La correcta decisión de terminar con el negociado de las AFJP es una de las mayores medidas que toma el gobierno nacional para recuperar el rol del Estado como garante de los derechos de los trabajadores argentinos. Esta medida, que forma parte del programa de Proyecto Sur, apunta a romper la trama oscura del poder financiero que impuso desde 1976 el modelo neoliberal. Cuando se votó la creación de las AFJP en 1993, bajo el cínico nombre de Ley de Solidaridad Previsional, se hacía referencia a la insolvencia del sistema público y la imposibilidad para el Estado de garantizar el 82 por ciento móvil. Los privatistas prometían revertir el déficit crónico del sistema previsional, incrementar la cobertura y ampliar el mercado de capitales, objetivos que nunca se cumplieron.

La capitalización privada constituye un sistema de rapiña institucionalizado y la destrucción del tejido social solidario, que permitió a las AFJP dañar el futuro previsional de los argentinos. Las AFJP desfinanciaron al Estado, agravando el déficit fiscal y el posterior endeudamiento externo, y obtuvieron exorbitantes comisiones. Pero lo peor, no revirtieron la morosidad previsional, no ampliaron los aportes voluntarios, ni garantizaron la cobertura jubilatoria. ¿Acaso creíamos que apostar las jubilaciones en la Bolsa de Valores iba a garantizar el futuro de nuestros trabajadores?

Bastaría con indicar que casi tres cuartas partes de las personas en edad de jubilarse son indigentes para demostrar la falsedad de la capitalización y desigualdad privada. Este esquema funcionó por la captación compulsiva y engañosa de afiliados; y desde los inicios de las AFJP hasta 2001, el Estado dejó de recaudar 75.000 millones de dólares, al tiempo que se congelaron los haberes de los jubilados durante 10 años. En promedio, entre 1994 y 2006, se apropiaron de un tercio de los montos recaudados. En concepto de comisiones, las AFJP obtuvieron U$S 10.600 millones. Como sucedió con la privatización de los servicios públicos, la excepcionalidad de la Argentina neoliberal consistió en que se garantizó a los privados una tasa de rentabilidad extraordinaria inigualable en el mundo.

El saqueo del Estado desde los inicios del neoliberalismo no consistió en hacerlo desaparecer, sino en utilizar sus mínimas estructuras a favor de los sectores dominantes. Con las AFJP, se quebró el orden constitucional, y se desfinanció al Estado e incrementó la deuda pública. La Justicia investiga hoy diferentes fraudes cometidos por las AFJP: desde la venta a precios ínfimos de títulos de deuda pública, financiamiento a grandes empresas (compraventa de acciones) y desvío de operaciones en perjuicio de los ahorros jubilatorios; siendo todo ello violatorio del artículo 14 bis de la Constitución y de normas menores. Asimismo, como ocurre con los subsidios a los concesionarios privados de los trenes, las ganancias privadas las garantiza un Estado que se hace cargo de las cuentas mayores; en el caso de las AFJP, de los haberes que no alcanzaban el mínimo vital para sus jubilados, entre otros. Lo peor es que se eliminó el derecho al 82 por ciento móvil de los jubilados: los haberes apenas alcanzan a la mitad de los que obtenían en su época activa. Al pasar al sistema de reparto, los actuales jubilados privados cobrarán ahora mejores jubilaciones.

Por si fuera poco, las AFJP desfinanciaron al Estado. En lugar de destinar parte de sus fondos en la infraestructura básica del país, como la reconstrucción del sistema de transportes, los fondos de las AFJP (más del 50%) se utilizaron para comprar deuda del Estado y otros negocios financieros. La estafa encubierta se complejizaba, ya que el flujo de fondos previsionales hacia los privados agudizó el déficit fiscal y provocó el posterior endeudamiento público. ¿Resultaba razonable que los privados prestaran al Estado, con tasas usurarias, la misma plata que le quitaban?

Todo lo dicho debería servir de advertencia a quienes parecen haber hecho mal los cálculos que sustentan la idea del “robo de los ahorros”, porque se ha visto que los ahorros ya desaparecieron con las AFJP. Más allá de lo correcto de la medida, tenemos que llamar la atención por las dudas que genera su estatización. No sólo porque los mismos que aprobarán hoy el fin de las AFJP son los que aplaudieron su creación hace 15 años (los Parrilli, Gioja, Fellner, Balestrini, etc.), sino porque en medio de la crisis financiera, el Gobierno ha anunciado que honrará las fraudulentas deudas del país. Por ello, desde Proyecto Sur exigimos autonomía y autarquía para la Anses, la participación en su conducción de trabajadores, jubilados y el Estado. Proyecto Sur ya lo había dicho durante la campaña. También lo sostuvieron los jubilados en sus más de 800 marchas al Congreso: se puede terminar con el saqueo. La estatización de las AFJP es necesaria, porque con buenos controles, volver al sistema solidario de jubilaciones es un beneficio para el futuro de todos los argentinos.

* Referente de Proyecto Sur.