Las entidades rurales que integran la Comisión de Enlace difundieron ayer un comunicado donde reclaman la eliminación de las retenciones, la liberación de las exportaciones, el levantamiento de la prohibición de faenar animales livianos y la declaración del estado de desastre agropecuario nacional por la sequía. El texto se parece más a una declaración de principios que a un pliego de condiciones porque los ruralistas están convencidos de que el Gobierno no cumplirá con sus pedidos. De hecho, en el escrito lo acusan de “no escuchar al sector y sumirlo, por venganza, en una de sus peores crisis”. Sin embargo, evitaron convocar a una nueva protesta, pues consideran que no es el momento adecuado. La intención es esperar hasta marzo antes de tomar una decisión. Algunos incluso pronostican un debilitamiento oficial por la crisis internacional y los realineamientos políticos de cara a las próximas elecciones. Por lo tanto, no quieren quedar como desestabilizadores de un gobierno que, según su visión, verá licuado su poder de todos modos.

Los ruralistas dieron a conocer su declaración, donde también piden la suspensión de juicios y remates y la creación de un fondo especial para el pago de las contribuciones patronales en las zonas afectadas por la sequía, luego de cinco horas de reunión en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas. La conferencia de prensa estuvo a cargo de Mario Llambías, titular de CRA; Pablo Orsolini, vicepresidente de Federación Agraria; Alejandro Delfino, vice de Sociedad Rural; y Roberto Cerutti, director de Coninagro. Más temprano también habían estado Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural, y Alfredo De Angeli, el máximo referente de la última protesta.

El panorama descripto por los empresarios es desolador. “La pérdida de rentabilidad de nuestras actividades provoca en la actualidad, el corte casi total en la cadena de pagos del interior del país, la desaparición de miles de productores y la destrucción del tejido social”, dice el comunicado. Sin embargo, al ser consultados sobre la posibilidad de impulsar otra protesta, evitaron definiciones. “Como decía el general Perón, todo en su medida y armoniosamente”, aseguró Llambías, quien paradójicamente coquetea con los radicales para ser candidato en octubre. “Vamos a seguir con las asambleas, discutiendo nuestros problemas, pero la decisión es no tomar ninguna medida por sesenta días”, agregó Orsolini. Este dirigente sostuvo también que no descartan la utilización del corte de ruta más adelante, pero aseguró que antes agotarán las otras vías de reclamo.

Los dirigentes rurales afirman que están haciendo grandes esfuerzos para contener a los productores quienes supuestamente presionan para que se lleven adelante nuevas medidas de fuerza, pero en privado reconocen un escenario diferente. La decisión es postergar las protestas hasta marzo porque consideran que ahora los chacareros no respaldarían masivamente una medida de fuerza y no quieren quedar en off side como les ocurrió en octubre cuando intentaron reeditar, sin éxito, el lockout que los llevó al estrellato entre marzo y julio. Además, algunos ruralistas creen que el nuevo contexto que surgió luego del estallido de la crisis financiera internacional y los realineamientos políticos de cara a las próximas elecciones condicionarán al Gobierno, que incluso podría verse forzado a aceptar un cambio en la política agropecuaria sin que haya necesidad de presionarlo nuevamente desde las rutas.

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