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La causa en la que se investiga el posible pago de sobornos a funcionarios y jueces de la Cámara de Casación Penal para beneficiar a los detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra suma novedades. El juez federal Luis Rodríguez allanó la caja de seguridad que tiene en el Banco Galicia el vicepresidente de la empresa Belgrano Cargas, Angel Stafforini, también contador de la Unión Ferroviaria (UF) y hombre de suma confianza de su titular, preso por el homicidio, José Pedraza. Ambos fueron imputados en un dictamen del fiscal Sandro Abraldes por haber entregado importantes sumas de dinero al abogado Octavio Aráoz de Lamadrid y al lobbista y agente de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) Juan José Riquelme para que ejercieran sus influencias en tribunales, lograran que la causa quede asignada a jueces amigos y compraran su voluntad.

En el procedimiento, que se hizo la semana pasada, se secuestraron algo más de 50 mil dólares, un arma calibre 32 y la documentación sobre otro revólver, calibre 38. La medida fue una de las tantas con las que se intenta corroborar de dónde salieron los 50 mil dólares que Stafforini llevó al estudio de Aráoz de Lamadrid el 1º de febrero último y que tenían como supuesto destinatario un empleado de Casación, Luis Ameghino Escobar, quien había realizado unos días antes el sorteo informático del expediente de modo tal que le tocara a la Sala III del tribunal. Según se desprende de las escuchas, el dinero habría sido tomado de las arcas de Belgrano Cargas y fue objeto de debate entre Stafforini y Pedraza sobre cómo respaldarían la operatoria. El fiscal entonces a cargo, Mariano Solessio, allanó el estudio de Aráoz enseguida y el dinero fue secuestrado.

Aráoz de Lamadrid, quien hasta noviembre defendió a uno de los detenidos de la patota ferroviaria, fue secretario letrado de Eduardo Riggi, uno de los integrantes de la Sala III, donde trabajó trece años también junto con Ameghino Escobar. Riquelme es un viejo conocido en la Casación.

Por tareas de inteligencia los investigadores determinaron que Stafforini tenía una caja de seguridad en un banco cercano a su despacho. La suma hallada en la caja de seguridad es similar a la encontrada en el estudio de Aráoz de Lamadrid. Sobre las armas, se investigará si fueron utilizadas en algún hecho delictivo, dijeron allegados al caso. Además, casualmente, las armas utilizadas en el homicidio del militante del Partido Obrero (PO) nunca se hallaron. Como sea, en la fiscalía de Abraldes no veían la necesidad de buscar más pistas sobre el origen del dinero ya que surgiría con bastante claridad de las escuchas. Es más, Abraldes pidió ya hace un mes la detención e indagatoria tanto de Stafforini como de Pedraza, Aráoz, Riquelme y Ameghino Escobar, pero el juez Rodríguez dijo que faltaban medidas probatorias.