“Es cierto que varias de esas obras llevan muchos años de anunciadas, como la Central Térmica de Río Turbio, Atucha II y Yacyretá, pero algunas nunca fueron encaradas, otras fueron paralizadas, y ahora reanudadas por contar con financiamiento para su terminación.” Julio De Vido ensayó así la defensa oficial del plan de obras por 111.000 millones de pesos en un trienio que lanzó anteayer la Presidenta, como uno de los paliativos a la crisis. Uno de los cuestionamientos esbozados tras el anuncio es que no se trata de un listado de emprendimientos nuevos sino de una síntesis de obras ya en marcha, salvo algunas excepciones.

“Desde 2002 aumentamos 123 por ciento el presupuesto para infraestructura”, destacó el ministro de Planificación. Los 33.700 millones de pesos previstos en el Presupuesto 2009 para esa cartera serán reforzados con aportes de fuentes diversas, como el BID y el Banco Mundial, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y la Anses, que ya empezó a nutrir con recursos de los jubilados a los fondos fiduciarios que se utilizan para ampliar gasoductos o expandir la red de agua y cloacas de AYSA.

De Vido no participó del anuncio formulado en la quinta de Olivos por la Presidenta junto al secretario de Obras Públicas, José López. Fue este funcionario el encargado de explicar que del monto global de 111.000 millones de pesos, 71.000 millones tienen cobertura garantizada, mientras que los 40.000 restantes deben ser financiados. Esto, junto al hecho de que bajo el título de un nuevo plan se subsumieran muchos emprendimientos ya anunciados, dio lugar a críticas que De Vido respondió ayer. “Por primera vez en muchos años este plan tiene apalancamiento financiero y se encuentra enmarcado en un esquema de desarrollo estratégico elaborado por todas las provincias y el Estado nacional”, destacó.

Como era previsible, los empresarios del sector aplauden. Enrique Wagner, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, dio su respaldo a la iniciativa asegurando que serviría para generar 100.000 puestos de trabajo en los próximos seis meses. Justamente, el propósito enunciado por Cristina Fernández de Kirchner fue estimular la ocupación en el rubro, para llevarla de los algo más de 360.000 agentes actuales a más de 700.000.

Un punto central e incuestionable es que existe la vocación oficial de poner en marcha obras que no se habían iniciado a pesar de los anuncios y vigorizar las que se estaban ejecutando de un modo muy lento. Para eso se inyectarán fondos oficiales, que serán complementados por recursos privados en diversas formas, incluidos los fondos fiduciarios. Y ese dinero será prorrateado entre los distintos segmentos. A las obras energéticas se les añadirán la repavimentación de caminos, los puentes, hospitales, escuelas y viviendas.

El programa de obras pretende respetar las necesidades del interior. Por eso el listado fue confeccionado con la participación de las provincias, tal como se hizo otras veces en la historia reciente. La nota en esta ocasión es que las obras tratarán de fragmentarse de modo tal que su envergadura permita participar a las constructoras pymes del interior para democratizar la convocatoria. “No se trata de un simple enunciado de obras, sino de un programa de proyectos en ejecución y de otros a encarar, que ya cuenta con financiación por hasta 71.000 millones de pesos”, sentenció De Vido.

Otro dato distintivo es que regirá el “precio tope”, lo que impide presentar ofertas por encima de ese valor. El mecanismo fue probado en otros momentos, con resultados no del todo fructíferos, según empresarios del sector: si el límite impuesto por el Estado era bajo a juicio de los potenciales oferentes, la licitación quedaba desierta, lo que obligaba a realizar un nuevo llamado.