Efectos del monocultivo

Por Héctor Sejenovich, Verónica Hendel y Ezequiel Grinberg *

Mucho se ha dicho y escrito en las últimas semanas sobre el conflicto con el campo, pero poco acerca de la complejidad del modelo de monoproducción de soja. Tampoco se han mostrado las profundas transformaciones que supone, centrándose de modo excesivo en la puja distributiva sobre las ganancias en el sector agrícola. En mayor o menor medida, las intervenciones han hecho alusión al auge de las actividades productivas, pero poco han dicho acerca de sus efectos negativos. Por ejemplo, el deterioro de los recursos naturales que utilizan, los efectos perniciosos sobre la heterogeneidad de la estructura social rural, los significativos impactos negativos sobre las otras actividades productivas que se ven desplazadas, la expulsión de un importante sector de la población rural hacia la periferia de las grandes ciudades y los peligrosos efectos sobre la salud de la población.

No aparecieron tampoco los verdaderos sectores dominantes de las cadenas de valor: las grandes empresas transnacionales que manejan la comercialización y producción de las semillas genéticamente modificadas y de los agroquímicos utilizados (fundamentalmente, el glifosato).

La política de retenciones móviles se basa en la necesidad de captar una parte importante de la renta producida por la exportación de soja y sus derivados, lo cual a su vez supone una valoración del activo papel del Estado en la implementación de una redistribución progresiva, ya que estos fondos permitirían generar infraestructura, financiar los planes sociales, mantener un dólar elevado y subsidiar a diversos sectores menos favorecidos, entre otras cuestiones. Dicha política también responde a la necesidad de intervenir en la economía a fin de regular los precios del mercado interno.

A lo largo de los últimos doce años el modelo sojero se ha desarrollado, a una velocidad y escala pocas veces vista, bajo el ala protectora de los respectivos gobiernos, aprovechando la coyuntura de altos precios internacionales para obtener la mayor cantidad de recursos fiscales posibles del sector exportador de granos.

El monocultivo se basa en un paquete tecnológico que se vende como el logro de un gran proyecto de desarrollo pero que, sin embargo, prescinde del trabajo del agricultor y de hecho expulsa a la mano de obra del campo.

Existen una gran cantidad de externalidades negativas generadas por dicha forma de producción que no están siendo consideradas, fundamentalmente:

- La destrucción de los recursos naturales cuando se avanza sobre el bosque, el monte y la yunga para implantar el monocultivo.

- Las actividades adicionales que dejan de realizarse ante la producción de soja.

- Los efectos perniciosos sobre la salud de la población, fundamentalmente, a través del uso masivo, invasivo e indebido del glifosato.

- Los efectos destructivos sobre la biodiversidad y el suelo, que según diversos estudios tienen altísimos costos para la reposición artificial de los nutrientes extraídos y que, por otra parte, no siempre es posible llevarlo a cabo.

- Los efectos sobre la salud de la población en general en relación con los posibles efectos de los productos genéticamente modificados sobre los seres humanos. En este caso habría que tener en cuenta el principio de precaución de la Agenda 21, que fue firmada por nuestro país y que señala que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

- Los efectos colaterales sobre otras actividades, como el caso de la ganadería, los tambos, la apicultura y las actividades económicas de las organizaciones campesinas e indígenas que en muchos casos han sido desplazadas de sus tierras.

* Docentes de la UBA e investigadores del Conicet

Ideología, intereses y democracia

Por Guillermo Wierzba *

El pensamiento económico neoclásico, sustento teórico de los neoliberales, no admite la intervención pública para modificar la distribución del ingreso. Reivindica el paradigma de libertad de mercado aun para la determinación de todos los precios, incluidos los de los tres factores productivos que identifica (capital, tierra y trabajo). La formación de esos precios sería, para esta corriente, consecuencia de la productividad de los factores. De esta premisa se sigue que la estructura de ingresos de la sociedad tendría una definición meramente mercantil y estaría determinada, en lo sustancial, por el estado de la tecnología y la dotación relativa de capital, recursos naturales y trabajadores. Los ortodoxos rematan su mirada sobre la cuestión distributiva sosteniendo que la intervención en los mercados donde se definen los precios de los factores de la producción desviaría a la economía de su óptimo provocando desequilibrios e ineficiencias.

Este enfoque tiende a descalificar, entonces, a las dinámicas sociales de disputa y negociación salarial, en tanto momentos ineludibles de la fijación de las estructuras distributivas y, en especial, abomina de la intervención del Estado en el particular. En las versiones menos radicales la ortodoxia sólo concibe como posibles las acciones puntuales y transitorias frente a graves desequilibrios. Argentina vivió durante más de dos décadas bajo políticas sustentadas en los argumentos expuestos y sufrió de modo extremo en los últimos treinta años sus consecuencias.

La utilización sistemática de impuestos progresivos responde a una mirada teórica diferente, apoyada en la validez de la intervención política en la búsqueda del bienestar. Las retenciones, herramienta de este paradigma de validez casi universal, apuntan a desacoplar los precios internos de los internacionales, a mejorar la recaudación incidiendo progresivamente sobre la estructura tributaria y a cambiar los precios relativos de los productos agrícolas (y de éstos respecto de los del resto de la economía). Son un instrumento potente para redefinir algunos precios clave. Alteran, por lo tanto, tasas de beneficios e inciden positivamente sobre el salario real.

El cuestionamiento del pensamiento ortodoxo a las retenciones, aunque bate el parche de la crítica al crecimiento del gasto público, se afinca más en el rechazo visceral a la intervención pública en el sistema de precios. La intervención del Estado resulta estratégica para la construcción de una sociedad más equitativa. Desde la trinchera del “statu quo” la condición para “congelar” la estructura distributiva es que el aumento de los ingresos de los asalariados y de otros ciudadanos de menor poder económico relativo compense la inflación y reconozca la cuantía del incremento de productividad. La redistribución del ingreso supone, en cambio, establecer un sendero de evolución de esas remuneraciones a tasas superiores a la suma de estos dos componentes. Cuando se afirma, desde aquella trinchera, que se persigue una mejor distribución resulta pertinente, entonces, exigirles aclaren cómo se aseguran las políticas redistributivas. Estas suponen la intervención pública para corregir, y más aún, reestructurar los precios que surgen del “libre” funcionamiento de los mercados de factores.

Esta cuestión cobra especial relieve hoy, cuando se verifica un funcionamiento macroeconómico sustentable asociado a un proyecto productivista que sustituye al régimen de “valorización financiera”. La nueva etapa conlleva, necesariamente, niveles mayores de conflictividad. Redistribuir a favor de las mayorías supone una disminución de la remuneración relativa del capital y los recursos naturales (ganancias y rentas). El estímulo de la inversión debe radicar, en tal caso, en el volumen de la producción y la sustentabilidad del patrón de acumulación. El contrato político para alcanzar una sociedad más integrada y equitativa exige los prerrequisitos enunciados que son contradictorios con la ideología económica neoliberal.

* Director del Cefid-AR