El ex presidente Néstor Kirchner reivindicó hace pocos días el derecho de la provincia de Buenos Aires a recibir una cuota mayor de coparticipación federal. Para argumentar su posición se basó en el hecho de que en 1988 la ley 23.548 redujo en varios puntos porcentuales la participación de esa jurisdicción en la distribución entre provincias. Varios analistas vincularon la propuesta con las elecciones del año próximo, rebajando a un mero nivel de reparto de porotos una cuestión que es de máxima importancia en un país federal y evitando así abordar la cuestión de fondo: ¿qué significa que una provincia reciba más o menos que lo que le corresponde en carácter de coparticipación?, ¿cuánto le corresponde?

Actualmente, los recursos de coparticipación se distribuyen según un coeficiente porcentual fijo para cada provincia establecido en la ley 23.548 de 1988. Esos porcentajes se acordaron de manera provisoria porque surgieron de una negociación política coyuntural y no contemplaban ningún criterio objetivo que permitiera una actualización cuando la situación cambiara. Sin embargo, nunca se volvió a discutir el tema y sólo se realizaron modificaciones puntuales en la década del ’90.

El antecedente previo a ése es el de la ley 20.221 de 1973 que establecía tres criterios de distribución a partir de los cuales debía calcularse el porcentaje de cada provincia: la cantidad de población, su dispersión y la brecha de desarrollo. Para la dispersión se usaba como variable de cálculo la densidad media de habitantes por km2 y para la brecha de desarrollo tres indicadores: número de automóviles por habitante, nivel educativo y condiciones de vivienda de cada provincia. Más allá de algunas imperfecciones, se trata de criterios distributivos consensuados que deberían tenerse en cuenta, pues la distribución debe hacerse asegurando transferencias que conduzcan a garantizar situaciones de igualdad para todos los ciudadanos del país y no según la participación de cada provincia en el total de la recaudación.

El área de Economía del Sector Público de la Universidad Nacional de General Sarmiento realizó un ejercicio de aplicación actualizada de la fórmula de distribución definida en la ley 20.221 con el objeto de comparar ese resultado con la distribución efectivamente realizada en 2007. Dicho ejercicio requirió adaptaciones menores de la metodología definida en la ley, lo que no invalida sus resultados que son, por demás, ilustrativos.

Tomando en cuenta la ley 20.221, la provincia de Buenos Aires se encuentra altamente perjudicada por la distribución de 2007. Le hubieran correspondido 2048 millones de pesos más que lo recibido sólo por coparticipación y si se toma el total distribuido (incluidos los ATN) esa diferencia aumenta a 3257 millones. También resulta perjudicada la ciudad de Buenos Aires en 1146,5 millones de pesos, como consecuencia del peso que tiene en la fórmula de reparto la cantidad de población (si se toma el total de transferencias asciende a 1727 millones de pesos).

En cuanto a las jurisdicciones “favorecidas”, llama la atención que las mismas son el resto de las provincias sojeras que instalaron un discurso de supuesta injusticia en el reparto de los recursos durante el conflicto de los productores rurales con el Estado (aunque se referían fundamentalmente a la distribución primaria entre la Nación y las provincias). En 2007, Córdoba recibió 1056 millones más de lo que le hubiera correspondido con la aplicación de la fórmula de la ley 20.221, Santa Fe 1108 millones más y Entre Ríos 755 millones extra. Si se toma el total de transferencias esos valores ascienden a 1592 millones, 1401 y 999 millones, respectivamente. También recibieron recursos adicionales Chaco, San Juan, Tucumán, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, Mendoza, Salta y Jujuy.

La reivindicación de aumentar la participación de la provincia de Buenos Aires en la coparticipación se manifiesta más que justa y necesaria a partir del ejercicio realizado. Sin embargo, la solución de esta cuestión sin formular un nuevo, racional y consensuado sistema de distribución no contribuirá a resolver el problema de la crisis del federalismo fiscal en Argentina.

* Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento.