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La diputada nacional por el PRO Cornelia Schmidt-Liermann se muestra interesada últimamente en el problema de la violencia en el fútbol y –de paso cañazo– acusó al gobierno nacional de tener “poca voluntad” de solucionar el tema. Dijo la diputada: “Cuando hablamos de erradicar la violencia, nos referimos a la necesidad de terminar con el crimen organizado de las barras que se mueven con total impunidad en los estadios”. Hasta aquí, de acuerdo. Pero habría que extender las responsabilidades a hinchas, dirigentes, legisladores, gobernantes y, por supuesto, a los periodistas. Este problema demanda un debate abierto y honesto de las partes, pero ¿quiénes realmente están dispuestos a ello?

El de la violencia es un problema viejo. Viene desde los años ’60, cuando se instaló la idea de un fútbol espectáculo. Los padres de la criatura fueron dirigentes como Alberto J. Armando (presidente de Boca) y Américo Vespucio Liberti (presidente de River), quienes alimentaron la creación de estos grupos con la no tan ingenua intención de aportar desde las tribunas un plus que contribuyera a mejorar los rendimientos deportivos de sus equipos.

Después vino el desmadre, el descontrol y los centenares de hinchas que año tras año van engrosando la lista de muertos por la violencia. El problema es cada vez mayor, porque ha aumentado considerablemente el poder que los barrabravas fueron adquiriendo dentro de los clubes. Se pueden contar con los dedos los dirigentes que, como Javier Cantero (Independiente) o Alejandro Korz (Atlanta), intentan dar pelea contra los barrabravas que, organizados como bien señala la diputada, manejan distintos negocios dentro de las instituciones, cuando no reclaman para sí alguna porción de las transferencias de los futbolistas.

Por supuesto que a las autoridades les caben las responsabilidades, pero también les caben a los jugadores que les dan dinero a los violentos, o camisetas para ser negociadas; a los periodistas que hacen la vista gorda, porque ‘de eso no se habla’ y, por supuesto, a los políticos oficialistas y opositores, que utilizan a los barras como fuerzas de choque propias.

No puede soslayar la legisladora del PRO algunos datos radicales que surgen de la mera inspección ocular en los estadios del fútbol argentino: la connivencia de los dirigentes con los violentos. En Boca, el club que el líder de su partido y jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, presidió durante casi 11 años, la barra brava ha experimentado un crecimiento exponencial durante esos años, y la tendencia continúa, La Doce pasó de ocupar el centro de la tribuna media del arco que da a Casa Amarilla a ocupar entre el 70 o el 80 por ciento de la misma; incluso en la temporada pasada, hubo un partido en que el club xeneize llegó a tener dos barras bravas, una por tribuna.

Y sepa la diputada que en el fútbol es una verdad de evidencia inmediata que las barras crecen cuando se les llenan los bolsillos a sus líderes y capitanes. La excusa puede ser la convivencia pacífica: eso es algo que también deberían debatir los dirigentes en el seno de la AFA, porque es seguro que hay quienes piensan que es mejor negociar con los violentos que intentar erradicarlos. Hay en esto muchos intereses en juego, incluyendo el dineral que se gasta en operativos de seguridad. Los dirigentes gastan tanto en operativos como en las prebendas que les dan a los violentos para asegurarse su control: entradas, micros, privilegios, concesiones, en fin, negocios todos rentables.

Puede la diputada Schmidt-Liermann recorrer La Bombonera un día de partido. Puede ver también que esos días dentro del estadio se instalan puestos de venta de merchandising “trucho”, que son regenteados por La Doce. Ese es el precio que se paga por el aparente orden. Puede, aprovechando la cercanía de su partido con la dirigencia, preguntar quiénes son los que manejan el estacionamiento en las cercanías del estadio, espacios por los que los hinchas deben pagar hasta 40 pesos por partido. Puede también preguntar desde su investidura a las autoridades del club si también desembolsan coimas para la policía, como en su momento les fueron requeridadas a las flamantes autoridades de Independiente, aunque no lo admitan públicamente, y como de seguro pagan los dirigentes de tantos otros clubes.

“Vamos a terminar con la violencia en las canchas cuando el Ejecutivo convoque a todos los sectores para elaborar un plan integral que permita erradicar este flagelo”, asegura la diputada. Quizá tampoco sepa que el actual presidente de Boca, Daniel Angelici, quien llegó al poder de la mano de Macri, fue uno de los primeros dirigentes del fútbol en darle la espalda a Cantero, cuando éste y sus compañeros de gestión iniciaron la “cruzada” para intentar eliminar de una buena vez a los violentos del fútbol.

Algo huele mal en el fútbol argentino, y no sólo por las responsabilidades que le pueden caber a este Gobierno, o a cualquier otro, sino por las responsabilidades primeras que les caben y no asumen las dirigencias, de cualquier color y de cualquier signo político.