El anuncio de la posible reapertura de la negociación con los holdouts fue bien recibido por un amplio espectro de economistas. Pero no todos celebran el futuro acuerdo. Otro grupo de especialistas advierte que, más allá del alivio financiero que significará, podría llegar a implicar la vuelta a un escenario de especulación financiera como en los ’70 y los ’90. La entrada de capitales ayudaría a controlar la inflación y en el corto plazo generaría un impulso al crecimiento del producto, pero se traduciría en atraso cambiario, aumento de las importaciones y mayor desempleo. Desde el Gobierno explican que el objetivo es acceder al crédito para el financiamiento de inversiones e infraestructura y afirman que no se va a generar un fuerte ingreso de capitales especulativos porque, por ahora, Argentina no es atractiva para ese tipo de operaciones.

“Si bien es promisorio que se avance en la regularización de los pasivos externos, es una forma de acceder a nuevos financiamientos y, en ese sentido, hay que tener en cuenta que no sea un arma de doble filo”, señaló a este diario Cecilia Nahón, economista del Cenda. En la década de los 90 por cada peso/dólar de endeudamiento recibido se fugaban aproximadamente 80 centavos, por eso la investigadora advierte que la reapertura de la negociación con los holdouts “puede significar el reingreso en un escenario de fuga de capitales o convertirse en un elemento dinamizador del proceso de reindustrialización, pero complementario del ahorro y la inversión internos”. Por otro lado, Nahón advierte que si el objetivo es “recuperar el aprecio de la comunidad internacional”, las medidas no son suficientes hasta que no se revierta la intervención del Indec.

Desde el sector financiero privado festejaron la llegada de una medida market friendly: “Es una medida muy positiva que permite enfrentar los próximos años con menos tensión desde ese lado, aunque las condiciones para salir al mercado no sean las mejores”. Para la banca privada los beneficios más inmediatos se van a ver en la plaza local. “Si se hace lo que el mercado espera y se lo acompaña con algunas cosas, como ajustes en tarifas energéticas, es muy probable que en el corto plazo disminuya la salida de capitales”, señalaron a este diario desde la city.

Los principales argumentos de bienvenida enfatizan que ayuda a normalizar el sistema financiero local y reinserta al país en los mercados tradicionales, evitando pagar tasas del 15 por ciento para hacer frente a los vencimientos de deuda de los próximos años. Por otro lado, señalan que la debilidad de los acreedores y su necesidad de liquidez posiciona a la Argentina en una situación de poder relativo al momento de negociar los términos del acuerdo. Desde el Gobierno destacan que no se utilizará efectivo y que las comisiones de los bancos participantes serán pagadas por los bonistas. Además, subrayan que el país recibirá 3500 millones de dólares por los bonos que los acreedores deberán suscribir por la deuda en default canjeada.

Fabián Amico, economista del Grupo Luján, apuntó a este diario que esta medida erosiona las mejoras parciales en la distribución del ingreso y salarios que tuvieron lugar en el período de post-convertibilidad. “A corto y mediano plazo se van a observar beneficios de la entrada de capitales. Va a desacelerar la inflación y estimular el crecimiento”, pero al mismo tiempo Amico remarca que “hay lugar para la bicicleta financiera, con la suba de tasas y el atraso del tipo de cambio van a llegar capitales de corto plazo que financian la apertura importadora. Así pierde protección la industria y crece el desempleo”. De todas formas, en un marco de inestabilidad global como el actual, Julio Gambina, de FISyP, sostiene que “los operadores internacionales aún no creen que valga la pena invertir en el país, ya que la hipótesis es seguridad, no rentabilidad, y la magnitud del país en el sistema financiero mundial es pequeña. Hay que esperar a que se enfríe la crisis para ver cómo impacta la medida en las inversiones”.