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Detrás de la quiebra de Ferro se encubre una trama que el ojo de una cámara oculta no alcanzó a develar en su totalidad. Más allá de un magistrado enérgico, de empresarios rapaces y socios complacientes, la debacle de esta institución de Caballito, que supo tener más de 30 mil socios en los años ‘80, se asemeja al derrumbe que, desde hace más de diez años, experimenta la clase media argentina. El juez Rodolfo Herrera, apartado del manejo de la quiebra del club tras una investigación realizada por el programa Telenoche Investiga, habría dictado esta medida para favorecer los intereses económicos del grupo gerenciador liderado por el empresario Gustavo Mascardi, según denunció un grupo de socios y ex dirigentes de la entidad ante la Justicia. Como consecuencia de esta presentación, el juez de Instrucción Martín Irigoyen reasumió, la semana pasada, las investigaciones sobre las presuntas irregularidades que habrían dado origen al quebranto de Ferro.
El club entró en Concurso Preventivo de Acreedores en 1997 y la causa recayó sobre el juzgado de Herrera, quien designó una sindicatura que se hizo cargo del manejo económico de la entidad. El pasivo posterior a este concurso se incrementó notablemente y tres años después, Ferro descendió a la B Nacional y a la Primera B Metropolitana en sólo ocho meses, en un caso único en la historia del fútbol argentino. Aunque las finanzas del club estaban supervisadas por Herrera, los socios eran todavía soberanos de elegir a sus propias autoridades. En julio de 2002, el magistrado convocó a su despacho al entonces presidente Guillermo Socino. Allí, sin dar muchas explicaciones, le comunicó que debía firmar un contrato por el cual un grupo empresario denominado Gerenciar S.A., capitaneado por el empresario Gustavo Mascardi, se encargaba del manejo administrativo del fútbol profesional.
Por intermedio de ese contrato, la empresa Gerenciar S.A. se hacía cargo del 30 por ciento del pase de todos los jugadores del plantel y le prestaba dinero al club para que abonase los sueldos de los futbolistas que actuaban en Primera. Así, Ferro se convertía en deudor del grupo empresario. Como contraprestación, Mascardi y su grupo arrimaron al club doce jugadores, cuyo salario se encargaba de cubrir íntegramente. Además, llevó un director técnico, Daniel Raimundo, cuyo nombre, sin embargo, nunca figuró en los formularios que la empresa entregaba al club en concepto de rendición de cuentas. En ese marco, Ferro contaba con jugadores del club, que cobraban cada tanto, y los de Gerenciar, que estaban al día con sus sueldos.
En octubre de 2002, en Ferro se realizaron elecciones para renovar la Comisión Directiva. Walter Porta, un joven de 31 años, asumió como presidente en un contexto económico y deportivo muy difícil. Había varios pedidos de quiebra sobre el club que todavía estaba en la Primera B. Pese a todo, la administración de Porta acordó varios planes de pago con distintos acreedores y comenzó a saldar deudas con los empleados.
La nueva Comisión Directiva dio un paso mucho más osado: cuestionó los términos contractuales del gerenciamiento del fútbol que, por intermedio del juez Herrera, Ferro había firmado con Mascardi. Le pidieron al empresario que incrementara sus aportes para que todos los jugadores estuvieran al día con sus sueldos. Gerenciar contraofertó: pidió la totalidad de los pases de los futbolistas Cristian Tula y Maximiliano Velázquez. Los dirigentes, en principio, rechazaron la propuesta y la empresa anunció que se retiraba de Ferro.
Pero según reseñó a Página/12 un miembro de la Comisión Directiva que presidía Porta, el mismo juez Herrera intercedió para que el vínculo con la empresa de Mascardi no se truncara. “Señores, yo no trato con pelotudos. Mascardi no puede irse de Ferro”, le habría indicado el magistrado a un directivo. Ante las presiones, Porta aceptó la continuidad del gerenciamiento y cedió los porcentajes de los jugadores en cuestión a la empresa de Mascardi.
A fines de diciembre de 2002, Ferro tenía depositados en el Juzgado que instruía el concurso 300 mil pesos, correspondientes a una deuda con la AFIP. Pero Herrera decidió hacer lugar a un pedido de quiebra formulado por un particular llamado Leonardo Ruperez, que poseía en su poder trece pagarés que contabilizaban 53 mil pesos. Aunque el ex presidente Socino y varios directivos explicaron en la causa que la documentación era falsa y la deuda no existía, el juez dictó el quebranto el 23 de diciembre de 2003. Herrera tomo posesión del club tres días después.
En esas horas, el juez citó a los empleados del club y les anunció que se cancelaban los suelos adeudados. ¿Con qué dinero? Herrera disponía de capital suficiente en su juzgado para pagar sueldos, pero no para evitar un pedido de quiebra que podía afrontar con los recursos que poseía.
A los pocos días de asumir la conducción de Ferro, y tras desplazar a sus legítimas autoridades, tal como lo marca la ley, Herrera llamó a licitación para gerenciar el fútbol profesional de la entidad. Hubo un solo sobre oferente: el de la empresa Gerenciar S.A., que retuvo el manejo del fútbol profesional, pero en términos más provechosos. La firma se quedaba ahora con:
- Los derechos económicos y formativos de más de 600 jugadores, desde la Primera hasta las categorías infantiles.
- El manejo del estadio para la realización de eventos extrafutbolísticos.
- La explotación de la confitería del club.
- La explotación de marcas, siglas, símbolos, colores y emblemas.
Como contraprestación, la empresa de Mascardi sólo debe abonar un 35 por ciento del total de las ganancias, si las hubiera en los libros contables de la empresa. En caso de vender algún jugador, Ferro recibiría un 10 por ciento neto del total de la operación. Todo esto por el plazo de 27 años.
Tras la quiebra, un triunvirato de dudosa constitución (ver recuadro) pasó a administrar los destinos de la institución. Porta pasó a presidir una Comisión Directiva residual que, sin suerte, planteó diversos rechazos a la quiebra y al contrato de gerenciamiento. El ascenso de Ferro a la B Nacional, a mediados de 2003, contribuyó apenas a crear un clima favorable al gerenciamiento entre los socios e hinchas.
Pero la revelación de la cámara oculta donde Herrera, junto con el socio Aleardo Etcheverri, planeaban un negocio inmobiliario en los terrenos adyacentes al estadio del club, desencadenó una nueva situación institucional. El juez fue removido y se le formuló en su contra un pedido de juicio político. Su reemplazante es la jueza Margarita Braga. Las autoridades residuales de Ferro pidieron una investigación de las actuaciones de quiebra y la revisión del contrato de gerenciamiento. El abogado y socio Eduardo Sreider se presentó a fin de año con documentación que acreditaba manejos irregulares en cuanto al gerenciamiento y consignó que al momento de la difusión de la investigación de Telenoche, existían tratativas para que una empresa de salud privada se quedara con el manejo de las instalaciones deportivas de la sede de Ferro, pero tras el escándalo, todo se diluyó.
Producción: Leonardo Castillo