Luego de una rápida evaluación sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la libertad de agremiación, el Gobierno decidió salir a calmar a los dirigentes de la CGT que pusieron el grito en el cielo, convocaron a reunión urgente del Consejo Directivo y hasta acusaron a los jueces del máximo tribunal de cometer “un acto de provocación” con el objetivo de “enturbiar el clima social” (ver aparte). Ante semejante reacción, el Poder Ejecutivo buscó circunscribir la sentencia a las relaciones entre los gremios del sector público y el Estado.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que siempre supo pilotear las idas y venidas entre el Gobierno y las dos centrales sindicales, fue la única voz del Gobierno que se escuchó sobre el tema. Y habló para relativizar el fallo de la Corte, al sostener que “se refiere específicamente a la personería gremial de dos representaciones sindicales de los trabajadores del sector público, por eso está acotado exclusivamente a ese ámbito”. En la misma línea consideró que “no se debe hacer una extrapolación liviana” de la sentencia extendiendo su alcance a los gremios del sector privado.

En la CTA, en cambio, dijeron que el fallo es un hito que marca “un antes y un después” en la vida sindical argentina. La interpretación de la CTA chocó con la del Gobierno, pero extrañamente coincidó en un punto con la de la CGT, que le dio la misma trascendencia al considerarla –a través del dirigente judicial Julio Piumato–, “un verdadero disparate con intencionalidad política porque tiende a fragmentar al movimiento sindical”. Sin embargo, luego, la CGT sintonizó con el Gobierno al tratar de acotar el alcance de la resolución de la Corte al ámbito público.

Otro de los argumentos de Tomada –que aclaró que su intención no era “desconocer la importancia del fallo”– fue que la medida judicial dice lo mismo que una resolución del Gobierno de Néstor Kirchner en 2003: “El conflicto en el sector público fue resuelto en octubre de 2003, con la Resolución 255, que resuelve las restricciones que tenían las representaciones sindicales para representar a sus afiliados en reclamos de derechos laborales y pedir por mejoras salariales”. Aquella resolución de 2003, recordó Tomada, indicaba “que todas las organizaciones gremiales del sector tenían derecho a negociar y que todos los sindicatos tenían los mismos derechos, y el fallo dice exactamente eso”.

Como el gremio de estatales que responde a la CTA –la Asociación de Trabajadores del estado (ATE)– desde el 2003 tiene los mismos derechos ante su patronal (el Estado) que los sindicatos nucleados en la CGT (Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (Pecifa), Tomada consideró que el fallo de la Corte “trata sobre una cuestión que hoy resultaría abstracta”.

Es cierto que, a poco de asumir su mandato, Kirchner garantizó la pluralidad sindical en el ámbito del Estado. Pero las controversias se abren respecto del alcance del fallo de la Corte, ya que en la CTA destacan que la sentencia habla de la inconstitucionalidad de no permitir la diversificación sindical en un mismo sector. Y señalan que, aunque la decisión se tomó en un caso específico, su aplicación debería extenderse a todos los ámbitos.

El ministro Tomada tenía previsto para el viernes de esta semana una reunión con la cúpula de la CTA, encabezada por su secretario general Hugo Yasky. El encuentro había sido pedido por la CTA para llevarle al Gobierno una serie de propuestas sobre cómo enfrentar los eventuales despidos que puedan producirse como consecuencia de la crisis financiera mundial.

No se sabe si ese encuentro sigue en pie, pero sí que la CTA irá esta semana al Ministerio de Trabajo, con el fallo de la Corte en la mano, más las reiteradas resoluciones y reclamos a la Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para pedir una vez la libertad de asociación sindical para todos los ámbitos, que en los hechos significa la personería gremial para la CTA. Ese carácter está reconocido de hecho parcialmente, como en el caso de los gremios estatales o cuando el Gobierno lleva a la OIT a las dos centrales gremiales.

Más allá de la disputa de fondo, tanto el Gobierno, como la CGT y la CTA fueron sorprendidos por el fallo de la Corte. Sólo así se explica que la CGT haya salido a cuestionar la sentencia sin suponer que el Gobierno se iba a poner de su lado. También eso explica que algunos funcionarios hayan llamado a dirigentes de la CTA para comentar el “fallo histórico”, antes de que oficialmente se le diera la interpretación que se le dio.