La querella unificada que comparten el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el equipo jurídico KAOS y los abogados Pablo Llonto y Liliana Mazzea solicitó al Tribunal Oral Federal número 4 que pene con prisión perpetua a cuatro militares retirados y un ex miembro del Servicio Penitenciario Federal por secuestros y torturas cometidos contra más de 200 víctimas en el marco del segundo juicio que se lleva a cabo por delitos de lesa humanidad sucedidos en El Vesubio, centro clandestino de detención que funcionó en La Matanza, corazón del oeste bonaerense. En el alegato también se exigió que se investigue la complicidad del ex capellán del Ejército Emilio Graselli y la comisión de delitos contra la propiedad contemporáneos a las violaciones a los derechos humanos.

“Consideramos que la hipótesis acusatoria que planteamos al requerir la elevación a juicio ha sido corroborada a lo largo del debate: todos los imputados deben ser condenados por delitos de lesa humanidad”, advirtió la querella al iniciar su alegato. La exposición, de más de 100 hojas, recorrió particularidades de algunos entre las decenas de casos representados por la parte, explicó el funcionamiento del centro clandestino y los roles de los imputados en el plan clandestino de represión. Los secuestros, las torturas y tormentos, los delitos sexuales, la discriminación y los homicidios constituyeron una misma “unidad de acción” de los imputados dentro de El Vesubio.

Gustavo Cacivio y Jorge Crespi cumplieron tareas de inteligencia para el Ejército. Crespi, de sobrenombre Teco, fue jefe de esa área en la brigada décima, bajo cuya órbita funcionó El Vesubio, y titular de la Central de Reunión de Información, una base de datos respecto de militantes que unificaba la labor de inteligencia de toda la zona. Cacivio fue jefe del centro clandestino de detención en análisis, pero no fue el único espacio en el que se desempeñó como brazo operativo del terrorismo de Estado durante la última dictadura. Hace un mes fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en La Cacha.

Federico Minicucci y Faustino Svencionis fueron jefes de Area del Regimiento III General Belgrano con asiento en La Tablada. Tuvieron, según el alegato, “responsabilidad directa e indelegable de las actividades” que sucedieron en el marco de la por los genocidas llamada lucha contra la subversión. Svencionis falleció el jueves, pero la querella unificada solicitó condena para él en función del “derecho a la verdad de las víctimas”. Néstor Cendón fue nombrado subayudante con funciones en la Dirección General del Cuerpo Penitenciario y mantuvo ese cargo hasta el cierre del centro clandestino. Su alias era Castro. Para todos, la querella pidió prisión perpetua. Además, solicitó que ordene una investigación sobre la responsabilidad de Graselli en lo sucedido en El Vesubio, así como los delitos contra la propiedad. “De los relatos escuchados en el juicio surge que las casas de las víctimas fueron saqueadas, que en muchas oportunidades se quedaron con las propiedades, que pedían dinero a cambio de la liberación de los familiares que finalmente no se producía”, explicaron desde el CELS.