar en una cárcel VIP”, lamentó el abogado Claudio Orosz, de H.I.J.O.S. Córdoba.