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El fiscal federal Jorge Di Lello analiza pedir al juez del fuero comercial a cargo del expediente de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica una medida por la cual se impida el pago de deudas de la empresa si no se identifican las personas físicas que lo recibirían. Allegados a la fiscalía dicen que la iniciativa apuntaría a “preservar la investigación” y a establecer un camino alternativo para saber quiénes son los verdaderos dueños de The Old Fund, el fondo de inversión que hasta ahora controlaba a la imprenta, a la que rescató de la quiebra y cuya única cara visible es Alejandro Vandenbroele.

La medida que impulsaría Di Lello, de todos modos, deberá esperar a la promulgación de la ley de expropiación y habrá que ver qué deudas apunta a pagar el Estado. El juez Ariel Lijo, a cargo del expediente penal, es quien formalmente debería requerir a su colega comercial Javier Cosentino que identifique a los posibles destinatarios del cobro de acreencias y eventuales remanentes, lo que podría incluir no sólo a la AFIP sino a diversos proveedores, a la propia The Old Fund y a los Ciccone. A Lijo y Di Lello les importa saber de quién es el fondo de inversión que pagó casi 50 millones para levantar la quiebra porque en ellos buscan posibles conexiones con el vicepresidente Amado Boudou y establecer si como ministro de Economía actuó para favorecer a alguien. También buscan rastros de maniobras de lavado de dinero que pudieran haber confluido en el negocio. Para esto último será clave un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Di Lello además pidió medidas preliminares por una denuncia por presunta incompatibilidad de funciones de Katya Daura, presidenta de la Casa de Moneda, designada como subinterventora por dos meses, en la ex Ciccone, actual Compañía de Valores Sudamericana (CVS). Requirió el contrato para la impresión de billetes que se había firmado entre ambos en abril último. Todavía la fiscalía no decidió si impulsará una investigación propiamente dicha sobre esa cuestión.

En tanto, los diputados radicales Juan Pedro Tunessi y Hugo Maldonado le pidieron al juez Lijo, tras la aprobación de la ley de expropiación de Ciccone, que asegure las pruebas de la investigación.