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La AFIP denunció penalmente por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y su hijo Mariano. Los tres argentinos están imputados en la investigación a miembros de la FIFA por coimas y pagos ilegales de comisiones por 150 millones de dólares promovida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esa dependencia del gobierno estadounidense solicitó formalmente el miércoles la detención y extradición de los hombres de negocios. Ayer, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó el pedido de eximición de prisión para los empresarios. La presentación judicial de la AFIP también incluyó a las firmas que esos hombres de negocios encabezan: Torneos y Competencias (TyC) y Full Play. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que el Gobierno podría solicitar la intervención judicial de TyC (ver aparte) donde además de Burzaco también son accionistas las empresas Directv Latin America, DLN Offshore Partners, Esteban Antonio Nofal e Inversora de Eventos SA, propiedad del Grupo Clarín.

El miércoles se conoció una acusación del Departamento de Justicia norteamericano contra directivos de la FIFA y empresarios vinculados al negocio del fútbol involucrados en un amplio listado de hechos de corrupción. La investigación fue posible gracias a Chuck Blazer, un ex directivo de la Concacaf que colaboró con el FBI para disminuir su condena luego de ser hallado culpable en 2013 de diferentes delitos, desde evasión fiscal hasta blanqueo de dinero y conspiración. La denuncia, que ya llevó al arresto de siete directivos del fútbol mundial, acusa al fallecido presidente de la AFA y número dos de la FIFA, Julio Humberto Grondona, de recibir sobornos millonarios por la cesión de los derechos televisivos de la Copa América.

Con abundante evidencia, el informe de las imputaciones sostiene que la empresa Datisa, formada por TyC, la compañía Full Play de los Jinkis y la brasileña Traffic, “acordó pagar 100 millones de dólares en sobornos a dirigentes de la Conmebol –quienes eran dirigentes de la FIFA– a cambio del contrato 2013 de la Copa América: 20 millones por la firma del contrato y 20 millones por cada una de las cuatro ediciones (2015, 2016, 2019 y 2023). Cada pago sería dividido entre los receptores de la siguiente manera: tres millones para cada uno de los tres máximos dirigentes de la FIFA (el presidente de la Conmebol y los presidentes de las federaciones brasileña y argentina)”.

La AFIP radicó ayer su denuncia en la Justicia local contra los individuos físicos y jurídicos argentinos comprometidos en la causa. Busca determinar “el correlato local de las imputaciones efectuadas por la autoridad extranjera” ya que los actos investigados en Estados Unidos incluyen “la ocultación y sustracción de la tributación correspondiente a las operaciones de contenido patrimonial entre particulares”.

La demanda recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2 a cargo de Diego García Berro. Desde el organismo fiscal rechazaron que la denuncia busque proteger a los imputados al impedir su extradición. Enfatizan, en cambio, que están obligados a denunciarlos ya que los hechos investigados en Estados Unidos “tienen un correlato inexpugnable en la comisión de delitos de evasión fiscal, asociación ilícita y encubrimiento de activos provenientes de actividades ilícitas”.

El organismo que encabeza Ricardo Echegaray solicitó al juez que se libren exhortos a las autoridades norteamericanas “con el fin de certificar los hechos objeto de imputación, las circunstancias en las cuales se realizaron, los sujetos intervinientes, las hipótesis de investigación y la prueba colectada”.

La denuncia de la AFIP suma información sobre los imputados. Los Jinkins controlan la empresa Full Play, dedicada al marketing deportivo y posee los derechos de televisación de la mayoría de las selecciones sudamericanas y algunas de la Concacaf. Además de encabezar la compañía, Hugo y Mariano participan en sociedades radicadas en España (Futbolesp y Full Play) y Panamá (Calcio One). Padre e hijo tienen su domicilio fijado en Montevideo. Por eso también se solicita el pedido de información a esas jurisdicciones. Sobre Burzaco, hermano de Eugenio, el ex jefe de la Policía Metropolitana, la presentación judicial agrega información sobre sus propiedades inmuebles en Pilar, Punta del Este y Capital Federal donde la valuación fiscal es superior al valor declarado del inmueble.

“La FIFA nunca colaboró con la transparencia fiscal del fútbol. Mediante una nota, el 30 de abril de este año (que fue recibida el 11 de mayo), reiteramos nuestro pedido al presidente de la entidad, Joseph Blatter, por la falta de colaboración de la FIFA ya que, y a pesar de los compromisos asumidos, no le dio a la AFIP la posibilidad de obtener acceso al Registro de Transferencia de Jugadores”, señalo Echegaray.

Blatter se había comprometido con Echegaray, en marzo del año pasado en Zurich, a instrumentar un proceso para que la autoridad fiscal pueda obtener información del sistema TMS. Esto le hubiera permitido al organismo obtener información detallada sobre los verdaderos valores de las operaciones de compraventa de futbolistas y restringir las maniobras de evasión impulsadas por los hombres de negocios del fútbol. En aquel encuentro participó también el extinto mandamás de AFA y número dos de la FIFA.