La puja entre el Gobierno y Marsans por Aerolíneas Argentinas tuvo ayer un nuevo e insólito round, cuando el directorio dominado por los españoles decidió postergar por un mes la asamblea de accionistas en la que hoy debería analizarse la situación patrimonial de la línea de bandera y su capitalización. A través de un comunicado difundido a última hora de la tarde, los directores en representación del Estado y del programa de propiedad participada advirtieron que impugnaron ese cónclave, que consideraron una “maniobra dilatoria”.

La asamblea de hoy era la continuación de otra en la que hace poco más de un mes se aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2007 y que arroja un patrimonio negativo de 81 millones de pesos para la dupla de Aerolíneas y Austral. La situación, sin embargo, es peor aún, ya que ese número crece a 1004 millones si se toma en cuenta el balance de corte con cierre en julio de este año, mes a partir del cual se hizo cargo de la compañía un comité de transición liderado por Julio Alak, designado por el Estado. Pero el cuadro de deterioro se agrava todavía un poco más con el flamante informe de la Auditoría General de la Nación (ver aparte).

Desde el punto de vista técnico, Austral y Aerolíneas están en estado de disolución y, para evitar ese proceso, es necesario capitalizarlas. Este mecanismo podría haber sido avalado hoy en la asamblea de accionistas, si el Estado convertía en acciones los casi 300 millones de dólares que ya desembolsó desde mediados de año para solventar los gastos básicos de las empresas. Pero los españoles hicieron saber el lunes que ellos estarían dispuestos a hacer lo propio, poniendo el dinero necesario. Sin embargo, ayer habría optado por postergar por un mes más la asamblea a través de una reunión de directorio que el Estado denunció como viciada de nulidad. “Los directores del Estado y de la Propiedad Privada Participada de Aerolíneas Argentinas impugnarán administrativa y judicialmente la ilegítima reunión de directorio realizada hoy por los directores de Interinvest”, señala el comunicado difundido anoche, en el que acusa al grupo Marsans, que actúa a través de Interinvest, de “intentar evitar que en la asamblea de accionistas de mañana se trate la situación patrimonial de la sociedad y el patrimonio neto negativo que quedó debidamente documentado”. El comunicado lleva membrete de Aerolíneas y Austral, y fue distribuido por la Secretaría de Transporte.

Los españoles están tratando de ganar tiempo a la espera de un acuerdo por el precio de las empresas a entregar. Los accionistas privados aspiran a que esa cesión sea onerosa y para ello se respaldan en la valuación que hizo el Crédit Suisse, contratado por ellos. Ricardo Jaime, titular de Transporte, tenía previsto ir ayer a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones para descalificar esta tasación, pero los últimos acontecimientos le hicieron posponer esa visita.

El acuerdo de partes parece utópico y por eso cobran vigor las alternativas belicosas, como una eventual intervención judicial pedida por el Estado, que podría invocar su derecho y obligación a rescatar un servicio público en riesgo, lideradas por un socio mayoritario que hace tiempo no de-sembolsa un solo peso.