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La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha promovido una acción declarativa contra el Poder Ejecutivo nacional –Ministerio de Economía– a fin de que “se haga cesar el estado de incertidumbre de los usuarios de servicios públicos dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindados a través de contratos de concesión o de licencia celebrados por la administración pública nacional y sujetos al proceso de renegociación”, declarando su no-aplicación en los incumplimientos contractuales que afecten la calidad prestacional del servicio brindado.
Esta acción se ha iniciado a través de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor “para interponer acciones judiciales cuando los intereses de consumidores y usuarios resulten afectados o amenazados, a la autoridad de aplicación local”. La preocupación de la Dirección surge en virtud de que a través de los artículos 5 y 6 de la resolución 308 “se ha dispuesto la suspensión de los procedimientos de exigibilidad –multas– en aquellos casos en los cuales el concesionario evidenciara o demostrara razonablemente que el incumplimiento imputado se produjo en razón del impacto que sufriera en su desenvolvimiento económico-financiero a partir de las medidas dispuestas por la ley 25.561 y sus normas complementarias”. “No se realiza ningún tipo de distinción respecto de incumplimientos contractuales que impliquen una disminución de la calidad prestacional del servicio. Como todos sabemos, no existe obligación sin sanción y la gente podría sufrir las consecuencias del empobrecimiento de la calidad de los servicios”, se precisa en el escrito. En esta causa interviene el Juzgado Federal Contencioso Administrativo N 8 a cargo de la Dra. Do Pico.