Las provincias han superado con éxito la primera evaluación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal de los presupuestos ejecutados durante el ejercicio 2005. En el informe –aún no publicado– de ese organismo público se destaca que han cumplido con las pautas establecidas en relación con la variación del gasto público, el resultado financiero y primario y el indicador de endeudamiento. ¿Por qué surgen, entonces, alarmas sobre los números fiscales de esos distritos? Por dos razones: primero, porque ante un horizonte con algunas incertidumbres se activan los temores por los traumas provocados por los desequilibrios de los noventa; y segundo, porque las cifras en lo que va de 2006 y proyectadas para todo el año revelan resultados no tan favorables como los contabilizados en el anterior balance. Para evitar confusiones, a las que son tan afectos los economistas de la city, es importante saber cuáles son los motores difusores de esa mayor tensión presupuestaria en las cuentas provinciales. Con el antecedente de la década pasada resulta saludable estar atento a las cuentas fiscales, pero eso no significa que haya que traspolar esa experiencia con lo que pasa en la actualidad, ni repetir esquemas de ajuste como entonces.

El año pasado, el consolidado provincial ejecutó un resultado primario y financiero superavitario (0,68 y 0,32 por ciento del PIB, respectivamente). La reducción del superávit primario del 2005 respecto del año anterior, tendencia que se consolidará en éste, obedece principalmente a dos factores: el incremento en los gastos de capital para atender la inversión en infraestructura básica y el aumento en los gastos salariales. Al respecto vale señalar que el alza de la inversión pública provincial no sólo se diferencia del gasto corriente (salarios) por su efecto directo e indirecto en la oferta agregada, sino también por ser erogaciones restringidas en el tiempo y, por lo tanto, no producen compromisos intertemporales perpetuos que condicionan la solvencia fiscal futura. A diferencia del gobierno nacional, en cuyo presupuesto el desembolso en personal implica cerca del 10 por ciento del gasto primario, en las provincias insume casi el 50 por ciento.

El especialista Alejandro Arlía, presidente del Centro de Estudios Federales, destacó en un reciente informe que los niveles de inversión pública son inéditos en términos de la historia fiscal de las provincias. También que la atención de los reclamos de recomposición de salarios vienen a recuperar niveles cercanos previos a la devaluación. Por último, que las provincias tienen que afrontar un exigente cronograma de pagos de su deuda en el período 2006-2010. Este último punto es uno de los más conflictivos. Arlía señala que hay que estar atentos a la situación fiscal nacional y provincial, pero afirma con lucidez que “como la economía es política, y depende de las expectativas, es bueno que no sobreactuemos”. Agrega que “comparar la situación actual de las provincias con la existente desde 1995, y que hiciera eclosión en 2001, es incorrecto, dado que las condiciones entre uno y otro escenario son estructuralmente distintas”. Y sentencia: “Vamos por el cuarto año consecutivo de superávit a nivel nacional y provincial. No hay antecedentes en la historia argentina de una situación semejante”.

De todos modos, el excedente financiero se va erosionando a paso veloz por el incremento del pago de los intereses de la deuda. Por ejemplo, el año pasado, se destinaron 1932,8 millones de pesos para cubrir intereses, representando un aumento del 19,3 por ciento en relación con los devengados en 2004, de acuerdo a cálculos realizados por la consultora Economía & Regiones, liderada por Rogelio Frigerio (nieto). En uno de sus más recientes informes, E&R advierte que el problema del endeudamiento provincial se debe a que cerca del 70 por ciento del stock de deuda se encuentra indexado al CER (inflación). El monto de ese pasivo ascendía a fines del año pasado a 77.800 millones de pesos. Mientras que en 2004 el resultado financiero fue holgado para atender el total de las amortizaciones de la deuda, en 2005 hubo un faltante de 3150 millones que fue atendido por ahorros del ejercicio anterior más nuevo endeudamiento con la Nación –a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial–. Para este año, el desequilibrio de esa cuenta ascendería a unos 7000 millones de pesos. El FFDP tiene una caja de 4000 millones y la mitad de ese dinero ya tiene destino a la provincia de Buenos Aires.

En esa instancia aparece un factor adicional de orden del mundo de la política: empezarán a desfilar por la Casa Rosada los gobernadores, como lo hacen para conseguir recursos para obras públicas, para obtener la refinanciación de esos pasivos. Ya el 41 por ciento del incremento de la Inversión Real Directa durante el año pasado en las provincias fue financiada con transferencias de capital del Estado nacional. Dinámica de interdependencia política que no disgusta para nada a Néstor Kirchner y que se siguió consolidando en el primer trimestre de este año, con transferencias de capital por 1135 millones de pesos al sector público provincial para ser aplicado en la ejecución de obras públicas.

Con respecto a la deuda, además de Buenos Aires, han acordado un Programa de Asistencia Financiera otros nueve distritos por un total de préstamos de 3743 millones de pesos, según se desprende de un informe reservado de Economía sobre Cuentas fiscales. Evolución institucional y resultados fiscales 2000-2005. “A diferencia de los primeros programas instrumentados en el período 2002-2004 –se explica–, los nuevos programas de asistencia financiera atienden exclusivamente los vencimientos de capital de la deuda. El reembolso de los préstamos es a siete años, a partir de enero de 2008, y los servicios por intereses comienzan a abonarse a partir de enero de 2007, con tasa fija de 6 por ciento”. De esa forma se empieza a desmontar lentamente el esquema de deuda permanente y en alza por la indexación automática por el CER. Para acceder a ese financiamiento, las provincias tienen que cumplir con las pautas fijadas en el régimen de responsabilidad fiscal.

Esa asistencia se limita a refinanciar parte de las amortizaciones del ejercicio, que implica renegociar condiciones todos los años. Todavía no se ha avanzado en una reestructuración del grueso de la deuda, sino que se ha implementado un mecanismo para cubrir el faltante de caja de corto plazo para hacer frente a vencimientos. De esa forma, el gobierno nacional, como principal acreedor de las provincias, tiene en su poder otra arma de disciplinamiento político vía aportes para obras públicas y para tapar baches financieros que permiten entender un poco más los realineamientos y alianzas montadas sobre la crisis propia de los tradicionales partidos políticos.