Dos proyectos de ley, que a su vez apuntan a modificar o reemplazar las tres normas vigentes sobre violencia en el fútbol de alcance nacional (la 23.184, de 1985; 24.192, de 1993 y 26.358, de 2008) vuelven a colocar la mira en el Congreso para ver qué respuesta dará a un tema inflamable cada vez que una muerte acompaña a las crónicas deportivas. El más reciente acaba de salir de la Secretaría de Seguridad de la Nación a cargo de Sergio Berni, y el anterior es una iniciativa de 81 artículos consensuada en el Congreso por diputados oficialistas y opositores. Incluso quedó en el camino una propuesta del ex diputado Martín Insaurralde que contaba con el respaldo del gobernador bonaerense Daniel Scioli para modificar el Código Penal y tipificar la figura del barrabrava. La AFA ya recibió una copia de ambos proyectos y tiene una visión crítica, porque podrían caerle juicios en cadena que también alcanzarían a sus clubes afiliados. Para analizarlos contrató a un estudio de penalistas y le pidió su opinión a un especialista en el sistema de ingresos a los estadios. Los dirigentes, con el presidente Luis Segura al comando, tienen la palabra. Y están en un brete. Los cambios que se pretenden en las leyes vienen alentados por su socio en el Programa Fútbol para Todos: el gobierno nacional.

La AFA, como organizadora del espectáculo, encuentra en el artículo 3º del proyecto discutido en la Cámara de Diputados, un motivo de gran preocupación. Porque menciona como entidades sujetas a la norma a la propia asociación, Futbolistas Agremiados y los dos sindicatos de árbitros, la AAA y el Sadra. Un dictamen de su asesoría letrada señala: “La imprecisión de los principios sentados hace que el régimen que se pretende establecer merezca reparos”. En cambio, el borrador de 56 artículos que redactó la Secretaría de Seguridad habla –en el 3º– de algo mucho más vago. Define a la institución organizadora como “la entidad participante de un evento futbolístico en cuyas instalaciones se realice el mismo”. Y aclara que cuando un partido se juegue en cancha neutral, las obligaciones serán de los dos clubes que se enfrenten y del dueño de las instalaciones. No menciona a la AFA, la exime de su responsabilidad objetiva como asociación que tutela el fútbol.

Los proyectos fueron entregados en mano a los integrantes del Comité Ejecutivo de la AFA, no para su aprobación, pero sí para tantearlos de cómo ven los cambios que se proponen. La asociación que preside Segura no es un actor de reparto en este tema. La FIFA le cuida la espalda y, se sabe, su alcance transnacional, es equivalente al poder de un estado con sus propias leyes. Ya lo sufrió hace muy poco el gobierno de Syriza en Grecia, que intenta cambios en el Congreso con una nueva ley antiviolencia. Eso no significa que aquí vaya a suceder lo mismo. La AFA, aún sin la presencia de su viejo protector Julio Grondona, representa a un fútbol con mayores logros y espesura internacional.

Ayer se cumplieron quince años de una situación que se vincula con el tema de esta nota y prueba hasta dónde irradiaba poder el dirigente fallecido el 30 de julio de 2014. El 9 de mayo de 2000, se presentó en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados para responder qué medidas había tomado la AFA para contrarrestar la violencia en el fútbol. Apremiado por las preguntas de los legisladores, optó por la vieja táctica que dice la mejor defensa es un buen ataque. Y los desafió: “¿Cuántos empleados de acá son barrabravas?”.

Hoy sería impensable que Segura –un hombre sin el carácter de Grondona– desafiara a un diputado oficialista, a Berni o a cualquier otro representante del gobierno nacional o de la oposición en el Congreso. También es muy improbable que la AFA haga algo contra la violencia en el fútbol por voluntad propia. El “todo pasa” que pregonaba su patriarca sigue vigente.

El proyecto del secretario de Seguridad se discutió a mediados de semana en el Consejo Federal de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos. Darío Ruiz, un colaborador de Berni y secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, informó que “los dos puntos más importantes del proyecto de ley son las mejoras de infraestructura en los estadios y la posibilidad de que el Estado esté a cargo del derecho de admisión”.

En el encuentro participó Alejandro Rodríguez, el secretario de Deportes bonaerense que defendía el proyecto de Scioli-Insaurralde basándose en dos ejes: la tipificación penal de la figura del barrabrava y de la reventa de entradas. La primera no figura en el proyecto que Berni le propuso al Congreso y la segunda aparece en el artículo 31: “Será reprimido con pena de veinte a doscientas unidades de multa, la persona física que revendiere boletos de entrada para los eventos futbolísticos, bien sea que los haya obtenido a título gratuito u oneroso...” Será agravante para la sanción –como dice el artículo 33– que participe en el delito un dirigente o integrante de subcomisión de cualquier club.

El régimen penal y la responsabilidad civil que establecen los proyectos de ley son cuestionados por la AFA. El artículo 48 de la norma que se discute en la Cámara Baja es uno de los que más inquieta a los dirigentes del fútbol: “Las personas físicas y/o jurídicas que tienen a su cargo la promoción, organización, auspicio o realización de un evento futbolístico conjuntamente con las entidades o asociaciones participantes del mismo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en el ámbito en el cual se desarrolla el evento y en sus inmediaciones”.

Sobre el artículo anterior, en la asociación que preside Segura se redactó un dictamen donde dice que “en forma explícita AFA será responsable en cualquier caso –reiteramos que la responsabilidad será objetiva y sin posibilidades de eximirse– de las consecuencias de los miles de eventos deportivos que semanalmente se lleven a cabo en el territorio de nuestro país, lo que resultará materialmente imposible...”

Según estadísticas del Consejo Federal, solo las 210 Ligas del Interior, que son indirectamente afiliadas de la asociación, organizan cada fin de semana unos 7.750 partidos en sus distintas categorías. “Para la ley, no hay diferencia entre Boca y un equipo de la Liga de Quitilipi, en Chaco”, dijo con sorna una fuente de la AFA. Ninguno de los sectores responsables por tanta violencia quiere pagar los costos pasados y futuros de este problema.