“Tome, acá está mi pasado fascista”, dijo el ex juez después de terminar la entrevista con Página/12. En ese acto entregó un ejemplar de su libro En el borde del mundo, memorias del juez que procesó a Pinochet. Había comprado varios ejemplares del texto en una librería porteña el día anterior. Estaba de visita en Buenos Aires, invitado por la Fundación Carolina, en el marco del programa de Administración y Modernización Judicial que dirige el juez Santiago Corcuera y coordina Germán Garavano. Había venido a compartir sus experiencias con jueces, funcionarios y dirigentes de organizaciones de derechos humanos de la Argentina. Guzmán Tapia ordenó el arresto de Augusto Pinochet en Chile. Lo hizo después de que el dictador pasara más de un año preso en Londres, por orden del juez español Baltasar Garzón. Pero lo hizo cuando el regreso burlón de Pinochet (el levantarse de la silla de ruedas apenas bajado del avión) parecía decirle al mundo que Chile era su refugio. Guzmán Tapia había sido pionero, en 1998, en admitir la tramitación de las querellas de los familiares de los desaparecidos. Y en diciembre de 2000 procesó y arrestó al dictador por considerarlo autor intelectual de cincuenta y siete homicidios y dieciocho secuestros cometidos por el comando de la Caravana de la Muerte, un grupo de militares que recorrió Chile de norte a sur ejecutando prisioneros políticos. Tiempo después volvió a responsabilizar a Pinochet judicialmente. Esa vez por su rol como ejecutor de la Operación Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur durante la década del ’70. Las decisiones de Guzmán Tapia no duraron en Chile lo suficiente como para que el dictador muriera preso. Pero sacudieron el país. Fueron tomadas por un hombre que no estudió Derecho convencido de querer ser abogado, sino más bien diplomático: una profesión que le permitiera tener un buen pasar y que le dejara tiempo para escribir. Fueron tomadas por un hombre que brindó el 11 de septiembre de 1973. Todos en su familia se alegraron por el derrocamiento de Salvador Allende. Aunque no deseaban la muerte del presidente socialista y no se imaginaban los crímenes que cometería el régimen que le siguió, tenían confianza en que las Fuerzas Armadas “normalizarían” el país. Guzmán Tapia contó durante la entrevista que mientras era estudiante participó por unos pocos meses de una especie de grupo de choque que “rompía” actos del Partido Comunista. En 1998, el magistrado se encontró en su despacho con las denuncias de los familiares de las víctimas de la dictadura. Escuchó testimonios, recogió evidencias, buscó cuerpos, se convenció y se conmovió. E hizo lo que su conciencia le dijo que tenía que hacer.