Tras meses de escándalo en escándalo, la golpeada Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) afronta la semana posiblemente más importante desde su fundación, en 1904. La poderosa entidad elegirá el viernes al sucesor de Joseph Blatter en la presidencia, 273 días después de que estallara el FIFAGate en Zurich, la misma ciudad en la que se celebrará el Congreso extraordinario más esperado en años.

La votación del viernes en el Hallenstadion entre cinco candidatos, algo inédito en la historia de la FIFA, será el momento más importante de una semana en la que el organismo busca recuperar parte de la imagen perdida con la aprobación también de un paquete de reformas.

El jeque de Bahrein Salman bin Ibrahim al Jalifa es considerado el candidato con más chances a ganar. Si consigue aunar los votos de las confederaciones asiática y africana será prácticamente invencible, a pesar de las críticas que recibió por posibles violaciones de los derechos humanos en su país en 2011.

Gianni Infantino también estaría cerca del sillón presidencial. Sin embargo, el actual secretario general de la UEFA está por detrás de Al Jalifa. En las últimas semanas hubo muchos rumores sobre un posible pacto entre Al Jalifa e Infantino. Si el suizo se retira a última hora, podría ser secretario general de la FIFA con el jeque, pero Infantino negó que exista tal acuerdo.

El príncipe jordano Ali bin al-Hussein podría ser un actor determinante si logra sacarle algunos votos a Al Jalifa en Asia. Apoyado en las elecciones de 2015 por Europa, el jordano casi no tiene posibilidades de triunfar, ya que el Viejo Continente votará a Infantino. Los otros dos candidatos, también sin opciones, son el francés Jérôme Champagne y el sudafricano Tokyo Sexwale. No se descarta que Champagne y Sexwale puedan retirar a último momentos sus candidaturas.

Desde hace casi medio año hay una comisión encargada de proponer reformas. Sin embargo, las propuestas vienen más desde la figura de Domenico Scala, jefe de la comisión de auditoría de la FIFA, que de la comisión de reformas, donde se sientan algunos de los antiguos miembros del comité ejecutivo. El objetivo final es que el futuro presidente sea más un representante que un gobernante. El ejecutivo dará paso a un consejo que actuará como un órgano de vigilancia. Nadie podrá ocupar un asiento más de doce años (tres mandatos de cuatro años), mientras que el secretario general y los comités permanentes tendrán más competencias con el nuevo formato. Sólo se podrá acceder a los principales cargos después de superar un examen de integridad externo. Algunas reformas semejantes fueron sometidas a votación en un Congreso de 2014 y no se aprobaron. Para que salgan adelante se necesita una mayoría de tres cuartos de los presentes.