En una reunión de más de cinco horas, el juez que entiende en el concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas escuchó ayer las versiones de síndicos, gremialistas y funcionarios sobre la crisis de la compañía y quedó en situación de responder a los pedidos de intervención. Más allá de las formalidades, la eventual designación de un coadministrador impuesto por Jorge Sicoli está de hecho supeditada al acuerdo que se discute entre los accionistas privados y el Gobierno sobre las condiciones en las que se van a transferir las acciones al Estado, que se hará cargo del gerenciamiento apenas pueda rubricarse ese documento. “La Presidenta está trabajando fuertemente para que la empresa vuelva a servir a todos los argentinos, como corresponde, y termine con la ignominia a que fuimos sometidos”, fue el pasaje del discurso que el presidente del PJ, Néstor Kirchner, le dedicó ayer a la reestatización de la línea aérea en el acto realizado en la Plaza del Congreso.

Marsans y los funcionarios ligados al mercado aerocomercial coincidieron en una nacionalización pactada, que se ejecutaría en etapas. El proceso comenzará por ceder a un gerente general designado por el Estado el comando de la compañía, abriendo una transición de dos o tres meses para definir cuestiones clave, como el valor del paquete accionario que quedará en manos públicas. Según aspiran los negociadores oficiales, esto debería incluir una transferencia parcial de acciones, para que el control estatal esté respaldado por la posesión mayoritaria de títulos. Aquí empiezan las diferencias, que hasta ahora no pudieron superarse.

¿Cuánto vale el paquete de Aerolíneas y Austral? Oficiosamente, se sugirieron valores complicados de conciliar, que van desde 170 a 1000 millones de dólares para la primera compañía. Según el vocero de la empresa, un trabajo contratado a un trío de consultoras privadas con miras al abortado acuerdo con el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena –que en algún momento se planteó como eventual socio local–, habría cotizado sólo a esta última línea (ambas propiedad del mismo grupo e involucradas en la misma negociación) en 500 millones de dólares. Ese sería el piso para el monto global, según los españoles.

En la Secretaría de Transporte, en cambio, sostienen que también habría que preguntarse cuál es el precio de una dupla de líneas aéreas con menguada operatividad y en condiciones técnico-contables de quebrar, debido al abultado pasivo posconcursal acumulado. Con la nacionalización, el Estado debería hacerse cargo de este lastre, lo que disminuye las chances de que los españoles se retiren recibiendo dinero. Estas cuestiones medulares de la reestatización se resolverían durante la transición. Pero antes es necesario firmar un acta que la habilite. Ese documento da lugar a otras discrepancias.

“Nosotros no vamos a asumir la responsabilidad de todos los problemas. El Estado argentino tiene parte de la responsabilidad, porque no cumplió en tiempo con sus promesas de subsidiar el combustible y permitir un ajuste de tarifas”, aseguró a este diario el vocero de los españoles, que insisten en presentarse como expulsados por el gobierno local y reclaman firmar “un documento comercial y no político”, en alusión al reclamo oficial de que asuman por escrito su culpa por la actual debacle económico-financiera de la línea aérea. No es sólo una cuestión retórica. Cualquier declaración en este sentido tendrá ineludible impacto económico.

El acto de apoyo a la estrategia oficial hacia el campo restó ayer por la tarde interlocutores oficiales a esta negociación que, de cualquier modo, debe clausurarse en las próximas horas. Las diferencias de posiciones también quedaron ayer plasmadas en el juzgado de Sicoli, a quien tanto los gremios como la Secretaría de Transporte pidieron que intervenga en esta coyuntura crítica para garantizar la operatividad de la compañía. Los directores estatales Julio Alak y Vilma Castillo, a su vez, reclamaron directamente la designación de un coadministrador, algo que el juez podría omitir en caso de sellarse un acuerdo sobre la nueva gerencia en manos estatales.

Allí se pasó revista a todo aquello que enciende la mechas en este conflicto. Desde las demoras gubernamentales para subsidiar o desgravar a la actividad –planteadas por el representante legal de la empresa, Horacio Fargosi–, a la sospecha de APLA, gremio que lideran los pilotos, sobre el presunto vaciamiento de Aerolíneas en favor de Austral: el Estado es socio minoritario de la primera, pero no de la segunda. En ese escenario, el juez tendrá que resolver de qué modo interviene y cuándo lo hace.