“Por qué no le dicen a la sociedad cuánto ganan”, desafió Patricia Bullrich, desencajada. No lo dijo hace tres semanas cuando tuvo enfrente al presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, y a los otros jefes de las cámaras agropecuarias que pasaron por el Congreso. No se refería a la renta sojera ni a las ganancias de los productores agropecuarios. Su arremetida era contra Hugo Moyano, líder del MTA. Fue en julio de 2001, cuando la entonces ministra de Trabajo tenía otra posición respecto de las retenciones. En ese momento se paseaba por los canales de televisión para defender la “retención” o el recorte de 13 por ciento en las jubilaciones y en los sueldos de los empleados públicos. El entonces presidente Fernando de la Rúa había emitido un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para practicar el descuento, con la firma de Bullrich y el resto del gabinete.

La discusión de aquella medida que les metió la mano en el bolsillo no a productores rurales con rentabilidades extraordinarias sino a jubilados que llevaban ya nueve años de ingresos congelados y a empleados públicos fue muy distinta del actual debate por las retenciones móviles. Después de dictar el DNU, De la Rúa lo envió al Congreso para conseguir su ratificación y esquivar fallos judiciales que voltearan el ajuste que reclamaba el FMI. La Cámara de Diputados no se abrió para que las centrales gremiales y las organizaciones de jubilados expusieran su opinión sobre esas retenciones. La mirada del gobierno y de la mayoría de los medios estaba puesta en el riesgo país.

La resistencia social frente a los descuentos obligó a la intervención de la ministra de Trabajo. “Si cortan rutas, el gobierno va a tener que actuar”, les advirtió Bullrich a los gremios y las organizaciones sociales. Una crónica de aquellos día relataba lo siguiente: “La ministra reconoció el ‘derecho a protestar’ de los trabajadores, pero sostuvo que no le parece bien que corten rutas. ‘Si no desisten de esa modalidad, el gobierno va a tener que actuar’. Bullrich añadió que ‘si hay un grupo político que se quiere organizar y está en contra del ajuste puede hacer una marcha, un acto, puede hacer distintas cosas porque eso está permitido en la Argentina, pero lo que no me parece bien es que se corten las rutas’. Las medidas de protesta ‘no deben rozar el orden público’, reclamó”.

La ministra planteó que los trabajadores donaran una hora de su sueldo para evitar el recorte a los jubilados. El oficialismo tuvo que trabajar arduamente en la Cámara de Diputados para conseguir la media sanción. Finalmente, el radicalismo se alineó –13 diputados del Frepaso votaron en contra del proyecto oficial– y en la madrugada del sábado 21 de julio se produjo una votación favorable al gobierno. La prenda de cambio fue elevar de 500 a 1000 pesos el piso a partir del cual se practicaría el descuento a jubilados, siempre y cuando la recaudación lo permitiera en el marco de la ley de déficit cero. “Los diputados radicales salieron a anunciar su ‘triunfo’ por las radios y a la tarde Bullrich los sorprendió al decir que la plata no alcanzaba y que el recorte seguiría siendo sobre las jubilaciones por arriba de 500 pesos”, señalaba la nota de PáginaI12 de aquel momento.

“La ministra Bullrich está confundida. Cree que todo tiene que aprobarse sin discusión, sin intercambio de opiniones”, le reprochó el entonces diputado radical Eduardo Santín.

Cuando el proyecto llegó al Senado, el bloque justicialista empezó a poner reparos para conceder quórum. El gobierno le pidió que se presentara a la sesión y perdiera la votación. El propio De la Rúa les envió una carta de puño y letra a 69 legisladores en la que les reclamaba una “pronta sanción” de la ley porque “cualquier demora traería consecuencias negativas para el país”. El presidente aseguró que no se podían introducir modificaciones al proyecto, que debía votarse a libro cerrado. De la Rúa planteó que la rebaja de 13 por ciento era “innegociable”. Al final, consiguió lo buscado. Un año después, la Justicia consideró que el descuento había sido inconstitucional y ordenó reintegrar el dinero.