El Gobierno estima que la principal razón por la cual miles de pequeños productores no se presentan a cobrar las compensaciones que les permitirían zafar del último aumento de retenciones (ver nota en esta página) es la falta de cumplimiento fiscal. Alberto Fernández lo dejó entrever ayer al formular los anuncios para el sector. Se apoyó en un informe del Ministerio de Trabajo que revela que el 58 por ciento de los establecimientos agropecuarios inspeccionados por esa cartera mantenía a sus peones en la informalidad. El estudio se realiza de manera permanente desde 2003 y esos datos corresponden al relevamiento de este año, entre enero –antes del inicio del conflicto rural– y mayo.

En ese lapso se fiscalizaron 590 explotaciones rurales, de las cuales el 58,3 por ciento presentaba irregularidades. En tanto, sobre 7320 trabajadores inspeccionados, 4237 estaban en negro (57,8 por ciento). Eso los deja afuera de todos los beneficios de la seguridad social, como obra social, asignaciones familiares, seguro de trabajo y, en el futuro, de acceso a la jubilación.

Fernández recordó que las compensaciones a los pequeños productores benefician a empresarios que disponen de tierras que llegan a valer 15.000 dólares la hectárea en la Pampa Húmeda. “Productores con 100 hectáreas están parados sobre un capital de 1,5 millón de dólares”, planteó, y luego arremetió con el informe del Ministerio de Trabajo que revela aquellas cifras de informalidad. En Tandil, el 84,3 por ciento de los inspeccionados tenía personal en negro. La fiscalización incluyó las localidades de Villa Cacique (Benito Juárez), Laprida y Lamadrid. Allí se producen cereales, leche y papa.

Un nivel de incumplimiento similar se registró en San Juan, del 83,3 por ciento, en fincas de uva y olivos. La situación es menos grave en Rosario, donde la informalidad detectada fue del 34,3 por ciento: sobre 125 establecimientos, 43 no estaban en regla. Finalmente, la situación es mucho mejor en La Pampa, con un nivel de empleo no registrado del 6,3 por ciento.

“El mismo sector que pone en práctica métodos extorsivos para exigir cambios en la política del gobierno elegido por la mayoría de los argentinos, incumple en masa las obligaciones con sus trabajadores”, atacó el ministro Carlos Tomada al comentar los resultados del relevamiento de su cartera.