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A no ser por un hincha de River infartado, con la Promoción no hubo que lamentar víctimas de la violencia institucionalizada que tiene cercado al fútbol hace cuatro décadas. Esta vez no hizo falta que mataran a alguien, que irrumpiera una barra a los tiros o reprimiera a destajo la policía para comprobar el aserto. Ni siquiera fue necesario esperar el desenlace de un campeonato donde dominó la crispación y el juego se tornó una anécdota. La cultura del aguante es centrífuga, chupa todo lo que pasa y retroalimenta el fenómeno. Estamos demasiado acostumbrados a las muertes, pero la historia de la violencia también se nutre de pequeñas anécdotas. El Comité Ejecutivo de la AFA espera un apriete y por eso se reunirá la semana próxima en el predio de Ezeiza para evitar la visita de los muchachos de Hinchadas Unidas Argentinas (HUA). A la asociación que preside Julio Grondona llegó el dato de que se acercarán a la sede de la calle Viamonte para exigir entradas de la Copa América. Por eso, la dirigencia decidió mudarse. Un barrabrava de Tigre se presentó en la Cancillería y participó de un encuentro de organizaciones sociales. No tomó en cuenta que lo escuchaba la presidenta de una ONG que lucha contra la violencia en el fútbol y terminó denunciado en la Justicia. Un ex árbitro que fracasó como funcionario combatiendo la misma problemática se presenta como candidato a jefe de Gobierno. Regala tarjetas rojas contra la inseguridad y la corrupción acompañado por un ex concejal de la UCeDe, fundada por la familia Alsogaray y un publicista cercano al represor Luis Pa-tti. Son las promesas de mano dura que vuelven. Tres postales de un paisaje conocido, perenne, donde nada o casi nada cambió. Con o sin Promoción.

Julio será el mes de la Copa América y por lo tanto no habrá reuniones del Comité Ejecutivo en la AFA. La última debía realizarse ayer, después del feriado, pero se corrió para el martes 28 porque la Selección Nacional jugaba con Albania. Ese encuentro de presidentes y vicepresidentes estaba previsto donde siempre, pero a la AFA llegó el dato de que los barrabravas de Hinchadas Unidas Argentinas van a movilizarse para exigir entradas que les permitan ver gratis la Copa. Ya habían hecho lo mismo unos cuatrocientos el 24 de mayo con el reclamo adicional de que se los reconociera como la hinchada oficial y se aceptara la vuelta del público visitante en los estadios del Ascenso. No fueron recibidos aquella vez y ahora tendrán que trasladarse hasta el predio de Ezeiza si quieren hacer sentir su presión. Los dirigentes cambiaron de escenario. En Viamonte 1366 no los encontrarán. Esta mudanza implica una aceptación: que ciertas presencias se naturalizaron. Y también de que cualquier incidente a las puertas de la casa del fútbol y en vísperas del torneo sudamericano sería un papelón.

La denuncia judicial de Mónica Nizzardo, la presidenta de Salvemos al Fútbol, una ONG que trabaja contra la violencia junto a Favifa –que reúne a los familiares de las víctimas–, dice así: “... no es posible que en una asamblea en la que se debaten temas que hacen a la organización del deporte a nivel nacional y a la representación de la sociedad argentina en el exterior, actúen personas que están integradas a grupos que viven en el delito y reiteradamente alteran la paz y la tranquilidad social, exponiendo la integridad física de quienes concurrimos a los estadios de fútbol semana a semana”.

La mujer, ex dirigente del club Atlanta, se presentó el 3 de junio en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se realizó una reunión de la Comisión de Deportes, Recreación, Educación Física y Tiempo Libre del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería. Nizzardo participó como integrante de SAF junto a más de 25 personas que representaban a unas quince entidades y organismos oficiales. Algunas eran la Defensoría del Pueblo porteña, la CTA de la Capital Federal, el Frente Transversal Nacional y Popular, la Federación Tierra y Vivienda, Apuba, el Colectivo Militante, Hecho Club Social, ADEF y la Escuela No 7 de Berazategui Ernesto Che Guevara.

En la denuncia se describe que en ese ámbito fue presentado Jesús Galeano, quien trabaja en el deporte social con chicos de barrios carenciados. En determinado momento confesó que tenía dos realidades diferentes “porque en una soy árbitro profesional y en la otra barrabrava de Tigre”. Sorprendidos, varios de los integrantes de la comisión le pidieron que se explayara sobre qué entendía por ser barrabrava, a lo que respondió: “... Uno hace varias cosas, entre nosotros tenemos tres pibes que son cuidacoches, después están los que venden cosas, están los que manejan plata, que son –como quien diría– los máximos, manejan la plata, manejan los viajes, todo eso, no-sotros estamos aparte pero integramos lo que es la hinchada. Nosotros como parte de la barra brava tenemos voz y voto a la hora de las decisiones porque nosotros siempre nos hacemos escuchar...”

Nizzardo le pidió a la Justicia que investigue la presencia de Galeano en el encuentro. Son casi veinte denuncias las que lleva presentadas en los tribunales, entre otras, una contra Hinchadas Unidas Argentinas. Hasta ahora lucha sin demasiados resultados junto a un grupo de madres y colaboradores para que algún día podamos vivir un fútbol en paz.

El candidato a jefe de Gobierno porteño Javier Castrilli se presenta como lo que es, un duro que intenta llevar a la política su aureola de ex árbitro de fútbol tan imparcial como implacable. Su cotillón electoral tiene un souvenir hecho a medida: la tarjeta roja que solía usar a destajo cuando dirigía partidos de Primera División. Partidario de la ley seca (quiere prohibir el consumo de alcohol en la calle), en sus actos sostiene que “la gestión pública no es para los tibios; es para los decididos, los que tienen actitud frente a la toma de decisiones”. La elección de sus socios políticos indica que camina por la derecha para llevar su credo arbitral al gobierno. Fernando Bustelo, un ex concejal de la UCeDé, y Gabriel Dreyfus, el publicista y ex candidato a vicegobernador del ex comisario Luis Patti –condenado por delitos de lesa humanidad–, lo acompañan en plena campaña.

Castrilli sostiene que les sacaría la tarjeta roja a muchos políticos, empezando por Mauricio Macri, con quien compite por una porción del mismo electorado. Acusa a su gobierno de ineficiente y decepcionante y sugiere que tendría que haber dado un paso al costado. Lo que el ex árbitro silencia es que no pudo contra los violentos del fútbol cuando era funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y también de Carlos Ruckauf en la provincia de Buenos Aires. Ocupó la Secretaría de Seguridad Deportiva bonaerense. El sociólogo Pablo Alabarces, uno de sus principales asesores en aquella gestión, terminó alejándose por la judicialización de la violencia que emprendió Castrilli. “Me estaba diciendo que se iba a privar a los hinchas de sus derechos hasta que demostraran que eran inocentes”, declaró en un reportaje que le respondió así el ex referí, cuando lo cuestionó porque había prohibido llevar banderas a los estadios.

Un slogan de la desaparecida revista Humor decía: Todo se guarda, nada se pierde. Bien podría aplicarse a lo que pasa en el fútbol. La violencia es una de las obscenidades de su círculo multitudinario, sostenía el periodista Dante Panzeri. Y no hace falta una muerte para reconocerla.