El ejército colombiano cometió un error, informó el ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Le pegó 20 tiros al auto de Edwin Legarda, un dirigente indígena de 28 años que viajaba a las cuatro de la mañana por la ruta, despacio, intentando ver algo entre la espesa neblina. “Se confundieron y desafortunadamente dispararon”, fue la explicación que dio el comandante militar de la zona para justificar el asesinato de un nuevo líder indígena. Pero los compañeros de Legarda y su esposa Aída Quilque, la presidenta del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), ya escucharon antes esa excusa. En los últimos tres meses, 16 dirigentes fueron asesinados, acribillados o desaparecidos. “Fue una nueva represalia del ejército y del gobierno contra el movimiento indígena por la marcha del mes pasado y por denunciar en el exterior los crímenes del Estado colombiano”, denunció el vocero de Quilque, Vicente Otero.

El vocero indígena conoce bien a Legarda. Es el chofer de las autoridades del CRIC y un amigo, aclaró. “Era un hombre tranquilo. Siempre estaba pendiente de si la gente que estaba con él viajaba cómoda. No es alguien que va a esquivar un puesto de control militar y salir a toda velocidad”, explicó a este diario Otero. Pero según el comandante de la Tercera División militar, el general Justo Eliseo Peña, eso fue exactamente lo que hizo ayer a la madrugada.

La versión oficial sostiene que Legarda conducía camino a la ciudad de Popayán, en el suroeste del país. A mitad de camino, a unos cinco kilómetros del pueblo Totoró, un grupo de militares le ordenó que detuviera la camioneta con vidrios semipolarizados. El chofer de la organización indígena, que había pasado por allí mil veces, desoyó la orden y apretó el acelerador hasta el fondo. Los militares lanzaron una lluvia de balas sobre la camioneta. Diecisiete cayeron sobre el vehículo y tres atravesaron el parabrisas y perforaron el pecho y el brazo del joven de 28 años.

El Ministerio de Defensa no se animó a respaldar la versión del ejército y pidió una investigación interna. “No hay suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos”, aseguró el ministro Santos en un comunicado. Hace un mes el mismo ministro había defendido al ejército en una controversia con las organizaciones de derechos humanos sobre un grupo de jóvenes que había desaparecido en Bogotá y aparecieron semanas después en la otra punta del país asesinados por los militares. El ejército, Santos y hasta el presidente Alvaro Uribe aseguraron que eran guerrilleros. La investigación de la Fiscalía General demostró que eran jóvenes pobres a los que se los habían llevado bajo falsas promesas de trabajo.

El caso de los llamados “falsos positivos” obligó a Uribe a hacer la purga más importante en las fuerzas armadas desde que asumió en 2002 y lo llevó a reconocer ante la ONU, también por primera vez, que miembros del Estado son responsables de violaciones a los derechos humanos.

A fines de octubre pasado más de 30 mil indígenas salieron a las rutas en todo el país para denunciar la represión del ejército. Desde que Uribe es presidente más de 1200 líderes indígenas fueron asesinados y más de 54 mil tuvieron que dejar sus tierras, acosados por el ejército, los paramilitares y las guerrillas.

En esas protestas el mundo conoció a Aída Quilque, la esposa del dirigente asesinado ayer. A pesar de no llegar a los 30 y de conservar una mirada casi aniñada, la líder indígena del violento departamento del Cauca transmitía con su voz una vida de lucha y sufrimiento. Con ella, la presidenta del CRIC, la organización que nuclea a los indígenas de esa región, arengó hace dos meses a más de 10 mil compañeros a salir a la ruta y caminar bajo el fulminante sol y la helada de la madrugada.

En el camino a Cali y luego a Bogotá se les sumaron otros 20 mil indígenas y campesinos de todo el país. El ejército, en otro error, les mató a cuatro compañeros una madrugada. Pero ellos llegaron a la capital y se hicieron ver. Forzaron al presidente Uribe a salir de su oficina, pero no lograron volver a sus casas con acuerdos concretos.

“Creo que el atentado era para mí”, le dijo Quilque a Otero al enterarse de la muerte de su esposo. Estaba yendo a buscarla cuando lo acribillaron los militares. La dirigente indígena acababa de llegar de Ginebra, donde había denunciado ante la ONU al gobierno de Uribe por crímenes de lesa humanidad contra los indígenas, pero también contra los sindicalistas, los campesinos y la oposición.

Anoche tres mil indígenas salieron a defender a su compañera. Acordonaron la finca privada donde hacen base los militares que mataron a Legarda. Los obligaron a desarmarse y llamaron a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo. “Esta vez queremos justicia y de verdad”, reclamó Otero.