Las Abuelas de Plaza de Mayo pidieron ayer a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado que disponga la inmediata extracción de muestras de sangre, pelo y saliva de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera. Pero la magistrada empezó a analizar ayer el complejo cuadro judicial que afronta el expediente. Por un lado están quienes sostienen que Arroyo Salgado puede dar ya mismo el paso de convocar a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), concretar la extracción y ordenar de inmediato que se haga la comparación con todos los perfiles genéticos de las familias que buscan nietos. Otros, en cambio, afirman que la jueza tiene que esperar que la Cámara de Casación resuelva los recursos pendientes –de Abuelas, de las familias querellantes y del fiscal Raúl Plee–, que se presentaron el viernes. Otra opción es que Casación suspenda provisionalmente el trámite de los recursos, le devuelva el expediente a la magistrada para que haga la extracción y recién después, ya aseguradas las muestras genéticas, declare abstractos esos recursos.

El cuadro de situación pinta las enormes desconfianzas que mantienen las partes desde hace diez años.

Ni Abuelas ni los abogados de las familias querellantes, Alcira Ríos y Pablo Llonto, ni el fiscal Plee desisten de los recursos ante la Corte Suprema. El motivo es sencillo: “Supongamos que nos echamos atrás porque ellos ya dijeron que se sacaban la sangre –explicó–. De golpe ellos se arrepienten con un simple escrito diciendo que no se sacan nada, y otra vez estamos en cero. Lo que corresponde es que mantengamos los recursos y, en todo caso, que Casación suspenda los efectos, le diga a Arroyo Salgado que proceda con la extracción y si se hace, quedarán abstractos nuestros recursos, algo que deberá declarar Casación”. El viernes, Alcira Ríos le dijo a este diario que no da marcha atrás con la apelación a la Corte Suprema porque su parte no quiere dejar sentado ningún precedente de límites en las comparaciones de los perfiles genéticos. Casación dijo que se podía comparar únicamente con las familias cuyas hijas fueron secuestradas hasta la fecha en que los jóvenes fueron supuestamente adoptados. Ríos explicó que eso era, de hecho, convalidar fechas de las adopciones falsas pergeñadas por los represores.

Queda entonces planteada la duda de si la jueza va a esperar o no lo que diga Casación y también qué es lo que va a contestar el tribunal.

Al mismo tiempo, Arroyo Salgado se disponía ayer a analizar la presentación de los abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera. El texto incluye una cantidad de consideraciones que la magistrada seguramente va a evaluar: “renunciamos a nuestros derechos constitucionales”; “el ejercicio de nuestros derechos ha sido fuente de ataques”, pero, sobre todo, en ninguna parte de la presentación se sostiene que Marcela y Felipe aceptan la extracción de muestras de sangre, saliva y pelo, sino que se dice en forma un poco confusa que “se fije una fecha para nuestra concurrencia al BNDG para la extracción de muestras”. Tal vez se trate únicamente de un tema de redacción, pero lo más probable es que Arroyo Salgado convoque a los jóvenes a su juzgado para que firmen ellos personalmente –no sólo sus abogados– el pedido de que se les saque sangre, pelo y saliva. Además, que queden claras las reglas de juego y, entre otras cosas, establecer que las muestras quedarán en el BNDG para el caso de que aparezcan nuevas familias que están buscando a nietos. Este año, por ejemplo, ya se sumaron diez familias, en algunos casos porque recién ahora se enteraron –por algún testigo– de que su hija estaba embarazada o porque recién ahora se animan a dar un paso que antes no querían o anímicamente no podían dar.

Abuelas insistió en que las cosas se hagan rápidamente. “Se pide a la jueza la inmediata realización de la prueba porque consideramos que quedó firme su resolución de diciembre en la que ordenaba la extracción de muestras –dice la presentación hecha por Iud–. Ese mes, Felipe y Marcela no acataron la decisión de la jueza y los recursos presentados quedarían sin efecto, por lo que no hay nada que obstaculice la inmediata realización de la prueba.”