El Gobierno promulgó ayer la modificación al Código Penal, a través de la cual se tipifica el lavado de dinero como delito autónomo. La ley permitirá evitar y sancionar las maniobras de lavado de activos sin necesidad de una causa previa. Tal como anticipó a Página/12, el nuevo régimen, aprobado el mes pasado en el Congreso se publicó en el Boletín Oficial con el veto del Ejecutivo al artículo 25, que impedía a la Unidad de Información Financiera (UIF) actuar como querellante en este tipo de causas. Esta promulgación se convierte en un fuerte respaldo a las presentaciones que el titular de la UIF, José Sba-ttella, y el ministro de Justicia, Julio Alak, realizarán hoy ante las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en México. Ambos funcionarios rendirán examen ante el organismo fiscalizador, que decidirá si la Argentina conserva su status de país “confiable y cooperante” o baja una categoría.

A fines del año pasado el GAFI realizó una evaluación de lo actuado por la Argentina en materia de lucha contra el lavado y financiación del terrorismo durante el período 2004-2009. El informe concluyó con que el país no cumplía con 47 de las 49 recomendaciones que consideraba necesarias en esa tarea. El Gobierno presentó, en respuesta, un plan de acción que incluía todos los señalamientos del GAFI, con lo cual logró un período de gracia –hasta noviembre próximo– para que los pusiera en práctica. Según explicaron a este diario altas fuentes de Justicia, en junio se terminó de cumplimentar con todo lo prometido por el país ante el organismo. De hecho, el ala regional Gafisud ya dio el visto bueno sobre los avances que lleva encarados el país, casi cuatro meses antes del plazo establecido.

En la serie de recomendaciones incumplidas por la Argentina el GAFI hizo siempre especial hincapié en la necesidad de que promulgue una ley que modifique el Código Penal para permitir sancionar el lavado de activos como “delito autónomo”. En ese momento el lavado se lo consideraba como parte de otros ilícitos previos, como narcotráfico, robo, corrupción, terrorismo, tráfico de armas o trata de personas. Para evitar sanciones internacionales la oposición aceptó trabajar en la discusión de la norma. Desde un principio hubo acuerdo en la tipificación del delito, pero la oposición solicitó una nuevo esquema de nombramiento para las autoridades de la UIF y que la entidad no actúe como querellante. La UIF detentaba desde fines de 2008, a partir de un decreto, la posibilidad de intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investiguen delitos tipificados de lavado.

Durante el debate de esta norma el oficialismo hizo algunas concesiones para dar un rápido tratamiento. Así se aprobó la iniciativa en ambas Cámaras con la incorporación del artículo 25 que contemplaba que la UIF “no podrá constituirse como parte querellante en procesos penales”. En el equipo de colaboradores de Sbattella no ocultaron su malestar por esa disposición, dado que la ley tal cual salía del Congreso limitaba la capacidad de control del organismo. El arco opositor aseguraba que esa potestad sería utilizada por el Gobierno para extorsionar a sus adversarios políticos. Ese argumento fue refutado dado que en el proyecto se dispuso que las autoridades de la UIF se nombrarían por concurso, pero igual se mantuvo para acelerar la aprobación.

Tal como anticipó este diario, el Ejecutivo promulgó la norma al tiempo que vetó esa parte de la ley. “Obsérvese el artículo 25 del Proyecto de Ley. Con la salvedad señalada en el artículo precedente, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación”, se expresa en la publicación en el Boletín Oficial. La decisión se justificó en que la UIF es actualmente querellante en cinco causas de lavado de activos y, por requerimiento de jueces, colabora en más de 70 procesos penales.

La promulgación del nuevo régimen penal se publica horas antes de que el ministro Alak represente al país en un nuevo plenario del GAFI. En la reunión del principal foro intergubernamental de prevención y lucha contra el lavado de dinero, el funcionario encabeza la delegación argentina conformada por Sbattella y el jefe de Gabinete del ministerio, Juan Martín Mena. En el encuentro se analizarán los reportes de seguimiento de distintos países sobre la implementación de las recomendaciones del organismo. Las autoridades argentinas mostrarán entonces lo actuado en su plan de acción, a partir del cual actualizó su normativa con más de 25 resoluciones.