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La llamada crisis de la seguridad, que se reflotó en las últimas semanas, es producto de “las políticas neoliberales” que arrasaron en los noventa, pero que “vienen asentándose en los últimos veinte o treinta años” y que generaron “una contraviolencia no política, no orgánica, que generó una crisis profunda en las franjas juveniles, en los jóvenes sin futuro”. La opinión del criminólogo Mariano Ciafardini, titular de la Dirección Nacional de Política Criminal, traza una relación entre “la exclusión y la violencia”, pero aclara que eso “no equivale a decir que los pobres son delincuentes”. Según el experto entrevistado por Página/12, esa “violencia que se genera en algunos sectores que son víctimas de la exclusión” redunda en una suba de los “delitos comunes”, sobre todo los robos con armas. La otra pata del problema es que “las mismas políticas neoliberales provocaron la degradación de lo institucional, incluyendo a las policías. En este caso, la corrupción está vinculada directamente con el delito, con la delincuencia organizada, porque en ese ámbito se mueve la policía”. Esto motivó el crecimiento de delitos graves “como el narcotráfico, el robo de automotores o los secuestros extorsivos”.

Ciafardini, que está en el cargo desde hace 14 años, acaba de presentar su libro Delito urbano en la Argentina. Las verdaderas causas y las acciones posibles. El trabajo es producto de 14 años de estudio en un despacho oficial que, advierte, “no dirige las políticas públicas nacionales sino que funciona como un instituto que hace recomendaciones sobre políticas públicas”. Desde ese lugar, sostiene que la violencia de algunos sectores juveniles “no obedece a un problema de maldad humana, ni genético, ni social en términos generales. Es un problema político”. Por eso recomienda “desde un punto de vista progresista, avanzar en la reinclusión urgente, en la profundización de la democracia participativa para que la sociedad participe en la toma de decisiones y en ponerle fin a la trama de corrupción institucional que involucra a las policías”. Y subraya: “Hay que actuar rápido porque cuando las cosas estallan, es demasiado tarde”.

–En los noventa, el tema de la seguridad estuvo en el tapete y significó una enorme presión sobre el poder político, que terminó aprobando leyes de “mano dura”, luego agravadas por el efecto Blumberg. ¿Qué análisis hace en el libro sobre ese proceso histórico?

–La clave es haberlo situado, muy bien, en los noventa. Fue un proceso que comenzó a gestarse antes, pero en los noventa cobró un auge que llevó a la profundización de políticas neoliberales que tuvieron un impacto destructivo sobre amplios sectores sociales. Los dejaron afuera del circuito social, cultural y productivo. Los excluyeron, los hambrearon. La violencia de estas políticas generó una contraviolencia no política, no orgánica. Esto provocó una crisis profunda en las franjas juveniles, en los hijos y nietos de los desocupados, en los jóvenes sin futuro. A muchos los llevó a los circuitos de la droga o de la violencia. Y los llevó también al delito. Esto aumentó de manera tremenda lo que se llama criminalidad común, que recibe ese nombre porque no tiene grandes niveles de organización. Es una criminalidad que produce daños muy graves tanto a los propios autores como a las víctimas, obviamente. Entre los años 1993 y l995 hubo un pico muy alto. Esto coincide con el paso histórico de la desocupación del dígito a los dos dígitos.

–¿Y cómo se reaccionó desde el gobierno de Carlos Menem?

–Los mismos que aplican las políticas neoliberales no pueden reconocer que lo que se está produciendo se debe a las políticas que ellos aplican. La mejor forma de disfrazarlo es con una réplica represiva que da a entender que el origen del aumento de la violencia está en la maldad humana. Ellos dicen que el problema tiene que ver con la benevolencia de las leyes o que es producto de la tolerancia. Eso es un artificio. Lo que hacemos en el libro es señalar la relación entre pobreza, o mejor dicho exclusión, y violencia.

–Esto puede ser malinterpretado.

–Lo que digo responde a una realidad, pero no equivale a decir que los pobres son delincuentes. Lo que digo es que la pobreza extrema crónica genera violencia en algunos sectores sociales, particularmente juveniles. Esto no significa echarle la culpa a los que en definitiva son víctimas de esta exclusión sino que hay que echarle la culpa a las políticas y a la falta de políticas para incluir, reincluir y dar oportunidades reales a quienes son autores-víctimas.

–¿Cómo juega, en este marco, la corrupción tanto política como policial?

–Hay una relación muy íntima. Las políticas neoliberales no fueron patrimonio exclusivo del gobierno de los noventa sino que vienen asentándose en el país en los últimos veinte o treinta años. Esto produjo también una degradación de lo institucional. Las políticas públicas y entre ellas las de seguridad, se degradaron y aumentó la corrupción en todos los niveles. La corrupción de la policía es algo que se vincula directamente con el delito porque se produce en el medio en que la policía trabaja. ¿Cómo se corrompe alguien de drogas peligrosas? Vinculándose con el narcotráfico. ¿Y el que trabaja en la investigación de los robos de automotores? Vinculándose con los desarmaderos. Eso también pasó con el tema de los secuestros extorsivos. Todo esto produce un agravamiento en eso que se llama delincuencia organizada. Y esto se potencia con los excluidos porque muchas veces, esas organizaciones recurren a la mano de obra fácil y directa que tienen en todos estos jóvenes que no tienen oportunidad.

–En el libro se habla de la existencia de un círculo mafioso que colabora con la delincuencia organizada.

–Doy un ejemplo de los más evidentes en los últimos tiempos. Determinadas prácticas delictivas aparecen y desaparecen en tiempos tan breves y en forma tan drástica que uno no puede más que entender claramente que son decisiones que se toman a nivel político. No puede aparecer una cantidad de secuestros y de golpe cortarse si no hay algo que se decidió en algún nivel. Las modalidades delictivas no aparecen y desaparecen de golpe. Cómo es posible que, después de mucho tiempo, se diga que para terminar con el robo de autos hay que atacar a los desarmaderos y al otro día se allanan cuarenta. En 24 horas una labor de inteligencia no puede detectar cuarenta desarmaderos. Esto significa que esos lugares se conocían. Antes no se los allanaba, se los dejaba operar y cuando hubo que producir un hecho político, en forma inmediata algunas inteligencias de las policías tenían la información disponible. Si tenían la información antes y no actuaban, era porque eran socios. No hay otra posibilidad.

–¿Cómo es hoy la evolución del delito en las zonas urbanas? Y a propósito, ¿son confiables las estadísticas?

–Empecemos por el final. Las estadísticas oficiales que se hacen sobre la base de delitos denunciados en los que tuvo intervención la policía y que la propia policía nos informa, tienen grandes limitaciones, pero es lo único que tenemos. Esto significa que la cifra negra, todo eso que no llega a la policía, no lo estamos reflejando. Si los números hablan de un alza o de una disminución de los delitos respecto de años anteriores, están indicando que hay una tendencia.

–¿Qué indican esos números hoy?

–Lo que están indicando los últimos números es que hay una tendencia a la baja de los delitos comunes como robo con armas o robos simples no organizados, en la calle o a viviendas. Estábamos en una meseta muy alta que incluso llegó a un pico máximo en el 2002 y una tendencia a la baja significa que están bajando, pero que todavía hay muchos. Pueden salir 20 delitos por día en los diarios, aun cuando haya una tendencia a la baja. Los números de 2005 hablan de una tendencia a la baja en la Capital Federal y el conurbano, siempre dentro de niveles todavía altos para lo que son los niveles históricos.

–¿Cuáles son las propuestas del libro?

–Si el aumento del delito violento tiene que ver con la exclusión, tenemos que recomendar cómo establecemos políticas urgentes de inclusión. Estamos recomendando una estrategia que llamamos Programa de Comunidades Vulnerables. Cómo se identifican en todo el país los núcleos de sectores de jóvenes excluidos que están en riesgo. Lo que hay que ver es cómo se ayuda a la comunidad que los rodea para que los reintegre y los reincluya.

–¿Y qué hay que hacer con la policía?

–Si queremos sacar a las policías de la red de corrupción, de la trama mafiosa, no existe otra forma que recuperar la relación entre gobierno y ciudadanía. Organizar a la comunidad por asambleas, por consorcios, por juntas vecinales, en un diálogo con el representante del gobierno municipal, provincial y nacional en función de cómo actúa realmente la policía en cada zona. No sólo desde el punto de vista de la crítica sino también de qué cosas necesitaría la policía para actuar mejor. Una auditoría permanente estatal-comunitaria del accionar policial. El policía tiene que necesariamente incluirse a la red como policía comunitaria, junto con el vecino. De esta manera se achican los márgenes de la corrupción.

–¿Que recepción tienen estas recomendaciones en el poder político?

–Siempre hay un espacio. Nosotros surgimos en los años noventa. Incluso con gobiernos refractarios a toda esta situación hemos tenido un espacio para poder avanzar. Hemos trabajado en el barrio de Saavedra, con el gobierno de la ciudad en una primera etapa, con algunas intendencias bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires se está avanzando con la reestructuración policial y con el restablecimientos de los Foros de Seguridad comunitarios, que se habían abandonado. Es un proceso cultural, porque no es un problema sólo de los gobiernos. Hay que convencer a la comunidad. La participación comunitaria no es espontánea, ni fácil ni constructiva en todos los casos.

–Hay que dejar de lado la típica salida de la “mano dura”.

–Este es el gran tema, porque mientras nosotros sigamos discutiendo si todo pasa por aumentar las penas o no, estamos perdiendo tiempo. Eso es como una cortina de humo que sigue ocultando los problemas reales y las propuestas válidas, aunque sean de urgencia. Con el libro intento generar una mayor sensibilidad. Estoy tratando de aportar algo al tema de la educación, de la difusión y a llamar la atención sobre esta cuestión, tanto a la población en general como a los que están en la función pública. Hay que darse cuenta y después concentrarse sobre el problema. Hay que actuar rápido, porque cuando las cosas estallan, es demasiado tarde.