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El proyecto Enarsa

Por Federico Bernal *

Al margen de las contradicciones y cuestiones aún irresueltas, dos hechos confirman el principio del fin del “intervencionismo” de mercado en el sector ampliado de la energía. El primero de ellos, el lanzamiento y la ejecución del Plan Energético 2004-2013 (analizado oportunamente en el suplemento económico de Página/12, Cash, 27/1/08). Y el segundo, la decisión oficial de convertir al Estado (a través de Enarsa) en el principal actor exploratorio y productor de petróleo y gas natural del país.

En este sentido, Enarsa retoma la tradición exploratoria y productiva de la YPF estatal, y lo hace en un contexto desfavorable en materia de acceso a las cuencas productivas y a las mejores no productivas on-shore con las que cuenta el país. De aquí que sus mayores esfuerzos exploratorios se concentren en el mar argentino, sin que por ello implique cesión alguna de las áreas trabajadas o de las reservas descubiertas. La producción se controlará a través del Estado y se priorizará el abastecimiento interno. Enarsa pone a disposición ocho áreas de su titularidad para las tareas exploratorias off-shore, previendo el lanzamiento de otras nuevas y que en muy poco tiempo ampliarán el espectro operatorio con el objetivo final de su desarrollo total. Asimismo, y según trascendió, se espera que la primera perforación estatal en el mar argentino (en alianza con Repsol–YPF, Sipetrol y Enap) se realice durante el segundo semestre de este año. De continuar la inactividad exploratoria privada en el continente, las diferencias en inversión e iniciativas entre Enarsa y las restantes empresas no harán más que ratificar la inoperancia y el desinterés de las privadas (y Petrobras) a la hora de compatibilizar el pago de dividendos a sus accionistas con la seguridad energética nacional.

En materia de provisión de petróleo, Pdvsa y Enarsa finalmente acordaron para el bloque 6 de la Faja del Orinoco un 60 y 40 por ciento, respectivamente. El acuerdo asegurará al país una producción de 200 a 250 mil barriles diarios durante los próximos 20 años, abierto a renovaciones futuras. Una cifra cercana a la producción promedio registrada por Repsol–YPF durante 2007 o al 36 por ciento de la producción total nacional a diciembre de 2007. Una vez concluida la certificación del bloque, prevista para mediados de año, se comenzará con la construcción de una planta mejoradora de crudo (extra pesado a convencional) y con la elaboración del plan de desarrollo del campo. De no existir mayores inconvenientes, la primera e histórica perforación será una realidad para fines de 2008, principios de 2009.

En cuanto a la provisión de gas natural, Enarsa prevé en breve la construcción de una planta de regasificación de gas natural licuado en Bahía Blanca, con capacidad máxima para unos 10 millones de m3 diarios. El gas procesado por esta planta vendrá fundamentalmente de Venezuela, entre otras potencias gasíferas. Asimismo y consecuencia de un acuerdo 50-50 entre Enarsa, Ancap y UTE, una segunda planta espera construirse en Uruguay, de igual capacidad que la anterior. Si bien una cantidad importante del gas regasificado se destinará al mercado uruguayo, la Argentina recibirá una proporción destacable. La sumatoria de esos proyectos más el gas boliviano traído vía Gasoducto del NEA (27,7 millones de m3 diarios en 2011) harán de la oferta primaria gasífera en manos de Enarsa la principal del país a partir de 2011-2012.

Ante la inacción de los operadores privados y de Petrobras, con el objetivo de detener la caída progresiva del horizonte de reservas (desde 1989) y satisfacer la creciente demanda interna, el Estado se perfila como el principal productor (proveedor) de petróleo y gas natural del país en los próximos años, única fórmula compatible con un modelo nacional productivo y socioeconómicamente justo y desarrollado.

* Director Editorial del Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas.

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Especulación financiera

Por Diego Mansilla *

El precio internacional del petróleo no para de aumentar, marcando nuevos records en valores que poco tiempo atrás parecían de ciencia ficción. Esta escalada de las cotizaciones hace inevitable la comparación con los aumentos del barril de principio de las décadas del ’70 y el ’80. Sin embargo, existen grandes diferencias con las anteriores crisis. Para empezar, no existen faltantes de crudo en los países consumidores: la demanda está siendo satisfecha. Si bien los países exportadores no aumentaron la extracción, como pedían las naciones consumidoras, el ascenso de los precios no se debe a un menor bombeo.

Esta vez, un nuevo participante está dirigiendo las cotizaciones internacionales. La especulación financiera entró con fuerza en la escena del petróleo internacional, como refugio ante una de las mayores crisis bancarias y financieras de los Estados Unidos. A esto se le suma la debilidad del dólar, lo que provoca aumentos del petróleo, el oro y el euro, y los graves problemas geopolíticos en Irak, Nigeria e Irán.

En este contexto en que el precio internacional del crudo no pareciera tener techo, la Argentina se encuentra en una difícil encrucijada. La extracción de petróleo esta cayendo año a año, al igual que las reservas, desde finales de la década de los ’90. A este ritmo de decrecimiento, en el corto plazo estaremos importando nuevamente petróleo crudo, perdiendo el autoabastecimiento conseguido por YPF hace ya tres décadas. Si esto sucede, se deberá internalizar los altísimos precios internacionales que responden a la lógica especulativa de los capitales financieros y no a la oferta y demanda.

Las causas de esta situación se remontan a la desregulación de 1989, cuando las empresas privadas se hicieron cargo de la cadena hidrocarburífera argentina. Desde entonces ha desaparecido la inversión de riesgo, la capacidad instalada de transporte y refinamiento es la misma y se ha perdido toda política energética que regule el uso racional de un recurso estratégico y escaso. Mientras tanto, las empresas han obtenido cuantiosas ganancias, al apropiarse de gran parte de la renta petrolera nacional. Esta caída de reservas y extracción no se deben al fin del petróleo en Argentina, sino a la falta de búsqueda por parte de las empresas privadas. Como no se han realizado las inversiones, no se repusieron los volúmenes extraídos. Con esto, los saldos exportables han disminuido hasta llegar al 8 por ciento en 2007.

Desde la devaluación, las petroleras prefirieron exportar naftas en vez de petróleo crudo, debido a las diferentes retenciones. Hasta fin del año pasado, mientras que el crudo llegó a tributar el 31 por ciento (con una alícuota del 45 por ciento), las naftas apenas pagaban el 5 por ciento y se exportaban a precios internacionales. Con esto, según las empresas, se compensaban los “bajos precios internos”. Si bien los precios de los subproductos en nuestro país son menores que los existentes en países vecinos que deben importar combustibles, se encuentran lejos de generar pérdidas para las empresas. Sobre todo para las petroleras integradas como Repsol y Petrobras, cuyo costo por barril está por debajo de los 8 dólares.

Luego del último cambio en las retenciones, que impuso un valor máximo para las petroleras de 42 dólares y aumentó a 31 por ciento la retención a los subproductos, las petroleras reclaman por la falta de rentabilidad, el alejamiento de los precios de “mercado” y denuncian la imposibilidad de realizar inversiones (que nunca hicieron) anunciando desabastecimientos si no hay aumentos de los precios internos.

En ese sentido se puede comprender la última escasez de naftas que sufre nuestro país por problemas de “logística”, que pretende mostrar a los “precios subvencionados” como el causante de la falta de combustible. La demanda de naftas no presenta aumentos inesperados, dado el previsible crecimiento económico, y hoy existe capacidad para cumplir con el mercado interno. Los problemas de abastecimiento reales surgirán en el mediano plazo porque la capacidad instalada de refinación no acompañó el mayor consumo, y no por una excesiva demanda provocada por “precios bajos” como plantean las empresas.

* Economista del Grupo Moreno y del Centro Cultural de la Cooperación