Para comprender el impacto que provocó el fallo de la Corte Suprema en la CGT basta con observar cuál fue su reacción. Apenas trascendió que el máximo tribunal había dictaminado la inconstitucionalidad del artículo 51 de la ley 23.551 (que rige para las asociaciones sindicales), la cúpula de Azopardo convocó de urgencia a su consejo directivo. La reunión será mañana a las 9 en la sede cegetista. Una convocatoria tan rápida, resuelta contra reloj por el secretario general Hugo Moyano, era un gesto elocuente. Una prueba de la inquietud que generó la resolución de la Corte. “Frente a la situación que hay, con suspensiones y despidos, no había reuniones del consejo directivo. Y por este tema sí la hay”, confió a PáginaI12 un dirigente que integra el máximo órgano cegetista. Hasta que la CGT se reúna en pleno, las primeras reacciones intentaron restarle trascendencia al fallo. “Se refiere sólo al sector público”, subrayó el jefe de asesores jurídicos de la CGT, el diputado Héctor Recalde.

La posición de los representantes de la CGT que hicieron oír su voz combinó cierta cautela desde el punto de vista legal con fuertes críticas en lo político. En lo jurídico, los abogados cegetistas aseguraron que la resolución de la Corte sólo podía aplicarse a los gremios del sector público (el fallo concluyó un litigio entre ATE y la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas, Pecifa). También destacaron que si se leía con minuciosidad la resolución quedaba claro que el fallo “no apunta a imponer el pluralismo sindical”.

La lectura que hacen los apoderados de la CGT es que los ministros de la Corte pretenden darles más capacidad de maniobra a los sindicatos con personería jurídica pero sin terminar con el sistema de la personería gremial. Ese sistema implica que sólo un sindicato por actividad pueda tener personería gremial. El resto funciona sólo con personería jurídica. “El fallo reconoce que la personería gremial le da privilegios al gremio que la posee en materia de representación en las negociaciones colectivas, en la consulta ante las autoridades y en la designación de representantes ante los organismos internacionales”, aseguró Oscar Nievas, secretario gremial del Sindicato de Comercio. La novedad, que favorece a los sindicatos sin personería gremial, es que si el criterio de la Corte se aplica en el sector privado podrán elegirse delegados que no estén afiliados al gremio mayoritario de cada actividad.

Más allá de las interpretaciones, los abogados de la CGT reconocieron que el fallo tendrá consecuencias en el corto y mediano plazo. “Este fallo va a generar un quilombo en el sector privado, porque en una actividad donde hay dos o tres sindicatos, uno con personería gremial y dos simplemente inscriptos, todos van a querer elegir delegados. Y no va a quedar claro a quién representan esos delegados. ¿Y los nuevos delegados que van a aparecer, qué funciones van a tener?”, analizó un integrante del equipo de abogados cegetista. Según las previsiones que hacían ayer en la CGT, si un sindicato del sector privado que no tiene personería gremial inicia una presentación similar a la de ATE, el trámite judicial podría durar tres años. Y podría beneficiar al gremio sin personería gremial: la mayoría de estos sindicatos están enrolados en la CTA.

Si en lo jurídico los abogados de la CGT mostraron cierta cautela, otro fue el tono cuando llegó el momento de la política. El más duro fue Julio Piumato, titular de Judiciales y viejo conocido de los ministros de la Corte. “Este fallo apunta a fragmentar al movimiento sindical. Divide para reinar, claramente favorece a los patrones. Aparte, este fallo de la Corte es político. Si no, no se explica por qué la Corte no aplica las convenciones colectivas de trabajo de la OIT para sus propios trabajadores, los judiciales, o incumple determinados acuerdos internacionales”, cuestionó Piumato en diálogo con PáginaI12.