A través del decreto 1539, el Gobierno oficializó ayer la creación de un Fondo Fiduciario administrado por el Banco Nación para costear el subsidio al gas licuado, permitiendo que a partir del primer día de octubre la garrafa de 10 kilos reduzca su precio a 16 pesos por unidad, la de 12 kilos, a 20 pesos, y la de 15 kilos, a 25 pesos. La subvención será integrada con el aporte de los productores de gas, que desviarán a ese fin una porción del aumento de precios que están habilitados a aplicar.

Se trata de un punto crucial de los acuerdos que celebró el Gobierno con las petroleras y las empresas que integran la cadena del gas licuado para reajustar íntegramente los valores a los que se comercializa el gas natural. Esa reestructuración incluye aumentos para todos los segmentos de usuarios, incluidos los residenciales, que soportarán incrementos de entre 10 y 30 por ciento, según la envergadura de su consumo.

Cómo instrumentar una subvención a la garrafa resultó uno de los ítems más controvertidos del descongelamiento integral de precios, que también incluyó un incremento del 20 por ciento sobre las tarifas de los transportistas. Después de una discusión fuerte, el Gobierno consiguió que los productores de gas desviaran una porción de sus recursos a aquel Fondo, que a través de este recurso capturaría cerca de 440 millones de pesos por año.

Ese dinero será destinado a cubrir el diferencial de precio de la garrafa que se genera entre el valor “social” de 16 pesos para una de 10 kilos y aquel al que se comercializa hoy, que supera cómodo los 30. Lo mismo con los otros formatos. Las productoras –que formalmente tienen precios libres pero que en realidad los mueven en virtud de acuerdos con el Gobierno– también cobrarán más por el gas en boca de pozo, con tarifas diferentes según los compradores del carburante: es una parte de ese mayor ingreso la que derivarían al Fondo.

El decreto publicado ayer despejó otra incógnita que preocupaba a estas empresas, el primer eslabón de la cadena gasífera: los aportes al nuevo Fondo serán deducibles a los efectos de calcular el Impuesto a las Ganancias que tienen que tributar esas compañías.

En el caso de las distribuidoras que tengan socios con demandas activas contra el Estado argentino ante el Ciadi, tampoco tendrán derecho a embolsar el ajuste autorizado. Hasta que concreten aquellos desestimientos, tendrán que desviar la nueva recaudación al Fondo para obras. Metrogas, Camuzzi, TGN y TGS están en esta situación.

La recomposición tarifaria anunciada el viernes pasado involucra a todas las categorías de usuarios con ajustes diferenciales. Esto incluye a las generadoras, a grandes usuarios a comercios (del 10 por ciento) e industrias (entre el 10 y el 15). Pero exceptúa a los usuarios domésticos capitalinos que estén por debajo de los 800 metros cúbicos anuales.