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En este fútbol argentino en el que se esconden contratos, se roban porcentajes, se dibujan balances, se evaden impuestos, se triangulan transferencias, se conspira en los rincones para obtener una mayor porción en el reparto de la torta del fútbol y las barras bravas experimentan un crecimiento exponencial porque se les facilitan negocios –control de estacionamiento, merchandising, puestos de comidas, viajes, indumentaria, etcétera...– y se malgastan fortunas en operativos de seguridad y también “contribuciones” a jefes policiales, como alguna vez denunciaron ante la prensa ex dirigentes de Independiente, lo único que no se puede esconder son los muertos.

Cada vez que se suma un muerto más a la trágica lista del fútbol, dirigentes y funcionarios unifican criterios y condenan los hechos de violencia en cuanto micrófono se les presenta. Esta semana no fue la excepción. Claro que no podía ser de otra manera, porque en menos de seis días la violencia en el fútbol sumó la escabrosa cifra de cuatro asesinados. El último fue el Petiso Ariel, barrabrava de Ituzaingó, acribillado desde un automóvil tras una pelea que dejó dos heridos de arma blanca, y todo por cuestión de negocios, de pujas por el reparto de los ingresos ilegales que generan los violentos alrededor de los clubes.

La seguidilla de muertos la abrió el jueves pasado Isaías Ruzak, barra de Almirante Brown, que debía jugar su partido con Estudiantes de Caseros, pero que finalmente fue suspendido debido a la batalla campal entre los violentos de La Fragata. El pasado lunes se le sumó el barra de San Telmo Daniel Sánchez, emboscado a balazos por la barra brava de Dock Sud y, un día más tarde, se les sumó otro de los heridos en la balacera, Javier Araujo, que había sido internado de urgencia en el Argerich, pero malherido no aguantó.

No hace mucho, la Gendarmería allanó las instalaciones de Excursionistas para detener a integrantes de la barra brava que fraccionaban y vendían drogas en el club de Primera C. Poco después, los mismos socios denunciaron a barrabravas de All Boys por venta de drogas en las tribunas. El avance de los violentos en el fútbol es franco y radical. A los dirigentes, por obvias razones, les cabe una buena parte de la responsabilidad, más allá de que ante cada hecho puntual se muestren como víctimas y también compungidos. Cuando era presidente de Boca, Mauricio Macri repetía que en su club no había barrabravas, y mentía descaradamente, como quedó registrado cuando los barras xeneizes atacaron a golpes y navajazos a sus pares de Chacarita durante un amistoso de entrenamiento dentro de la mismísima Bombonera. El año pasado fueron los violentos de Tigre, el club donde manda Sergio Massa, los que dieron la nota con balazos y muertes. Los violentos están prácticamente en todos los clubes, funcionan como grupos de choque de los dirigentes y, se sabe, comparten fuentes de ingreso de policías corruptos. Es por esa connivencia que no hay proyecto político ni de seguridad capaz de ponerle fin al problema. El ahora pospuesto sistema AFA Plus es un buen ejemplo de ello, como lo fueron en su momento las cámaras de seguridad o la aplicación del derecho de admisión, y mucho más atrás la famosa Ley De la Rúa, por la que supuestamente se debería castigar no sólo a los violentos sino también a sus protectores.

El gobernador bonaerense y candidato a la presidencia, Daniel Scioli, reclamó ayer “aislar” y “marginar” a los violentos del fútbol e instó a “ponerlos a disposición de la Justicia”. Lo dijo ayer durante la inauguración de un polideportivo municipal en el predio de Dock Sud. Sus palabras parecen apuntar a los dirigentes. Ojalá sea así y alcancen también a los funcionarios, los políticos, los punteros y las autoridades policiales, para que no haya que lamentar más muertes. Ya son 296.