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Desde el miércoles circulaban versiones de que la Presidenta haría ayer más anuncios vinculados con otorgar una suma para los trabajadores y beneficiarios de planes sociales. La versión fue desmentida por funcionarios del Gobierno consultados por Página/12. Pero una alta fuente de la Casa Rosada señaló que “puede haber algún otro anuncio antes de Navidad”.

Una de las versiones indicaba que iba a haber una suma fija por única vez para todos los trabajadores. La CGT de Hugo Moyano viene pidiendo desde hace tiempo esa medida e incluso le había puesto un número: 500 pesos. Luego, ante la negativa del Gobierno, enfriaron el reclamo, pero el brindis de fin de año del ex presidente Néstor Kirchner con la cúpula de la central sindical el miércoles por la noche reavivó la especulación.

Sin embargo, desde el Gobierno señalan que esa cifra no podrá ser absorbida por las pymes e incluso tendría un alto costo para las arcas oficiales, ya que, obviamente, la medida, de ser dispuesta, debe incluir a trabajadores estatales de la Nación, de las provincias y los municipios.

“No es el mejor momento, pero seguimos analizando y hablando con todos para ver si se puede dar algo así”, confió un funcionario a Página/12, con poco optimismo. De todos modos, si se logra el consenso al que se refería el funcionario, la suma fija sería de un monto inferior al que reclama la CGT. Hasta anoche, la definición parecía lejana.

Es más probable, en cambio, que sí haya alguna suma fija –como la que ya se anunció para jubilados y pensionados– destinada a los beneficiarios de planes sociales. De ser así, eso podría ser anunciado el martes próximo, víspera de Nochebuena.

Hasta ahora, el grueso de las medidas para incentivar el consumo y la producción, en un intento de mantener los niveles de actividad económica y de empleo, estaban destinado a mejorar la oferta.

La tendencia se dio vuelta con dos anuncios que impactan directamente en los bolsillos de los consumidores. Primero fue la decisión de abolir la tablita de José Luis Machinea, que limitaba las deducciones en el impuesto a las Ganancias y que ayer fue derogada por el Congreso. La medida implica un aumento considerable en el salario de bolsillo de los empleados que ganan más de siete mil pesos. Si bien el Estado dejará de percibir unos 1100 millones de pesos, el Gobierno especula que ese costo fiscal sea compensado en buena parte por un aumento de ingresos por IVA, en el supuesto de que la clase media beneficiada destine el dinero extra al consumo.

La segunda medida en esa línea fue destinada a la otra punta de la pirámide social: los jubilados, que en su gran mayoría cobran el haber mínimo. Para ellos fue una suma fija por única vez de 200 pesos, que inevitablemente tienen como único destino el consumo.