Cinco meses pasaron desde que llegó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el proyecto de ley para impedir que accedan a un cargo público los involucrados en delitos de lesa humanidad. Y cinco veces se suspendió la reunión para tratarlo junto con las comisiones de Justicia y Derechos Humanos. Por eso, su impulsora, la diputada Victoria Donda, pedirá que sea tratado “sobre tablas”, es decir, sin que haya obtenido despacho de comisión. “Veremos si hay decisión política de debatirlo, no puede pasar el año sin que sea llevado al recinto. Todos se horrorizan cuando Luis Patti consigue una banca, hoy es la oportunidad de evitar que algo así vuelva a pasar”, dijo Donda a Página/12.

El tiempo transcurrido sin una ley que bloquee a los represores la posibilidad de ser candidatos fue capitalizado en este proyecto que resume varias de las ideas de propuestas anteriores: más allá de la modificación de la ley de Etica Pública, ataca el asunto de raíz proponiendo un cambio en el Código Electoral y en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Un grupo de organismos de derechos humanos firmó una solicitada pidiendo “el tratamiento urgente del proyecto de ley para inhabilitar a responsables de crímenes de lesa humanidad”. Suscripto por Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Herman@s e HIJOS Capital, el texto señala que el proyecto “refleja el consenso mayoritario para plasmar en una ley la resolución definitiva a la afrenta que significa para la joven democracia argentina que personas vinculadas con el terrorismo de Estado ocupen cargos públicos”. A criterio de estos organismos, “en contradicción con toda la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos, hoy en Argentina existe un vacío legal que permite que genocidas como Bussi y Patti intenten utilizar las instituciones democráticas como refugio y garantía de su impunidad”. Y enfatizaron que, con vistas al próximo año, que será electoral, “es imprescindible contar con esta herramienta legal contra la impunidad”.

Hasta ahora, el tratamiento parlamentario de la iniciativa podría ser la cronología de un fracaso. El 26 de marzo ingresó el proyecto por mesa de entradas de la Cámara y fue asignado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Derechos Humanos. Ya existían otras iniciativas de las diputadas Marcela Rodríguez y Silvana Giúdici y de Miguel Bonasso, entre otras. Un día después de la presentación del proyecto, Patti fue liberado y el revuelo facilitó que comenzara a ser tratado en Asuntos Constitucionales, donde se realizaron dos encuentros con el CELS, y fueron escuchados Rodolfo Mattarollo y Ricardo Gil Lavedra.

Pero a partir de junio esa comisión, que preside la diputada Graciela Camaño, no convocó a ninguna reunión. A mediados de octubre, organismos de derechos humanos enviaron una nota a Camaño, con copia al presidente del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, y al titular de la Cámara baja, Eduardo Fellner. Donda tuvo un intercambio de palabras con Camaño en el recinto y le informó que, si no activaba el tratamiento, haría pública esta parálisis. Las cinco reuniones siguientes de las comisiones asignadas no tuvieron quórum. “Cada vez que me avisan que se levantó una reunión, aumenta mi desaliento”, dijo Donda. “Seguramente, dentro de los bloques mayoritarios hay intereses contrapuestos, en el Frente para la Victoria nos acompañaron (Remo) Carlotto y (Gerónimo) Vargas Aignasse, en la Coalición Cívica la diputada (Marcela) Rodríguez, pero hay gente a la que realmente no parece interesarle fortalecer las instituciones de la democracia.” La diputada insistió: “Tenemos que sentir el mismo horror cuando Patti busca impunidad en una banca que por la cabeza del Poder Judicial de Formosa, integrada por jueces comprometidos con la dictadura”. También acompañaron esta iniciativa los diputados Eduardo Macaluse, Emilio García Méndez, Claudio Lozano, Ariel Basteiro y Cecilia Merchán.