El estadio Monumental de River recibió ayer un “veto preventivo”, que se traduce prácticamente en clausura efectiva, debido a que la institución todavía no brindó su descargo sobre los sucesos ocurridos el domingo, cuando un grupo de barras se enfrentó con disparos en las instalaciones del club, antes del partido con Lanús. La medida fue impulsada por la Subsecretaría de Seguridad de Espectáculos Deportivos, que maneja Javier Castrilli, respetando el derecho del club a su defensa.

“Se dispuso el veto preventivo del estadio hasta que se resuelvan cuestiones administrativas y para esperar el descargo de River”, señaló el funcionario, para quien los episodios son “consecuencia de no haber aplicado el derecho de admisión”, la cuestión central en la que se basa la disputa entre los organismos de seguridad (la Subsecretaría en el ámbito de la Capital, el Coprosede en la provincia de Buenos Aires) y los clubes, remisos a la aplicación de ese derecho. En ámbitos de la Subsecretaría se cree que la decisión de Boca de jugar tres partidos de la Copa Libertadores como local en San Lorenzo (en la Capital) y no en la cancha de Racing (en la provincia) se debe a esa razón.

En la práctica, el “veto preventivo” significa la clausura tácita del estadio sin la determinación del período de la misma. Cuando River presente su descargo, automáticamente saldrá la decisión de clausurar el Monumental por un período de 3 a 5 fechas: la cantidad dependerá de los atenuantes que presente el club.

Castrilli afirmó que como resultado de los allanamientos que se efectuaron el martes y ayer en las instalaciones del club de Núñez “se pudo comprobar la existencia de facas y cuchillos escondidos en el estadio. Con el correr de las horas va a haber más detalles”.

Según se supo ayer, la investigación judicial sobre los disturbios parece encaminarse a determinar si hay relación entre los barrabravas y los directivos de River y por qué se omitió informar sobre los hechos a la fiscalía contravencional porteña, que hubiera podido clausurar la cancha aun antes de que comenzara el partido contra Lanús.

Fuentes judiciales precisaron que la fiscalía de instrucción con jurisdicción sobre el barrio de Núñez, a cargo del ex funcionario José María Campagnoli, planea avanzar sobre la manera en la que fue posible que barrabravas armados estuvieran en el interior del club un domingo por la tarde previo a un partido de fútbol.

La fiscalía plantearía esa línea de investigación al juez de instrucción Mauricio Zamudio, quien decretó el “secreto de sumario” en la causa. La hipotética relación entre dirigentes y barrabravas excedería, en principio, el “objeto procesal” de la causa, que por ahora se ciñe a los presuntos delitos de “robo” y “lesiones”. No obstante, el juez podría ampliar el alcance de la investigación y en esa dirección apuntaría la fiscalía.

También trascendió que la justicia contravencional porteña estudia pedir informes a la Policía Federal sobre cuáles fueron las razones por las que se omitió informar de los hechos en el momento: eso hubiera podido derivar en la suspensión del partido y el desalojo de las tribunas y plateas para preservar la seguridad de los espectadores.