Un meticuloso informe de los casos de tortura y la lógica de su funcionamiento en seis cárceles federales y 21 unidades dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense, además de tres institutos provinciales para adolescentes, revela que en 2011 se produjeron 791 casos de torturas y malos tratos, sobre 436 víctimas. El informe, presentado en la Facultad de Derecho, es el resultado de un trabajo en conjunto entre la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Germani. Los datos son provistos desde el Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos, que analiza los 11 ítems que son considerados tortura y/o trato degradante según recomendaciones de las Naciones Unidas.

El informe del Registro Nacional revela cifras estremecedoras pero su objetivo, según señalan las recomendaciones del Subcomité Contra la Tortura de la Naciones Unidas, más que denunciar cuando ya se ha producido el delito, es monitorear para conocer su lógica y mecanismo que la posibilita, con el último fin de evitar que se produzca. Para ello, los tratados internacionales que han sido firmados por Argentina señalan la obligatoriedad de constituir un Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, que deberá constituir un comité de expertos independientes del poder político y judicial, con amplias facultades para visitar cualquier unidad de detención de personas (esto incluye comisarías, encierro de adolescentes, psiquiátricos, además de cárceles) sin previo aviso. Además deberá conformar un Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos destinado a registrar no con fines estadísticos sino de estudio de los mecanismos que posibilitan la tortura. En este caso, el registro fue creado antes que su creador, ya que el proyecto de ley para constituir el Mecanismo tiene media sanción en Diputados (con obvio acuerdo del oficialismo), pero se hamaca en el Senado esperando que algún video lo dispare.

Sin video, y por ahora sin Mecanismo, el RN revela usos y costumbres prohibidos, pero difíciles de extirpar, en un amplio espectro carcelario, ya que entre el SPF y el SPB se reúnen las dos terceras partes de los 65 mil detenidos del país. El informe trabajó sobre 11 ítem previamente definidos como tortura según cánones internacionales: agresiones físicas; aislamiento; requisa personal vejatoria; amenazas; traslados gravosos; traslados constantes; malas condiciones materiales de detención; falta o deficiente alimentación; falta o deficiente asistencia de la salud; robo de pertenencias por parte de funcionarios; impedimentos de vinculación familiar y social. La lista de 11 rubros parece indicar –especialmente a jueces y fiscales– que prácticamente no hay unidad de detención que pueda eludir el registro de torturas.

En el informe se observa que los varones jóvenes son los que más sufren torturas. De los 791 casos, el 91,8 por ciento son varones y casi el 80 por ciento (78,8) tiene 34 años o menos. El grupo más numeroso en el que se concentra el maltrato es el de entre 24 y 34 años, con el 48,2 por ciento. El tipo de tortura padecido más habitual son las agresiones físicas, ocurridas en 584 de los 791 casos (73,8 por ciento). El aislamiento lleva el 66 por ciento. La sumatoria total de casos supera ampliamente el ciento por ciento de la muestra (401,1 por ciento). Para los investigadores esto demuestra que los denunciantes sufrieron en promedio en los dos últimos meses previos a la entrevista cuatro tipos de tortura sobre los 11 delimitados. Según dijo a Página/12 Roberto Cipriano García, director del CCT de la CPM, “da cuenta de la multidimensión de la tortura, se trata de situaciones combinadas y agregadas: al tipo que fue apaleado, lo bañan en agua helada para borrarle las marcas, lo encierran en un buzón quince días, le dan pan y agua, no lo dejan ver la luz ni puede recibir visitas, y lo terminan trasladando lejos después de robarle todas sus pertenencias”.

Francisco Mugnolo, titular de la PPN, dijo a este diario que “no es una aparición oportunista en un momento de tanto debate sobre cárceles; venimos trabajando hace tres años, determinando cómo se debe registrar; nos llevó un año el protocolo de cómo se hace el registro. El informe nos dice que no cambió nada, que las prácticas continúan”.

–¿Hubo modificaciones entre la anterior gestión del SPF y la actual? –preguntó este diario.

–Hortel lleva apenas un año y medio. La práctica sigue, la diferencia es que cuando denunciamos casos, él no los consiente. No impide que se investigue. Y ordenó, por ejemplo, que se retirara el equipo de abogados del Estado que defendían a los penitenciarios acusados de torturas.

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