Tras la intimación de la Inspección General de Justicia para que presente los balances adeudados, el directorio de Aerolíneas Argentinas se abocó los dos últimos días a discutir los últimos estados contables, cruciales para definir los términos de la reestatización en curso. El ultimátum de la IGJ fue promovido por la Comisión Bicameral del Congreso, con el consenso unánime de oficialistas y opositores, que consideran imprescindible ese documento para fijar el precio de las acciones que compraría el Estado, si este engorroso proceso llegara a buen término. Por ahora, gana la confusión: a través de un paper informal, Marsans informó a esos legisladores que la deuda actual de la compañía supera los 1000 millones de dólares, por encima de lo que se conoció hasta el momento.

No es ninguna novedad que los balances del grupo Aerolíneas se presenten y aprueben muy tardíamente e incluyan estrategias contables que sistemáticamente el Estado objeta a través de sus directores. Pero esta vez existe una necesidad puesta de relieve por la ley que contempla la recompra de acciones de parte del Estado y que reclama hacer un corte en los cuadros contables a julio de este año. El balance del 2007 ni siquiera fue presentado y por esta razón la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, comandada por el kirchnerista Mariano West, reclamó a la Inspección General de Justicia que apure los trámites.

El directorio comenzó a ver un borrador de aquel balance, que aún no tiene la firma de Price, auditor externo. En este cuerpo de trabajo mixto, donde conviven los delegados estatales Julio Alak y Vilma Castillo (5 por ciento), el representante del menguado PPP (0,4 por ciento), Jorge Mateo y los representantes de los españoles, también comenzó a verse el plan de negocios elaborado a instancia de Marsans y que plantea un futuro muy auspicioso para la dupla Aerolíneas-Austral y el resto de las firmas satélites.

El optimista programa diseñado por los accionistas privados prevé un extraordinario aumento de la facturación en los próximos años y sería tomado como base para valuar la empresa según el método del flujo de fondos, que ellos defienden. Para defender la promisoria performance que tendrían las líneas aéreas, Marsans apunta a los propios datos que Alak dio semanas atrás en Diputados, cuando informó cómo la gestión estatal permitirá superar el déficit operativo.

En su afán vendedor, los accionistas españoles están activos. El viernes trataron de calmar la ansiedad de los legisladores de la Bicameral, a la que la nueva ley asigna un lugar protagónico en la operación en curso, girándoles una nota en la que, entre otras cuestiones, informan sobre el monto de la deuda, que estaría por encima de los 890 millones de dólares reconocidos hasta el momento en que se dispuso reestatizar la empresa.

Según el extracto de estados contables que los accionistas privados giraron al Parlamento, la deuda por todo concepto al 30 de mayo es de 3090.849.192 pesos, de los cuales 58 millones son un remanente del concurso. Es decir, casi 1000 millones de dólares que, considerando el déficit operativo actual, podría seguir engrosándose. Lejos de esclarecer, ese aporte escrito ensombreció un poco más el panorama.

El marco legal tampoco ayuda a superar el enrarecimiento. Se promulgó la ley que habilita la recompra de acciones de parte del Estado y deja en el Congreso la última palabra respecto del precio de esos títulos de propiedad, que fijaría el Tribunal de Tasación. Pero hasta un día de octubre –que según los sesenta días hábiles por calendario es el 9 de octubre, pero ni el Gobierno ni el accionista indican con precisión– está vigente el Acta Acuerdo que Ricardo Jaime y Julio De Vido firmaron con Marsans para fijar un valor de común acuerdo o buscar un árbitro imparcial.

La ley habilita la imposición de un precio de parte del Estado, lo que asemeja la operación a una eventual expropiación. Este camino se da de bruces con el contemplado en el acta, herramienta legal que le sirve a Marsans para amenazar con una eventual indemnización.