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Sabe que en medio de las indagatorias y en plena investigación judicial su comentario va a ser irritante. Pero lo hace igual. El diputado Ricardo Falú, uno de los fundadores del kirchnerista Grupo Talcahuano, dice que el juez Rodolfo Canicoba Corral está dando demasiadas vueltas en la causa por las coimas en el Senado. “Fernando de la Rúa, Alberto Flamarique y Fernando de Santibañes ya deberían estar presos, igual que varios senadores. Tengo razones jurídicas para explicarlo”, desafía el tucumano, presidente de la Comisión de Juicio Político que impulsó la remoción de cuatro jueces de la Corte Suprema. En diálogo con Página/12 también alerta que en el Congreso aún pueden sobrevivir focos de corrupción.
Falú, de 53 años, fue profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Tucumán, juez de la Corte de esa provincia, redactó el Código Procesal local y fue ministro fiscal hasta antes de comenzar su carrera legislativa, a fines de 2000. Su pronóstico sobre el expediente de los sobornos es lapidario. “Así como va, quedará en el muestrario de la ineficiencia de la Justicia argentina”, dice. El diputado, a menudo transmisor de las ideas del Gobierno, plantea que deberían aplicarse varios delitos además del cohecho (coimas). Pero aunque se considere sólo ese, sostiene, los principales implicados deberían estar en la cárcel porque “su permanencia en libertad es nociva para la averiguación de la verdad”.
–¿Cómo justificaría usted, si fuera juez, las detenciones que reclama?
–Es cierto que el principio que rige es el de la libertad durante el proceso, hasta que haya una condena firme, sobre todo en delitos cuya pena mínima es menor a tres años. Pero el Código Procesal señala dos excepciones para procesar con prisión preventiva: que haya peligro de fuga del imputado y/o que pueda entorpecer la investigación. El juez puede aplicar la primera ante delitos graves si evalúa que, a futuro y por las penas previstas, corresponderá una condena de cumplimiento efectivo. En el caso de las coimas el juez está presuponiendo de antemano que se aplicará una condena condicional. ¿En base a qué? El cohecho prevé penas de uno a 6 meses a 6 años. Y no estamos hablando de cualquier caso. Para mí es el escándalo institucional más grave que conoció la Argentina constitucional, sin contar los golpes de Estado y los 30 mil desaparecidos. Podría pensarse cuanto menos en una pena intermedia, del orden de los 4 años. La segunda excepción, independiente de la pena posible, cabe cuando hay peligro de que se borren pruebas, que los imputados estén en contacto entre sí o generen otros obstáculos. En la causa de las coimas se dan las dos excepciones.
–Así dicho, podrían acusarlo de ser poco garantista. El delito de cohecho, usted mismo lo dice, es excarcelable.
–Yo parto de que es un caso gravísimo desde el punto de vista institucional. Esto no es lo mismo que si un empleado municipal hace una transacción para hacer zafar a un automovilista de una multa. Con los sobornos se puso en marcha un mecanismo de compra-venta de una ley, y no cualquier ley, sino una que atañe a los trabajadores, cuando la desocupación es la peor pesadilla del país. A eso se sumó el riesgo democrático, a partir de la renuncia de (Carlos) Chacho Alvarez y todo lo que vino después con diciembre de 2001. En la historia de la Banelco nació el “que se vayan todos”, la crisis de credibilidad en las instituciones. Entonces, no puede el juez suponer que no está dada la posibilidad de fuga y que va a haber una liviana condena de ejecución condicional. Si cree eso, desconoce el Código Penal que dice, artículos 40 y 41, que para graduar la pena hay que tener en cuenta (lee) “la naturaleza de la acción, los medios empleados, la extensión del daño, el peligro causado, los motivos del delito y las condiciones personales de los autores”.
–¿Cómo traduce esos puntos en este caso?
–Cuando hablo de la naturaleza y los medios me refiero al dinero, al soborno para conseguir una ley, ni siquiera una mera voluntad. La extensión y el peligro aluden a que se puso en riesgo la democracia. Hay elementos de sospecha de que intervinieron el ex presidente, ministros, secretarios y senadores de la Nación. Mayor es el deber de obrar con diligencia cuanto mayor la responsabilidad que se tiene. Eso es agravante. No es lo mismo el lobby que hacen algunas corporaciones para frenar leyes, acá hablamos de actos presidenciales y dinero público. No sé si hay cohecho más grave que este, tal vez el único más grave sería un acuerdo para un golpe militar. Este delito está tramitando como si fuera el hurto de una bicicleta o una coima para salvarse por estacionar en doble fila.
–¿Quiénes, concretamente, deberían estar presos?
–Los ex funcionarios de niveles más alto: presidente, ministro de Trabajo y jefe de la Side. Fernando de la Rúa, Alberto Flamarique y Fernando de Santibañes ya deberían estar presos, igual que varios senadores. La participación de Emilio Cantarero y de José Genoud aparece clara. Desde ya también la de Mario Pontaquarto, cuyo cargo de secretario parlamentario corresponde administrativamente al de senador. Esto sería una primera etapa, para luego seguir investigando hasta dónde llegó el soborno. Yo no estoy de acuerdo con la metodología que usa Canicoba Corral. Lleva la causa como una novela. Unos declaran antes de Navidad, otros después de Reyes, y todos se van enterando de lo que dicen los demás. No hay que esperar a tener plenitud de pruebas, la ley sólo exige elementos de convicción. Y que no se diga que la complejidad hace imposible adelantar la pesquisa, eso parte del “versario” judicial argentino.
–¿Cuáles son esos elementos de convicción, por ejemplo en el caso de De la Rúa, que todavía no fue citado a indagatoria?
–Después de la declaración de Pontaquarto, que lo involucra, hay sobrados elementos. El testimonio de Rodolfo Terragno, que era nada menos que el jefe de Gabinete, también es clave. El dice que si hubo soborno, De la Rúa no podía desconocerlo. A De la Rúa se lo debería indagar, procesar y dejar detenido con prisión preventiva. Hay elementos de sospecha que bastan. Sino sólo hay cohecho, llevando la prueba a un grado extremo, cuando se encuentra a la persona entregando el dinero y la otra guardándolo en el bolsillo con cien escribanos alrededor. Entre los que declaran ya ni siquiera niegan el soborno, dicen “yo no fui”.
–Con ese criterio, ¿todo presidente podría ser acusado ante actos de corrupción ligados a la función pública?
–No siempre estaría involucrado. De la Rúa no debe responder por lo que era sino por lo que hizo, porque hizo algo que no debía. Y no solamente lo dijeron Pontaquarto y Terragno, en su momento lo señaló Chacho Alvarez.
–¿Pontaquarto debería tener algún beneficio o tratamiento especial a pesar de que no exista ley del arrepentido?
–Su caso, es cierto, representa una situación atípica frente a la ley. Sin desconocer su actitud moral y la importancia de su confesión, reconoció que procedió ilícitamente. También puede seguir colaborando privado de su libertad como corresponde, porque fue un hombre clave para la ejecución del delito. El mismo dice que fue seleccionado para ejecutar la tarea. Aclaro que no hablo de la privación de la libertad como pena sino como absolutamente necesaria para esclarecer el delito: se está dando a los autores facilidades para burlar a la Justicia. Son muchos y tienen o han tenido mucho poder, podrían desde borrar rastros del delito hasta fugarse.
–¿Qué otros delitos les caben a los imputados?
–El cohecho puede ser una calificación provisoria. Acá todo hace pensar también en negociaciones incompatibles con la función pública, violaciónde los deberes, malversación de fondos y peculado (sustraer fondos públicos). Con esa sumatoria, una condena puede llegar hasta 25 años.
–¿Por qué acusa a Canicoba Corral? ¿Qué interés puede tener en dilatar la causa?
–Digo que si yo fuera juez, ya estaría con prisión preventiva media docena de personas y estaría en una segunda etapa analizando los alcances del soborno. En febrero voy a presentar un proyecto de declaración instando a que se dote a este expediente, por parte del Poder Ejecutivo y de la Corte, de los recursos humanos idóneos y de los materiales que fueran necesarios, y a crear una secretaría ad-hoc que se aboque al caso.
–Hoy el oficialismo no maneja al Parlamento. ¿El Congreso sigue siendo caldo de cultivo para la corrupción?
–Creo que hubo un avance fuerte, desde 2001 en adelante, en cuanto a la trasparencia, aunque siempre persisten focos. No hay magias y en todos lados se cuecen habas. Pero hubo un recambio importante, cualitativo y cuantitativo en el último tiempo.
–¿En qué quedó la denuncia por sobresueldos a diputados del PJ, que usted motorizó en 2002? Aquella presentación que hizo el abogado Ricardo Monner Sans apuntaba a la conducción del bloque justicialista, cuando estaba a cargo de Humberto Roggero.
–Prestamos testimonio diez diputados, y sigue en la Justicia, pero no sé en qué condiciones. Aparentemente no avanzó demasiado.
–¿Cómo operan hoy los lobbies empresarios en el Congreso?
–Yo no he tenido noticias de lobbies, salvo por una declaración que hizo el actual gobernador tucumano, (José) Alperovich, cuando todavía presidía la Comisión de Industria del Senado. Dijo que intentaron sobornarlo las corporaciones de medicamentos para que no saliera la ley de genéricos. No sé si hizo una denuncia penal.
–¿Y por qué no sale, por ejemplo, la ley de impuesto al tabaco?
–No conozco ese tema. Pero en esas cuestiones siempre hubo lobbies de las tabacaleras y productores.
–¿Por qué hasta ahora, en estos tres años, no se derogó la ley de Reforma Laboral aunque había proyectos para hacerlo? Usted mismo dijo que atañe a uno de los temas más acuciantes para el país.
–Será porque estuvimos con otras cosas, el default, las leyes de emergencia, los juicios políticos. Es cierto que no estaba en la agenda activa, pero inexorablemente ahora se va a tener que tratar. No se puede tapar el sol con las manos, va a ser una prioridad.