El viejo conflicto por el Programa de Propiedad Participada (PPP) de las empresas privatizadas que operan el servicio telefónico llegó a la Corte Suprema. El reclamo de los trabajadores de Telefónica para ser tenidos en cuenta en la distribución de las utilidades de la empresa tuvo una audiencia en el máximo tribunal. Según comentó a Página/12 la abogada Liliana Zavala, “el programa sirvió para que hicieran negocio algunos sindicalistas y funcionarios de turno”. El PPP permitía a los trabajadores, en teoría, acceder a bonos de participación de ganancias, por el 10 por ciento. Pero esos papeles nunca aparecieron. La empresa, escudada en una serie de contradicciones entre la ley, su estatuto y un polémico decreto de 1993, se las arregló para no pagarlos. Con fallos divididos en otras instancias judiciales, los trabajadores esperan ahora que la decisión de la Corte sea a su favor y les permita acceder al porcentaje de las utilidades que les pertenece. La abogada defensora sostiene que “si se gana el juicio lo único que tiene que hacer la telefónica es cumplir con una ley que ya existe”.